JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-085/2026

PARTE ACTORA: [No.21]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_actora_[2]

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO DE [No.22]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], MICHOACÁN Y OTROS

MAGISTRADA: ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA: ENYA SINEAD SEPÚLVEDA GUERRERO

COLABORACIÓN: EMILIO RICARDO RINCÓN MIRANDA

Morelia, Michoacán, a uno de octubre de dos mil veintiséis^[1].

Sentencia mediante la que: i) Se tiene por acreditada la vulneración al derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo de la actora, en su carácter de [No.1]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento de [No.2]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán; ii) Se conmina al Tesorero y al Director de obras de dicho gobierno municipal para que, en lo sucesivo, atiendan oportunamente las solicitudes de información presentadas por la actora; iii) Se ordena a las autoridades responsables cumplir con los efectos precisados; y, iv) Ordena la remisión de la presente sentencia, así como la elaboración de la versión pública de la sentencia.

GLOSARIO 2

I. ANTECEDENTES 2

II. TRÁMITE 3

III. COMPETENCIA 4

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 5

V. PROCEDENCIA 5

VI. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES 6

VII. MANIFESTACIONES DE LA PARTE ACTORA 7

VIII. AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 9

IX. ESTUDIO DE FONDO 10

9.1. Marco normativo 10

9.2. Análisis de agravios 15

a) Falta de fundamentación y motivación suficiente en la respuesta del Secretario del Ayuntamiento 16

b) Violación a su derecho de petición y acceso a la información 18

c) Vulneración al derecho de ejercer el cargo en condiciones de igualdad 30

X. EFECTOS 31

XI. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL Y SOLICITUD DE VISTA 33

XII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 35

XII. RESOLUTIVOS 35

GLOSARIO

actora o parte actora:	[No.3]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_actora_[2], en su calidad de [No.4]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento de [No.5]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
autoridades responsables:	Secretario, Tesorero y Director de obras, todos del Gobierno municipal de [No.6]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
Ayuntamiento:	Ayuntamiento de [No.7]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
Código Electoral:	Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Director de obras:	Director de obras Públicas del Gobierno municipal de [No.8]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
Gobierno municipal:	Gobierno municipal de [No.9]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
IEM:	Instituto Electoral de Michoacán.
ISR:	Impuesto sobre la Renta.
juicio de la ciudadanía:	Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
Ley de Justicia Electoral:	Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley Orgánica Municipal:	Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
órgano jurisdiccional o Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Estado.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sala Toluca:	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.
Suprema Corte o SCJN:	Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tesorero:	Tesorero del Gobierno municipal de [No.10]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.
VPMG:	Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

I. ANTECEDENTES

1.1. Inicio de funciones. El uno de septiembre de dos mil veinticuatro, la actora inició funciones como [No.11]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento.

1.2. Solicitudes de información. El diez y doce de febrero; trece y diecisiete de marzo, catorce de abril; dieciocho, veintidós y veintiséis de mayo; dieciocho y veinticinco de junio; siete y treinta de julio la actora realizó diversas solicitudes de información a las autoridades responsables.

1.3. Solicitud de participación. El diez de agosto, la actora presentó un escrito solicitando participar con el uso de la voz en la sesión solemne del Informe del Presidente del Gobierno municipal.

1.4. Respuesta a participación. El once de agosto, el Secretario del Ayuntamiento respondió determinando improcedente su solicitud de participación en el informe; derivado de esto, la actora presentó el trece siguiente un nuevo escrito de manifestaciones, el cual fue contestado el mismo día ratificándose la negativa.

1.5. Nueva solicitud de información. En la misma fecha, la parte actora remitió un oficio solicitando diversa documentación relacionada con estados financieros y documentación contable.

1.6. Informe Anual del Gobierno municipal. El catorce de agosto, se celebró la Sesión Solemne de Cabildo en la que se llevó a cabo el Informe Anual.

1.7. Presentación del juicio de la ciudadanía. El diecisiete siguiente, la actora presentó escrito de demanda ante este órgano jurisdiccional, en contra de las autoridades responsables^[2].

II. TRÁMITE

2.1. Recepción y turno a ponencia. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral acordó integrar el expediente y turnarlo a la Ponencia a cargo de la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, para los efectos correspondientes^[3].

2.2. Radicación y requerimiento de trámite de ley. El dieciocho siguiente, se radicó el juicio de la ciudadanía y se requirió a las autoridades responsables para que realizaran el trámite de ley^[4].

2.3. Cumplimiento de requerimiento y certificación. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto, se tuvo a las autoridades responsables cumpliendo con dicho trámite y se ordenó la certificación de la prueba técnica aportada^[5].

2.4. Vista a la actora. El dos de septiembre, se ordenó dar vista a la actora con la documentación aportada por las autoridades responsables, a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera^[6].

2.5. Recepción de manifestaciones y preclusión de la vista. El ocho de septiembre, se tuvo a la parte actora realizando diversas manifestaciones que fueron reservadas para el momento procesal oportuno y al no haber realizado manifestaciones en relación con la vista que le fue concedida, se le tuvo por precluido su derecho^[7].

2.6. Recepción y requerimientos. Mediante acuerdo de once de septiembre^[8], se recibió contestación a la vista que le fuera formulada a la actora reservándose su contenido y se requirió al Secretario del Ayuntamiento, así como a la Encargada de Despacho del IEM diversa información, lo que se tuvo por cumplido el diecisiete siguiente^[9].

2.7. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió a trámite el juicio de la ciudadanía^[10] y al no existir diligencia pendiente por desahogar se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de dictar sentencia^[11].

III. COMPETENCIA

Este Tribunal Electoral cuenta con competencia para conocer y resolver el presente medio de impugnación, ya que se trata de un juicio de la ciudadanía promovido por una ciudadana, en su carácter de [No.12]_ELIMINADO_Cargo_[395], quien aduce de las autoridades responsables la vulneración a su derecho a ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo.

Lo anterior, conforme a los artículos 98 A, de la Constitución Local; 60, 64, fracción XIII, y 66, fracciones II y III del Código Electoral; 4, fracción II, inciso d); 73, 74, inciso c) y 76, fracción V, de la Ley de Justicia Electoral.

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y de estudio preferente, por ello deben ser examinadas incluso de oficio si en el caso se actualiza alguna, pues de resultar fundada, haría innecesario analizar el fondo de la cuestión planteada^[12].

En el caso concreto, la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado no señala causales de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte la actualización de alguna.

V. PROCEDENCIA

El presente juicio de la ciudadanía reúne los requisitos de procedencia previstos^[13], conforme a lo siguiente:

5.1. Oportunidad. Se estima que la presentación de la demanda es oportuna, ya que se impugna:

• La respuesta a su solicitud de nueve de agosto de participar en el informe de labores del Gobierno municipal, misma que se le notificó el once siguiente, por lo cual, si la demanda se presentó el diecisiete de agosto es incuestionable que se encuentra dentro del plazo de cinco días concedidos para impugnarla^[14].
• Diversas omisiones de las autoridades responsables de proporcionar la información y documentación solicitada por la actora, así como la obstaculización material y continuada del ejercicio de sus atribuciones, mismas que son de tracto sucesivo, es decir, que se actualizan cada día que transcurre^[15].

5.2. Forma. Se satisface, debido a que la demanda se presentó por escrito y se precisó el nombre, firma y carácter con que comparece la actora y el domicilio para recibir notificaciones; se identificó el acto impugnado y a las autoridades responsables; se expusieron los hechos en los que se basa la impugnación, los agravios y preceptos presuntamente violados y se ofrecieron pruebas.

