Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe

La función jurisdiccional en materia electoral no se limita a resolver controversias; implica garantizar derechos, proteger la voluntad ciudadana y fortalecer las instituciones que sostienen el Estado constitucional y democrático de derecho.

Bajo esa convicción, en este periodo la presidencia se regirá por ocho ejes de acción institucional, orientados a consolidar un Tribunal cercano, transparente, autónomo y comprometido con la dignidad de las personas.

1. Acceso a una justicia electoral accesible, integral e incluyente

• Garantizar que las personas no solo puedan acudir al Tribunal, sino que sus derechos sean protegidos mediante procesos efectivos.
• Favorecer la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, en cumplimiento del artículo 17 constitucional.

2. Sentencias con perspectiva ciudadana y pro persona

• Fortalecer la función jurisdiccional con enfoque incluyente y sensible a las circunstancias particulares.
• Incorporar medidas de equidad, ajustes razonables y eliminación de estereotipos o prejuicios.
• Consolidar un modelo de justicia con enfoque en derechos humanos.

3. Certeza en los procesos electivos

• Garantizar que los procesos electorales sean transparentes, justos y equitativos.
• Proteger los derechos político-electorales de ciudadanía, partidos, candidaturas independientes y judiciales.
• Afirmar la democracia sustancial como base del Estado democrático.

4. Defensa de la institucionalidad y autonomía del Tribunal Electoral

• Preservar la independencia institucional como elemento esencial de la democracia.
• Reforzar la legitimidad del Tribunal como garante de la paz social y los derechos de las personas.
• Afirmar el compromiso ético e institucional con el Estado constitucional de derecho.

5. Ética, transparencia y rendición de cuentas

• Ejercer la función pública con integridad y responsabilidad.
• Promover una cultura de valores, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
• Reiterar la apertura institucional (“cuentas claras y puertas abiertas”).

6. Promoción y garantía de los derechos humanos y político-electorales

• Colocar la dignidad humana como eje rector de la justicia.
• Fortalecer la participación ciudadana, el pluralismo y la democracia sustancial.
• Respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como pilares democráticos.

7. Construcción de una cultura de derechos y de legalidad

• Promover la difusión del conocimiento jurídico y de los derechos de las personas.
• Impulsar la corresponsabilidad institucional en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.
• Fomentar el derecho a la información y la transparencia judicial.

8. Compromiso con la paz social y la democracia sustantiva

• Afirmar el papel del Tribunal como faro de certeza y paz social.
• Reconocer que cada resolución tiene impacto en la legitimidad democrática y en la dignidad de las personas.
• Mantener una relación constante y abierta con la ciudadanía michoacana.