TEEM – Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TEEM

Alma Rosa

Agradezco la confianza depositada en mi persona para presidir el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, concebido como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local, responsabilidad que asumo con plena conciencia y compromiso, en el nada fácil reto que significa estar al frente de esta institución, tanto al interior con cada una y cada uno de sus colaboradores, como en su importante función social de garantizar la gobernanza, sustentada en la resolución de aquellos conflictos de participación ciudadana  en condiciones de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima objetividad.

Desde el inicio de sus actividades, el Tribunal de Michoacán en no pocas ocasiones ha sido referente nacional en la materia electoral y sobre todo, en sus criterios de protección a los derechos político-electorales de la ciudadanía, de ahí la importancia de continuar con el gran trabajo y compromiso que las diversas integraciones, incluyendo la actual, hemos puesto en nuestra función de impartir justicia electoral, con renovado esfuerzo y con todas nuestras capacidades, con lo cual, destaco que no me refiero solamente a las titulares y al titular de las Magistraturas, sino a todas y todos los que contribuimos con nuestras labores al servicio de este Tribunal, que permiten a este Pleno, y a toda la institución, que realicemos nuestra importante función.

En la víspera del inicio del proceso electoral en el Estado de Michoacán 2023-2024, el cual se trata de un proceso intermedio en el que las michoacanas y los michoacanos habremos de renovar las 40 diputaciones locales en su integración por la vía de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de 112, de los 113 ayuntamientos que habrán de renovarse mediante una elección constitucional, la autoridad jurisdiccional, representada por nuestro Tribunal, asumirá el compromiso de brindar a la ciudadanía la vía institucional para dirimir los posibles conflictos en los procesos de participación ciudadana de refrendo de la confianza o del cambio de sus representantes populares, en plena libertad.

Esto, ya que tal derecho constituye uno de los más grandes baluartes de un sistema democrático, por lo cual resulta relevante nuestra actualización constante en los criterios y jurisprudencias más recientes y relevantes de la función jurisdiccional con perspectiva de género, intercultural y de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales para maximizar los derechos político-electorales de las y los michoacanos, así como dar puntual y ágil atención y resolución a todas aquellas denuncias que vía procedimiento especial sancionador recibamos sobre los posibles casos de violencia política en contra las mujeres por razón de género.

Para el fortalecimiento institucional se buscará promover o fortalecer los convenios con las instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar la inclusión de este órgano jurisdiccional en las tecnologías de la información, la tramitación de los medios de impugnación en línea y la comunicación para hacer más eficientes los servicios que brinda.

Por último y ante la inminencia de una reforma electoral nacional que impacte en la normativa michoacana, debemos continuar destacando la importancia de la permanencia de los Tribunales Electorales Locales, que además de reconocer el ámbito de competencia local sustentado en un federalismo colaborativo, continúe brindando las bondades de que cada Estado cuente con sus propias autoridades locales y sus conflictos sean atendidos y resueltos de conformidad con los contextos particulares de cada entidad, así como de sumarnos a los trabajos legislativos del Congreso del Estado, resaltando las ventajas de la justicia electoral local y sobre todo, de los resultados que se han aportado a las distintas reformas político-electorales, mismas que se han traducido en más y mejores derechos político-electorales para todas y todos, en el fortalecimiento del sistema democrático, la salvaguarda y el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

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