5.3. Legitimación e Interés Jurídico. El juicio de la ciudadanía fue promovido por parte legítima, pues se trata de una ciudadana en calidad de integrante del Ayuntamiento, quien acude en defensa de su derecho político-electoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo, por lo que se considera que también cuenta con interés jurídico para acudir ante este Tribunal Electoral^[16].

5.4. Definitividad. Se tiene por cumplido, ya que no existe medio de defensa que la actora deba agotar previo a acudir a esta instancia.

VI. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES

La parte actora refiere los siguientes actos y omisiones atribuidos a las autoridades responsables:

Presidente municipal	Relacionados con la falta de atención a sus solicitudes de información y la obstaculización del ejercicio de su cargo
Secretario	Por la emisión de la respuesta mediante la cual se determinó que no podía intervenir en la sesión solemne del informe de labores
Tesorero	Omisión de dar respuesta a sus solicitudes de información
Director de obras	Omisión de dar respuesta a sus solicitudes de información

Al respecto, no pasa inadvertido que la actora no reclama un acto u omisión específico respecto del Presidente municipal, sino que realiza su reclamo de forma genérica, por lo que en el presente juicio de la ciudadanía se tenderán como autoridades responsables al Secretario, Tesorero y Director de obras.

Lo anterior, sin que pase inadvertido la obligación que tiene de planear, programar, presupuestar, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las dependencias, entidades y unidades administrativas del Gobierno municipal^[17].

VII. MANIFESTACIONES DE LA PARTE ACTORA

Como se advierte de las constancias del expediente, la actora acudió el siete de septiembre a manifestar que no había recibido notificación alguna respecto de las constancias de cumplimiento del trámite de ley que debían remitir las autoridades responsables, por lo que solicitó a la Magistrada instructora que verificara el estado procesal del requerimiento y en su caso determinara lo conducente, en el sentido de hacer efectivos los apercibimientos decretados y darle la vista correspondiente.

De la misma manera, compareció para hacer del conocimiento de este Tribunal Electoral un hecho relevante directamente relacionado con la problemática de obstaculización del ejercicio del cargo para que fuera valorado de manera conjunta, integral y contextual con los hechos que fueron planteados en su demanda.

Así, narró diversos hechos que se suscitaron en la sesión de ocho de agosto y remitió prueba técnica para acreditar la presencia de un ciudadano en la sesión y la intervención de elementos de Seguridad Pública, circunstancias que produjeron su retiro y su reacción.

Dichas documentales privadas no fueron admitidas en el presente juicio de la ciudadanía, ni pueden ser tomadas en cuenta en esta sentencia, debido a que los hechos que narra la actora ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda y la parte actora no manifiesta motivos por los cuales justifique que no los haya podido hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional al momento de su presentación.

Por otra parte, este órgano jurisdiccional no advierte relación entre la demanda y los hechos narrados en dicha promoción.

Por lo que respecta a las manifestaciones de que no había recibido notificación del trámite de ley, tampoco pueden ser tomadas en cuenta, ya que obra en el expediente la razón de notificación personal vía correo electrónico realizada por personal de este Tribunal Electoral, del acuerdo de dos de septiembre donde precisamente se dio vista a la actora con las constancias recibidas por las autoridades responsables^[18].

Dicha notificación electrónica se considera practicada adecuadamente, ya que se envió el tres de septiembre al correo electrónico proporcionado por la parte actora; se escribió en el asunto del correo “TEEM-JDC-085/2026. Se notifica acuerdo de vista a la parte actora”; se adjuntó un archivo denominado “TEEM-JDC-085/2026. VISTA A LA PARTE ACTORA” en formato PDF; el correo contiene la cédula de notificación personal vía correo electrónico; y, surtió sus efectos legales, al haberse generado la constancia de envío (verificación de correo enviado)^[19].

Respecto de ello, cabe destacar que las partes son responsables, en todo momento, de revisar el correo electrónico proporcionado para darse por enterados de las notificaciones correspondientes y que, las personas actuarias cuentan con fe pública respecto de las diligencias y notificaciones que practiquen en los expedientes que les son turnados^[20].

Adicional a lo anterior, cabe destacar que ambas promociones fueron presentadas por quien se ostenta como asesor jurídico de la actora, sin que de ellas se desprenda motivo o justificación alguna sobre las razones por las que no hayan sido presentadas por ella.

No obstante, esta decisión no causa perjuicio a la parte actora, ya que, en el caso, lo que la actora pretende demostrar es que a la fecha de la presentación de su demanda se han suscitado diversos hechos que a su juicio vulneran su derecho político-electoral a ser votada en el ejercicio del cargo.

Además de que este órgano jurisdiccional debe incluir cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos durante la integración de la litis y no únicamente algún aspecto concreto, en apoyo de sus pretensiones, pues solo ese proceder garantiza el cumplimiento al principio de exhaustividad en las resoluciones^[21].

VIII. AGRAVIOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO

En el presente caso, la parte actora se agravia de que se vulneró su derecho político-electoral a ser votada en el ejercicio el cargo.

Señala que su función no es meramente representativa, sino que la legislación municipal le confiere atribuciones específicas que debe ejercer en beneficio del Ayuntamiento y de la ciudadanía, mismas que para poder cumplir necesita tener acceso a la información y a documentación relacionada con finanzas, patrimonio y obras municipales.

Que ha presentado diversos oficios al Tesorero relacionados con la hacienda pública, de los cuales no ha recibido respuesta de fondo, lo que la coloca en una posición material de imposibilidad para ejercer plenamente sus atribuciones y le impide realizar adecuadamente las funciones de vigilancia que tiene encomendadas.

Asimismo, ha presentado diversos oficios al Director de obras, de los cuales no ha obtenido respuesta, lo que resulta particularmente grave al estar directamente relacionado con las funciones de su área, por lo que necesita contar con información objetiva, completa y verificable.

La omisión de estos funcionarios de responderle dichos oficios debe analizarse en conjunto con otros actos que ha enfrentado en el ejercicio de su cargo.

Respecto del informe anual del Gobierno municipal, solicitó que una vez que se concluyera con la intervención del Presidente municipal, se le permitiera formular consideraciones, precisiones y observaciones, no obstante, el Secretario declaró improcedente su solicitud.

Ahora, sostiene que la sesión solemne del informe ya se materializó, sin embargo, acude ante este órgano jurisdiccional a pedir que se impida una conducta futura, denunciar y controvertir esta obstaculización y los efectos sobre el ejercicio de su cargo.

Lo anterior, ya que, desde su punto de vista, la afectación continúa al ser parte de un contexto más amplio en el que se le ha impedido ejercer plenamente sus atribuciones y continúa produciéndose.

En resumen, como se refirió previamente, la actora impugna en esencia tres cuestiones:

1. La respuesta a su solicitud de participar en el informe de labores del Gobierno municipal;
2. Diversas omisiones de las autoridades responsables, concretamente del Tesorero y del Director de obras de proporcionar la información y documentación solicitada; y,
3. La obstaculización material y continuada del ejercicio de sus atribuciones, misma que, incluso puede constituir VPMG.

Razones por las que solicita ordenar las medidas de reparación y no repetición que resulten procedentes y, en caso de advertir que existan elementos constitutivos de VPMG, dar vista al IEM respecto de los hechos.

Para ello, menciona como agravios:

1. Falta de fundamentación y motivación suficiente en la respuesta del Secretario del Ayuntamiento,
2. Violación a su derecho de petición y acceso a la información; y,
3. Vulneración al derecho de ejercer el cargo en condiciones de igualdad.

Tomando en consideración que el orden y la forma en la que se aborde el estudio de los motivos de los agravios no ocasiona perjuicio a la parte actora^[22], se analizarán primero los agravios identificados como a) y b) y posteriormente, el inicio c) al considerar que, a partir de lo reseñado por la actora, para actualizarse requiere que se acrediten las primeras acciones como hechos generadores^[23].

IX. ESTUDIO DE FONDO

9.1. Marco normativo

Derecho de ejercicio del cargo

Conforme a la línea interpretativa y jurisprudencial de la Sala Superior, el derecho a ser votado^[24] no se limita a la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular en un proceso electoral, sino también incluye el que pueda, de resultar electo o electa, ocupar dicho cargo y mantenerse en él, así como el ejercicio y disfrute de los derechos inherentes al mismo.

Lo anterior, se traduce en que el derecho a ser votado debe ser garantizado, a fin de que el cargo obtenido sea efectivamente asumido y que, durante el transcurso de este, no se impida, obstaculice o dificulte su adecuado ejercicio^[25].

Derecho a la información

El derecho de acceso a la información se encuentra tutelado en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Federal y 8 de la Constitución local, así como en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Suprema Corte ha determinado que el derecho a la información comprende las siguientes garantías^[26]:

1. El derecho a informar (difundir).
2. El derecho de acceso a la información (buscar).
3. El derecho a ser informado (recibir).

Asimismo, señala que el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Concluye que el derecho a ser informado garantiza que todos los miembros de la sociedad reciban libremente información plural y oportuna que les permita ejercer plenamente sus derechos.

La Sala Superior ha desarrollado una doctrina de interpretación del derecho de acceso a la información, siempre que se vincule con el ejercicio de un derecho político-electoral, por ejemplo, de votar, ser votado, asociación y afiliación^[27].

Conforme a lo anterior, cuando la conducta se relaciona con la obtención de la información necesaria para el ejercicio del cargo, el supuesto que habilita la intervención jurisdiccional electoral será la violación a ese derecho político-electoral, por lo que el análisis del supuesto fáctico deberá ocuparse de la existencia del vínculo entre la información materia de la disputa y las atribuciones legalmente conferidas a la persona servidora pública electa, para determinar, a partir de esa relación de causalidad, la reparación de la violación al derecho político-electoral de que se trate^[28].

En ese sentido, el derecho a ser votada incluye la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer el poder público que le fue conferido, adicionalmente, se encuentra reforzado cuando cuente con el carácter de representante popular, dado que, en el desempeño de esa función, goza de una serie de facultades, entre ellas, la de requerir la información necesaria para poder opinar o actuar en la gestión pública, dentro del marco de sus atribuciones^[29].

En tal virtud, si a la determinada representante popular, como en el caso, a la parte actora, le es negada la información necesaria para cumplir con la encomienda obtenida mediante el sufragio, corresponde a este Tribunal Electoral determinar si con ello se vulneró o no su derecho político a ser votada, en específico en la vertiente del desempeño del cargo^[30].

Facultades de la [No.13]_ELIMINADO_Cargo_[395]

Los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal y 17, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal establecen que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, el número de regidurías que la ley determine [No.14]_ELIMINADO_Referencias_al_cargo_[422].

En cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento como órgano colegiado, el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal establece que para estudiar, examinar y resolver los problemas municipales y vigilar que se ajusten a las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones colegiadas entre sus integrantes; asimismo, refiere que para dar cumplimiento con lo mandatado en el citado artículo, es necesario que cuenten con la información que les sea necesaria, misma que podrán solicitar tanto a los servidores municipales, responsables de las áreas de su vinculación, como al Presidente, de manera directa.

Además, respecto de las atribuciones de la [No.15]_ELIMINADO_Cargo_[395], previstas en el artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal, entre otras, se establecen las de coordinar la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal y vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos; revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos y los estados financieros municipales; y, vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la ley y con los planes y programas establecidos.

Informe de labores

En relación con las obligaciones impuestas a los Ayuntamientos^[31], la ley dispone que estos tienen que rendir un informe anual en la primera quincena del mes de agosto, en sesión pública y solemne en la cual se hará del conocimiento de la ciudadanía el estado general que guarda la administración pública municipal respectiva.

Tal informe se encuentra a cargo de la presidencia del Ayuntamiento, quien conforme al artículo 64, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal, tiene la atribución de informar anualmente a la población, en sesión pública y solemne del Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes de agosto^[32], sobre el estado general que guarde la administración pública municipal, del avance del plan municipal de desarrollo y sus programas operativos; después de leído el informe podrá hacer uso de la palabra una regidora o regidor representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, a efecto de comentar sobre el informe de labores.

Fundamentación y motivación

Por fundamentación debe entenderse al señalamiento del precepto legal aplicable al caso concreto, mientras que, por motivación, a las circunstancias especiales o razones particulares que fueron consideradas para arribar a la conclusión de que el caso que se analiza encuadra o actualiza la hipótesis normativa adoptada como fundamento de su actuar^[33].

Esto es, la garantía de fundamentación y motivación radica en advertir todas las disposiciones legales que sean consideradas idóneas y, de manera razonada, plantear los argumentos que sustenten su proceder.

Por otra parte, la indebida fundamentación existirá cuando la autoridad responsable invoque alguna norma no aplicable al caso concreto o cuando las características particulares no actualizan su adecuación a la prescripción normativa; mientras que la indebida motivación será cuando la autoridad responsable sí exprese las razones que tuvo en consideración para tomar determinada decisión, pero sean discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable al caso^[34].

Juzgar con perspectiva de género

La actora aduce que con la omisión que controvierte se vulneran sus derechos político-electorales, en la vertiente del ejercicio del cargo para el cual fue electa en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación de la mujer en la vida política y pública, por lo que el análisis de esta controversia se efectuará utilizando la perspectiva de género, metodología que reconoce la situación de desventaja en la cual las mujeres se han encontrado, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en relación con la posición y rol que debieran asumir^[35].

En ese sentido, al juzgar se deben considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad de las mujeres. Esto impone cuestionar prejuicios o estereotipos, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen la discriminación —pobreza, barreras culturales o lingüísticas—^[36]. Así también, supone en términos generales, que quienes juzgan deben remediar oficiosamente, potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las mujeres^[37].

9.2. Análisis de agravios

De un estudio integral de la demanda, se advierte que la actora hace valer que las autoridades responsables no le permitieron participar en la sesión solemne del informe, así como que fueron omisas en dar respuesta a sus solicitudes de información, por lo que considera que se ha obstruido el ejercicio de su cargo.

En autos se encuentra acreditado que el diez de agosto, la parte actora solicitó participar en el informe, así como que de febrero a mayo giró varios oficios al Tesorero y al Director de obras.

Actos a los que se les concede valor probatorio pleno, ya que obran en el expediente las copias certificadas de las documentales públicas emitidas por funcionarios del Gobierno municipal en ejercicio de sus funciones^[38], así como porque mediante actas de verificación se certificaron las pruebas técnicas ofrecidas por las autoridades responsables respecto de los anexos enviados vía digital^[39], mismas que adminiculadas generan convicción sobre su veracidad.

Previo a analizar el fondo, este órgano jurisdiccional considera que la información requerida por la actora se encuentra relacionada con las atribuciones y derechos inherentes al cargo que actualmente desempeña, de conformidad con lo previsto en el artículo 68, fracciones V, VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal, ya que se vincula con el ejercicio de su función de vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones aplicables y con los planes y programas municipales, participar en la supervisión de los estados financieros y patrimoniales del municipio y de la situación, en general, del Ayuntamiento.

a) Falta de fundamentación y motivación suficiente en la respuesta del Secretario del Ayuntamiento

Respecto de este agravio, en autos se encuentra acreditado que la actora solicitó que, para el catorce de agosto, una vez concluida la lectura del informe, se le permitiera hacer uso de la voz para formular las consideraciones, precisiones y observaciones que en ejercicio de su cargo estimara pertinentes^[40].

Cabe precisar que, si bien, el oficio fue dirigido al Presidente municipal y a las regidurías integrantes del Ayuntamiento, únicamente fue recibido por la oficina del Secretario, quien posteriormente emitió la respuesta correspondiente.

Cabe destacar que, desde dicho momento, la parte actora reconoció que conforme al artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica Municipal contempla expresamente la participación de una regidora o regidor representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos, no obstante, argumentó que dicha disposición no debe de entenderse como una prohibición absoluta para que pudiera participar.

Lo anterior, ya que adujo que su intervención tendría como finalidad exclusiva formular consideraciones, precisiones y observaciones relacionadas con el contenido del informe y las materias que se encuentren vinculadas con sus atribuciones legales.

Solicitud que fue calificada por el Secretario del Ayuntamiento como notoriamente improcedente, por estar fuera de la norma legal y el protocolo de intervención para la sesión de que se trata, informándose a la actora que el artículo de la Ley Orgánica Municipal es muy específico y claro en establecer el orden y desarrollo que debe prevalecer en la sesión solemne del informe anual^[41].

De igual forma, se le respondió que el Ayuntamiento no se encuentra facultado para realizar una interpretación de la ley, sin embargo, se dejaron a salvo sus derechos.

De manera posterior, la parte actora realizó escrito de manifestaciones en el que aclaró que no desconocía, ni pretendía controvertir lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal; que, si bien reconoce expresamente la participación específica de las regidurías, eso no significa que exista prohibición absoluta para que la [No.16]_ELIMINADO_Cargo_[395] pueda ejercer las facultades inherentes a su cargo durante la sesión del informe, por lo que solicitó que el Ayuntamiento motivara jurídicamente la restricción que se le pretendía imponer y reconsiderara la respuesta^[42].

A lo cual, nuevamente se le respondió que la improcedencia de su participación no implicaba el desconocerle atribuciones de su cargo, sin embargo, existe una distinción entre el derecho general de la voz y el turno específico para comentar el informe, por lo que dicha sesión solemne se sujetaría al mecanismo expresamente establecido^[43].

Se expresó que tal cuestión no implica que la parte actora deje de cumplir con sus atribuciones, por lo que cualquier observación o asunto relacionado con sus atribuciones mediante los mecanismos legalmente procedentes y planteado en las sesiones que corresponda a la deliberación del Ayuntamiento, así como que si lo considera, podría convocar a conferencia de prensa para informar sobre sus facultades dentro de la administración, para lo cual se le otorgarían todas las facilidades y apoyos necesarios.

El agravio es infundado porque contrario a lo sostenido por la actora, sí se realizó un análisis de su planteamiento, consistente en su intención de participar en la sesión solemne, no obstante, se consideró que, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, la facultad de poder hacer uso de la palabra para comentar sobre el informe corresponde a una regiduría representante de cada una de las fracciones de los partidos políticos del Ayuntamiento.

Asimismo, se contrastó su participación con la facultad que tiene de acudir con derecho a voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento, no obstante, se estimó que la sesión solemne tiene una regulación específica, por lo que se señaló que, si bien estos artículos no se contraponen, tienen un ámbito de aplicación distinto, siendo la del informe, una sesión especial.

Así, se estima que el Secretario del Ayuntamiento fue exhaustivo en mencionar los elementos fácticos y jurídicos que le llevaron a desestimar su solicitud, al considerar que el diseño de la sesión solemne era diverso a las demás sesiones de Cabildo, por lo cual no podría permitirse su participación.

Por otra parte, la actora manifiesta de manera genérica que, en el oficio impugnado no se señalaron los motivos y las razones para negarle su participación, ni se realizó una armonización del contenido de los artículos 64, fracción VI con el 67 de la Ley Orgánica Municipal, no obstante, no menciona cuáles en específico, desde su óptica, son los argumentos que debieron tomarse en cuenta para considerar que sí debía participar o por qué no son aplicables al caso concreto los fundamentos enlistados, es decir, incumple con la carga argumentativa que en este caso le corresponde.

b) Violación a su derecho de petición y acceso a la información

En relación con este agravio, se advierte que la actora hace valer que las autoridades responsables fueron omisas en dar respuesta a sus solicitudes de información, lo que repercute en el ejercicio de su cargo, concretamente en la atribución de coordinar la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio y vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos.

Ahora bien, para tener por vulnerado su derecho político-electoral, es necesario evidenciar que existieron dichas solicitudes de información y que estas se encuentran vinculadas al desempeño efectivo del cargo de quien aduce la omisión, así como el incumplimiento de las responsables, ya que solo de esta manera sería factible advertir la posible transgresión o no del referido derecho^[44].

En la demanda, como pruebas para este agravio la actora remite las siguientes constancias:

Cvo.	Oficio y fecha	Destinatario	Solicitud
1.	0066/02/2026 10 de febrero de 2026	Tesorero	Notifica sobre adeudo del ISR de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 por $817,121.00 y exhorta para realizar su pago.
2.	0068/02/2026 12 de febrero de 2026	Director de obras	Solicita información y documentación en la cual informe si hubo modificación de obra o en su caso no se realizaron, informando el motivo, ya que fueron presupuestadas para 2025.
3.	071/03/2026 13 de marzo de 2026	Director de obras	Solicita explicación detallada de las modificaciones realizadas al Programa Anual de Obra Pública 2025, motivos de los cambios y aprobación correspondiente.
4.	0072/03/2026 17 de marzo de 2026	Tesorero	Solicita realizar oportunamente el pago del ISR y que cuando se realicen los pagos correspondientes se le notifique con la documentación que acredite dicho pago.
5.	0072/04/2026 14 de abril de 2026	Director de obras	Solicita lista de beneficiarios de cuartos dormitorio y ubicación de las obras; expedientes de todas las obras realizadas desde septiembre de 2024 a la fecha; descripción del presupuesto aplicado por obra directa de mantenimiento de aulas en escuela primaria de San Gregorio.
6.	0073/04/2026 14 de abril de 2026	Tesorero	Solicita analítico de la recaudación de ingresos propios y auxiliares contables de septiembre de 2024 a la fecha.
7.	0076/05/2026 18 de mayo de 2026	Tesorero	Solicita la comprobación de gastos del festejo del Día del Niño y del Día del Maestro autorizados por Cabildo.
8.	0078/05/2026 22 de mayo de 2026	Tesorero	Solicita tabulador de sueldos y plantilla de trabajadores del Ayuntamiento 2024-2027, solicitando su entrega física el 27 de mayo.
9.	0079/05/2026 26 de mayo de 2026	Tesorero	Solicita lista actualizada de proveedores donde se tienen adeudos económicos, solicitando su entrega física a más tardar el 25 de mayo.
10.	0080/06/2026 18 de junio de 2026	Tesorero	Solicita la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024 para atender requerimientos de la Auditoría Superior de Michoacán, a más tardar el 8 de julio.
11.	0083/06/2026 25 de junio de 2026	Tesorero	Solicita información complementaria sobre el estado actual del adeudo del ISR, derivado del punto número 4 solicitado en sesión de Cabildo para el 26 de junio.
12.	0084/07/2026 07 de julio de 2026	Tesorero	Reitera solicitud de la Cuenta Pública 2024 para revisión previa a su entrega ante la Auditoría Superior.
13.	0085/07/2026 17 de julio de 2026	Auditor Superior de Michoacán	Informa que debido a la negación de información de Tesorería y Obras Públicas se deslinda de cualquier responsabilidad administrativa como penal y manifiesta encontrarse en estado de indefensión.
14.	0088/07/2026 30 de julio de 2026	Tesorero	Respecto del segundo informe trimestral de la Cuenta Pública 2026, pide identificar en qué número de foja se encuentran detallados los pasivos correspondientes a adeudos por ISR, obras públicas y proveedores.
15.	0091/08/2026 13 de agosto de 2026	Tesorero	Señala que no puede firmar documentos financieros sin respaldo documental en que consten los gastos aplicables.

Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, ya que obran en el expediente los originales de los acuses de los oficios expedidas por la actora en ejercicio de sus funciones^[45].

Previo a analizar el fondo, este órgano jurisdiccional considera que la información requerida por la actora se encuentra relacionada con las atribuciones y derechos inherentes al cargo que actualmente desempeña, de conformidad con lo previsto en el artículo 67, fracciones II, III y V de la Ley Orgánica Municipal, ya que se vinculan con el ejercicio de sus funciones de vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos; revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos y los estados financieros municipales; y, vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la ley y con los planes y programas establecidos.

i) Oficios que no corresponden a solicitudes de información

Del análisis de los quince oficios remitidos por la parte actora, conviene en principio destacar que cinco de ellos no corresponden a solicitudes de información.

Los identificados con los números 1^[46] y 15^[47] no corresponden a solicitudes de acceso a la información en el ejercicio de su cargo, sino a comunicaciones remitidas al Tesorero del Gobierno municipal, la primera por la cual se notifica sobre el adeudo de ISR determinado por la Auditoría Superior de Michoacán y, la segunda un señalamiento a este mismo funcionario de que no le es posible firmar documentos, en atención a que no ha contado con la documentación soporte para conocer su contenido.

Por lo que respecta al número 14^[48], se analiza que también se trata de una comunicación a este mismo funcionario, mediante la cual pide identificar en qué número de foja se encuentran los pasivos del Segundo Informe trimestral de la Cuenta Pública; esto es, del análisis de su misma narración es posible advertir que la actora ya contaba con la información inherente a este documento y únicamente pedía especificar ciertos conceptos.

Mientras que el identificado como 13^[49], se refiere a una comunicación realizada al Auditor Superior de Michoacán, en la que informa precisamente que, debido a que no ha contado con la información necesaria de las autoridades responsables, se deslinda de responsabilidades.

Ahora bien, en lo referente a los once oficios restantes, identificados en los apartados ii) y iii) -que a continuación se estudian-, es existente la omisión y fundado el agravio de que con ello se ha vulnerado el derecho de petición y acceso a la información de la parte actora, en atención a lo siguiente:

ii) Información relacionada con una sesión de Cabildo

La Ley Orgánica Municipal dispone en su artículo 35 que para resolver los asuntos que le corresponden, el Ayuntamiento celebrará sesiones que podrán ser ordinarias, extraordinarias, solemnes, internas y virtuales; a su vez, el artículo 37 determina que las sesiones serán convocadas por la Presidenta o Presidente o las dos terceras partes de quienes integran el Ayuntamiento, a través de la Secretaria o Secretario del mismo. La citación podrá ser personal o a través de medios electrónicos; y en casos extraordinarios, de ser necesario en el domicilio particular de cada integrante del Ayuntamiento.

La citación deberá darse por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para sesiones ordinarias, tratándose de sesiones extraordinarias se hará cuando menos con veinticuatro horas de anticipación y deberá contener el orden del día y, en su caso, la información necesaria para el desarrollo de estas, así como el lugar, día y hora.

De las constancias que integran el expediente, se advierte que, en el caso de una de las solicitudes, particularmente la identificada con el número 11^[50], la actora consideró que necesitaba documentación adicional o complementaria a la que se le hizo llegar para efecto de poder votar el punto listado con el número 4 de la sesión de Cabildo correspondiente al veintiséis de junio.

Por lo cual, la parte actora presentó la solicitud el veinticinco de junio, es decir, un día antes de la celebración de sesión de Cabildo a la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento.

Al respecto, el Tesorero perdió de vista que, en particular, esta solicitud de información de la actora guardaba estrecha vinculación con el desempeño de la función de la actora de acudir con derecho a voz y voto en las sesiones, por lo que su atención constituía una condición indispensable para el ejercicio pleno y efectivo de su derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente del ejercicio del cargo.

De manera que, el no realizar la contestación se tradujo en un obstáculo irreparable para la actora, mismo que le impidió el debido análisis y participación en la correspondiente sesión de Cabildo, respecto del punto 4 referente al “Análisis, discusión y en su caso aprobación para que el Presidente municipal gestione y convenga ante el Gobierno del Estado un adelanto destinado al pago de adeudos fiscales del ISR”.

Sin que obre en el expediente medio de convicción alguno que justifique la falta de entrega de la documentación de forma puntual, por lo que se concluye que la información no fue entregada de forma oportuna, es decir, previo a la sesión, lo que restringió el acceso a la información para el desempeño de sus funciones y para la toma de decisiones en la sesión de referencia.

Hecho que se corrobora con lo manifestado por la actora en la sesión de veintiséis de junio, donde expresó que “la información solicitada del adeudo de ISR es importante señalar que dicho resumen no menciona los adeudos del mes de enero, febrero y marzo de 2026, solicito al Tesorero actualizarlo”^[51].

Considerar lo contrario significaría hacer nugatorios los derechos que la ley otorga a la [No.17]_ELIMINADO_Cargo_[395], pues no basta con que se convoque únicamente a las sesiones, sino que debe darse respuesta a las solicitudes de información que en su caso realicen las personas integrantes del Cabildo, a fin de permitir discutir, proponer o, en su caso, aprobar las propuestas.

El no hacerlo de esta manera se puede traducir en un acto vulnerador de sus derechos al coartarles su derecho de tener conocimiento y acceso pleno a toda la información, así como a la documentación que considere debe requerir, al servir como base para discutir los puntos listados en el orden del día.

Al respecto, no pasa inadvertido que, en el caso de las regidurías, lo determinado en el artículo 68, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal, dispone que podrán solicitar y recibir toda información sobre los asuntos que se tratarán en las sesiones, en un plazo mínimo de veinticuatro horas antes.

Respecto de lo cual, si bien no existe esta disposición para la [No.18]_ELIMINADO_Cargo_[395], lo cierto es que al ser integrante del Ayuntamiento, el que haya solicitado información adicional a la que le fue remitida, guarda estrecha vinculación con el desempeño de las funciones inherentes a su cargo, particularmente por la obligación de acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos^[52], por lo que su atención constituye una condición indispensable para el ejercicio pleno y efectivo de su derecho político-electoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo.

En consecuencia, se tiene por acreditada la omisión del Tesorero de dar respuesta a la solicitud presentada relacionada con la sesión de Cabildo de veintiséis de junio, lo que configura una vulneración al derecho político-electoral de la actora de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo.

iii) Información relacionada con la atribución de la actora de requerir información de la administración pública municipal

Por lo que ve a las nueve solicitudes de información restantes, es decir, las identificadas con los números: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 también es existente la omisión y fundado el agravio, ya que no obra en autos constancia alguna que acredite que las solicitudes formuladas por la actora hayan sido atendidas por parte del Tesorero y el Director de obras del Gobierno municipal.

Inclusive, en sus informes circunstanciados, estas autoridades responsables realizaron diversas manifestaciones, tales como:

• … “las solicitudes están siendo atendidas, conforme a los procedimientos y tiempos internos establecidos, considerando la complejidad y el volumen de la información requerida” …;
• … “son documentos de alta complejidad que requieren un proceso exhaustivo de compilación, verificación y auditoría interna antes de su presentación formal” …; y,
• … “lo cierto es que yo como Director de obras consideré en ese momento que no era necesario realizarle ese informe toda vez que me he encontrado con bastante carga de trabajo” …;

Cuestión que por sí misma se presume constituye un reconocimiento expreso^[53], misma que se comprueba con lo señalado por la actora, de que estas autoridades responsables incumplieron con su atención y al no existir elemento en contrario, se reitera que las referidas solicitudes guardan estrecha vinculación con el desempeño de las funciones inherentes al cargo de la actora, por lo que su atención constituye una condición indispensable para el ejercicio pleno y efectivo de su derecho político-electoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo.

Ello es así, porque dentro del marco de sus atribuciones, se encuentra la de requerir la información que considere necesaria para deliberar, emitir opinión o tomar decisiones dentro del ámbito de la administración pública municipal. En ese sentido, el acceso oportuno a la información solicitada constituye una herramienta fundamental para cumplir con sus funciones de representación, fiscalización y toma de decisiones.

Lo cual se robustece con lo dispuesto por los artículos 7º, 8º y 35, fracción V, de la Constitución Federal que prevén el deber de los funcionarios públicos de contestar una petición cuando sea planteada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que, para observar el derecho de acceso a la información, a toda petición formulada deberá recaer una respuesta por escrito de la autoridad competente y esta deberá comunicarse a la persona peticionaria en breve término, misma que debe ser congruente y exhaustiva con lo requerido, situación que en el caso que nos ocupa, no ocurrió^[54].

Así, la ausencia de respuesta oportuna y efectiva no solo contraviene los deberes constitucionales señalados, sino que también limita la posibilidad de la parte actora, de participar de manera informada y activa en la toma de decisiones públicas, con lo cual se afectan los principios democráticos de representatividad, deliberación y rendición de cuentas.

Cabe destacar que, el derecho de acceso a la información es una prerrogativa indispensable para el adecuado ejercicio del cargo de las y los representantes populares. El acceso pleno y oportuno a la información garantiza que las personas titulares de cargos públicos puedan cumplir con sus funciones de manera informada, transparente y eficiente. Por tanto, cualquier acto u omisión que restrinja este derecho constituye una vulneración a sus derechos político-electorales.

Esto es, no proporcionarle la información se traduce en un acto vulnerador de derechos de los integrantes del Cabildo, al coartarles su derecho de tener conocimiento y acceso a toda la información, pues ante el obstáculo impuesto —omisión de entregar lo solicitado— se vulneró su derecho para ejercer de manera plena las funciones inherentes al cargo para el que la actora fue electa.

Tal situación además es de particular relevancia porque una de las atribuciones de la parte actora es la de coordinar la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos^[55].

Esta Comisión tiene, entre algunas de sus atribuciones, la de vigilar, en el ámbito de su competencia, lo relacionado con los ingresos y egresos municipales; y con el patrimonio municipal tanto en sus bienes muebles e inmuebles, así como su uso y destino; vigilar el cumplimiento de las disposiciones hacendarias competencia del Ayuntamiento; y, refrendar, en su caso, los informes que sobre estados financieros le presente la Tesorería Municipal al Ayuntamiento^[56].

Ahora bien, no pasa inadvertido que el Director de obras pretende dar contestación a la actora, mediante los oficios MP/DOP/117-2026, MP/DOP/118-2026 y MP/DOP/119-2026, mismos que fueron remitidos a este órgano jurisdiccional acompañando su informe circunstanciado, los cuales, si bien no fueron entregados personalmente a la actora, se compartieron por la Ponencia instructora mediante la vista que le fue otorgada.

En tales oficios, pretendiendo dar cumplimiento a la información que solicitó, el Director de obras informó a la actora que:

• De las trece obras que requisitó información, once se dieron de baja y dos se realizaron.
• Se modificaron obras y proyectos para presentar y así fueron valoradas por la plataforma FAIS.
• Los expedientes están en proceso y complemento de información; al monto de la escuela de San Gregorio se le dio ese nombre y modalidad por requisitos de la plataforma FAIS, pero el monto se utilizó para darle mantenimiento a todas las escuelas del municipio.

Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, ya que obran en el expediente los originales de los oficios emitidos por este funcionario del Gobierno municipal en ejercicio de sus funciones^[57].

La Sala Superior ha establecido que el derecho al ejercicio del cargo comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo, entre ellas la de contar con la información necesaria^[58].

En ese sentido, lo relevante en estos asuntos no se agota en la simple entrega material de la documentación, sino que debe verificarse que esa entrega se haya realizado de manera congruente con lo solicitado y de manera oportuna para que la actora estuviera en condiciones de contar con esa información necesaria en el desempeño del ejercicio del cargo. Es decir, no basta con que las autoridades pretendan dar respuesta a las solicitudes de información que plantean, sino que además debe verificarse que esa notificación sea oportuna y la información corresponda a lo requerido. 

Como se acredita, la respuesta del Director de obras pretende notificarle la entrega de la información a la parte actora a partir de su remisión con el informe circunstanciado, lo que incumple con los estándares de oportunidad, así como de la vía por la que debería informarle de su puesta a disposición.

Para este Tribunal Electoral la remisión de la documentación de esta forma no satisface la pretensión de la actora ni hace cesar la vulneración a su derecho político-electoral, porque la destinataria del deber de información era la actora y no este órgano jurisdiccional.

Al respecto, debe partirse de que el informe circunstanciado tiene una finalidad exclusivamente procesal: proporcionar al Tribunal Electoral los antecedentes del acto reclamado y remitir las constancias que permitan resolver de fondo la controversia.

Por ello, la circunstancia de que el Director de obras como autoridad responsable haya acompañado a su informe circunstanciado una supuesta respuesta de la información solicitada por la actora no implica, por sí misma, que haya cumplido con la obligación de entregarle dicha información.

En efecto, el objeto de las solicitudes formuladas por la parte actora consistía en obtener oportunamente la información necesaria para ejercer las atribuciones inherentes a su cargo, particularmente las relacionadas con las funciones de vigilancia, deliberación y fiscalización del Ayuntamiento; por ello, el cumplimiento únicamente puede estimarse satisfecho cuando la documentación se pone, por parte de la responsable, efectivamente a disposición de la persona integrante del Cabildo que la requirió, situación que no ha acontecido, pues no existe hasta el momento, constancia de que esta hubiera sido entregada a la actora.

Ahora, este órgano jurisdiccional no desconoce que el Tesorero no adjuntó, inclusive en este juicio de la ciudadanía, la información que le fue requerida, así como que la respuesta remitida por el Director de obras no resulta congruente con lo pedido por la parte actora respecto de dos de sus solicitudes.

Lo anterior, porque en el oficio 0071/03/2026 la actora solicitó que se le especificara y detallara cuáles fueron las modificaciones realizadas en el Programa Anual de Obra Pública 2025 y por qué motivos y causa se realizaron dichas modificaciones^[59].

Mientras que en el oficio 0072/04/2026 requirió^[60]:

1. La lista de los beneficiarios que fueron acreedores al apoyo de los cuartos dormitorios a que hace mención en el Programa Anual de Obra Pública, así como su ubicación;
2. Copia de los expedientes de cada una de las obras realizadas desde septiembre de dos mil veinticuatro hasta el catorce de abril;
3. La descripción del presupuesto aplicado con la modalidad de obra directa con la descripción de mantenimiento de aulas en la escuela primaria de la localidad de San Gregorio.

No obstante, a juicio de este órgano jurisdiccional se debe dar contestación de manera completa y congruente a lo solicitado; razones por las cuales la omisión reclamada subsiste y, en ese sentido, la violación a los derechos político-electorales de la parte actora en su vertiente del ejercicio del cargo, ya que para que se tenga materializado el derecho de acceso a la información, a cada solicitud debe recaer una respuesta por escrito que sea congruente y exhaustiva con lo requerido, asimismo debe ser notificada de manera oportuna, y en el caso que nos ocupa, no ocurrió, por lo que es necesario determinar los efectos correspondientes.

Mención especial requiere el oficio señalado con el consecutivo 4^[61], mismo que si bien constituye una comunicación al Tesorero, por la que le solicita realizar oportunamente el pago del ISR, lo cierto es que la actora también pide que cuando se realicen los pagos correspondientes se le notifique con la documentación que acredite dicho pago; al respecto, cabe destacar que, si bien esta comunicación no se encuentra dirigida a solicitar información, sí constituye un derecho de petición de la parte actora.

De esta temática, no pasa inadvertido que el oficio de referencia tiene sello de recibido de Tesorería del cinco de mayo, mientras que el veinticuatro de junio posterior, el Ayuntamiento analizó, entre otras cuestiones, la propuesta de que el Presidente municipal gestionara y conviniera ante el Gobierno del Estado un adelanto destinado al pago de adeudos fiscales del ISR.

Esto es, consta que, con fecha posterior a la presentación de la demanda, el Ayuntamiento ya había tomado una determinación para atender la problemática detectada por la actora, no obstante, es posible destacar su petición de que se le informe sobre los pagos que, en su caso, se hayan realizado sobre adeudos fiscales de ISR, por lo que se incluirá también esta temática en los efectos.

c) Vulneración al derecho de ejercer el cargo en condiciones de igualdad

En referencia a este agravio la actora señala únicamente que no haberle permitido participar institucionalmente en el informe y simultáneamente haber sido privada de la documentación necesaria para realizar las acciones que tiene encomendadas respecto de la Ley Orgánica Municipal vulnera el derecho de ejercer su cargo en condiciones de igualdad.

El agravio se considera inoperante, puesto que la parte actora no expresa con claridad respecto de qué otras personas integrantes del Ayuntamiento se ejerce el cargo de manera diferenciada, ni tampoco acompaña pruebas para acreditar su dicho^[62].

Esto es, se trata de expresiones genéricas y ambiguas tomando en consideración que la actora fue omisa en expresar los argumentos para evidenciar la inequidad hecha valer.

Además de que dicho motivo de agravio lo hace depender de los dos que se analizaron previamente, siendo, en el caso concreto, la falta de fundamentación y motivación en la respuesta del Secretario del Ayuntamiento relacionada con su participación en el informe fue desestimada^[63].

Aspecto del cual, este Tribunal Electoral considera que, incluso analizado el planteamiento de la actora desde una perspectiva de género, los elementos que obran en autos no permiten tener por acreditado que se haya vulnerado el derecho de ejercer su cargo en condiciones de igualdad.

Esto, ya que de las constancias que integran el expediente no se advierten elementos objetivos suficientes para establecer que ello haya ocurrido respecto de otras personas del Ayuntamiento, ni que las omisiones que se acreditaron ocurrieran en un contexto diferenciado o que se basaran en un estereotipo de género.

Por lo cual, ni siquiera mediante la suplencia de la deficiencia en el planteamiento de los agravios^[64] y analizado contextualmente el juicio de la ciudadanía, se considera que existen elementos mínimos para dar satisfacción al planteamiento hecho valer.

En consecuencia, toda vez que resultó fundado el agravio identificado como b), se emiten los siguientes. 

X. EFECTOS

1. Se ordena al Tesorero y al Director de obras que la información que solicitó la actora en sus oficios 0068/02/2026 de doce de febrero, 071/03/2026 de trece de marzo, 0072/04/2026 de catorce de abril, 0073/04/2026 de catorce de abril, 0076/05/2026 de dieciocho de mayo, 0078/05/2026 de veintidós de mayo, 0079/05/2026 de veintiséis de mayo, 0080/06/2026 de dieciocho de junio, 0083/06/2026 de veinticinco de junio y, 0084/07/2026 de siete de julio le sea entregada de manera personal, completa y congruente en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la presente determinación.
2. En virtud de la intención de la actora de que se le informe sobre los pagos que se hayan realizado sobre adeudos fiscales de ISR y toda vez que se aprobó la autorización para gestionar y convenir sobre el pago de adeudos de este impuesto, se ordena al Tesorero, que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada esta sentencia, informe a la actora sobre el estado que guarda el pago de adeudos fiscales de este impuesto, adjuntando en su caso, copia de los pagos que se hayan realizado por el Ayuntamiento.
3. Se ordena a las autoridades responsables para que, una vez realizados los actos ordenados, dentro de los tres días hábiles siguientes, lo informen a este Tribunal Electoral, adjuntando las constancias debidamente certificadas que así lo acrediten.
4. Por último, tomando en consideración que la respuesta a la solicitud de la actora 0083/06/2026 de veinticinco de junio, le será entregada con posterioridad a la sesión donde se analizó el tema del que requirió la información para la emisión de un voto informado y razonado, se ordena al Presidente y Secretario que una vez que ello ocurra, en la próxima sesión (ordinaria o extraordinaria, lo que suceda primero) incorporen en los puntos del orden del día el conceder el uso de la voz a la actora, para que, de estimarlo necesario, manifieste lo conducente con relación a la discusión y aprobación del punto 4; intervención que deberá ser asentada en el acta correspondiente; lo que deberá informarse a este Tribunal Electoral en los dos días hábiles siguientes a que ello ocurra.

Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado, se les podrá imponer a cada uno, la medida de apremio contemplada en el artículo 44, fracción I, de la Ley de Justicia Electoral consistente en multa de hasta 100 cien Unidades de Medida de Actualización que, en su caso, deberán cubrir de su propio peculio.

XI. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL Y SOLICITUD DE VISTA

a) Medidas de reparación integral

En atención a la solicitud expresa de la actora, se estima importante señalar que este Tribunal Electoral tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, de conformidad con lo determinado en el artículo 1 de la Constitución Federal y su similar en la Constitución Local y los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que existiría si el acto no se hubiera cometido. A su vez, las garantías de no repetición tienen como objetivo evitar que se vuelvan a cometer actos que causen alguna afectación a los derechos humanos^[65].

La Sala Superior ha sostenido que, si bien el efecto directo de las ejecutorias en materia electoral debe ser la restitución a los derechos de las personas afectadas, debe optarse por medidas de reparación diversas, como lo pudieran ser la rehabilitación, la satisfacción y/o la garantía de no repetición, teniendo en cuenta el deber constitucional y convencional de asegurar la reparación integral a las personas que han sido objeto de un menoscabo en su esfera jurídica^[66].

Dado que la finalidad de las medidas de no repetición es la de asegurar que no se reproduzca una práctica violatoria de la normatividad electoral y en el presente juicio de la ciudadanía se acreditó la violación al derecho político-electoral de la actora, este Tribunal Electoral estima que lo conducente es conminar al Tesorero y al Director de obras, para que, en lo subsecuente, den respuesta oportuna y completa a las solicitudes de información que realice la actora.

Asimismo, se vincula a las y los integrantes del Ayuntamiento para que vigilen el cumplimiento de la sentencia.

Esto, con la finalidad de garantizar la salvaguarda, validez y eficacia del derecho político-electoral en su vertiente del ejercicio del cargo de la actora y eliminar los obstáculos que pudieran obstruir el ejercicio de su voto informado en las sesiones, cuando se realicen solicitudes de información de los asuntos que se tratarán en estas, de conformidad con el artículo 67, fracción I de la Ley Orgánica Municipal.

b) Solicitud de vista

Finalmente, no pasa inadvertido que la actora solicita que, en caso de advertirse elementos suficientes de VPMG se dé vista al IEM, respecto de los actos que, en su caso, pudieran constituir esta conducta; no obstante, se estima innecesario realizar la vista de la totalidad del expediente.

Lo anterior, ya que a solicitud expresa de la Secretaría Ejecutiva del IEM, se remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente.

Asimismo, porque mediante requerimiento realizado por la Ponencia instructora se solicitó a la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEM para que informara si actualmente se encontraba sustanciando algún procedimiento especial sancionador denunciado por la actora y, en su caso, especificara las conductas y hechos por los cuáles se instauró.

Respecto de lo cual, se informó que existen dos procedimientos especiales sancionadores, el primero en contra de las autoridades responsables y el segundo, en contra del Presidente del Ayuntamiento.

Razones por las cuales, si bien resulta innecesario dar vista remitiendo copias certificadas de la totalidad del expediente, en virtud de que el IEM ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes a efecto de investigar una posible VPMG, se considera oportuno instruir a la Secretaría General de este Tribunal Electoral, para que realice la certificación de la presente sentencia y la comunique al IEM.

XII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En virtud de que en el presente juicio de la ciudadanía se determinó desde el turno la protección de sus datos personales, al referirse desde la demanda a conductas que posiblemente constituyeran VPMG, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia, ambas de este órgano jurisdiccional, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen la versión pública de la presente sentencia.

Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo; 62 y 63 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, en relación con los diversos 5 a 15 de los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias Emitidas por este órgano jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emiten los siguientes:

XII. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es existente la vulneración a los derechos político-electorales de la actora relacionada con la omisión de entrega de información.

SEGUNDO. Se conmina al Tesorero y al Director de obras del Gobierno municipal de [No.19]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán, para que, en lo sucesivo, atiendan oportunamente las solicitudes de información presentadas por la actora.

TERCERO. Se ordena a las autoridades referidas, cumplir con los efectos señalados en la presente sentencia.

CUARTO. Remítase al Instituto Electoral de Michoacán copia certificada de la presente sentencia para los efectos precisados.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia de este Tribunal Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, elaboren la versión pública de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE. Personalmente —por correo electrónico—a la parte actora; por oficio a cada una de las autoridades responsables, a cada una de las personas integrantes del Ayuntamiento de [No.20]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán y al Instituto Electoral de Michoacán; y por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 fracciones I, III y IV, 38 y 39, de la Ley de Justicia Electoral, así como 140, 141 y 142 del Reglamento Interior, así como conforme los “LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS SESIONES, REUNIONES, RECEPCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, PROMOCIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS”. 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, en sesión pública celebrada el día de hoy, a las trece horas con treinta y dos minutos, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistraturas Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos -quien fue ponente-, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADA PRESIDENTA AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE
MAGISTRADA YURISHA ANDRADE MORALES	MAGISTRADA ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
MAGISTRADO ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO	MAGISTRADO ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 69, fracción VII, del Código Electoral del Estado y 66, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas electrónicas que obran en el presente documento corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública celebrada el uno de octubre de dos mil veintiséis, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-085/2026, documento que consta de treinta y siete páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

* LTAIPEMO. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

* LPDPPSOEMO. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

* LGMCDIEVP. Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

No.1 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.2 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.3 ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_actora en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.4 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.5 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.6 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.7 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.8 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.9 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.10 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.11 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.12 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.13 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.14 ELIMINADO_Referencias_al_cargo en 2 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.15 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.16 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.17 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.18 ELIMINADO_Cargo en 1 renglon(es) por ser un dato personal laboral de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 5. de los LGMCDIEVP*.

No.19 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.20 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.21 ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_actora en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

No.22 ELIMINADO_el_Municipio en 1 renglon(es) por ser un dato personal identificativo de conformidad con el Artículo 100 de la LTAIPEMO, Artículo 4 fracción X de la LPDPPSOEMO y Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I. 1. de los LGMCDIEVP*.

La presente versión pública fue aprobada por el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado, en su Décima Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintiséis

1. Todas las fechas corresponden a dos mil veintiséis, salvo señalamiento expreso. ↑

2. Fojas 03 a 65. ↑

3. Fojas 66 y 67. ↑

4. Fojas 68 y 69. ↑

5. Fojas 152 y 153. ↑

6. Foja 157. ↑

7. Fojas 195. ↑

8. Fojas 214 y 215. ↑

9. Foja 270. ↑

10. Foja 285. ↑

11. Foja 286. ↑

12. Jurisprudencia de rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO”. ↑

13. En los artículos 9, 10, 15 fracción IV, 73 y 74 inciso c) de la Ley de Justicia Electoral. ↑

14. Al descontarse el sábado 15 y domingo 16, por ser inhábiles, al tratarse de un asunto que no se encuentra relacionado con proceso electoral. ↑

15. De conformidad con la Jurisprudencia 15/2011, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. ↑

16. De conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción I, 15, fracción IV, 73 y 74 de la Ley de Justicia Electoral. ↑

17. Artículo 64, fracción I de la Ley Orgánica Municipal. ↑

18. Fojas 158 a 160. ↑

19. Artículos 34 y 37 de los LINEAMIENTOS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS SESIONES, REUNIONES, RECEPCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, PROMOCIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. ↑

20. Artículo 73 del Reglamento Interior. ↑

21. Jurisprudencia 43/2002 de rubro: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”, así como la Jurisprudencia 12/2001, de rubro: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. ↑

22. De conformidad a la Jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior de rubro: “AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. ↑

23. Tesis aislada, de rubro: “CONTINENCIA DE LA CAUSA INDIVISIBLE. SE CONFIGURA CUANDO LAS ACCIONES EJERCIDAS DERIVAN DE UN MISMO HECHO GENERADOR”. ↑

24. Jurisprudencia 27/2002, de Sala Superior, de rubro: “DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN”. ↑

25. Jurisprudencia 20/2010, emitida por la Sala Superior, de rubro: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO”. ↑

26. Tesis emitida por la Suprema Corte, de rubro: “DERECHO A LA INFORMACIÓN. GARANTÍAS DEL”. ↑

27. Jurisprudencias 7/2010, 36/2002 y 47/2013, emitidas por la Sala Superior, de rubros: “INTERÉS JURÍDICO EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, CUANDO SE ALEGAN PRESUNTAS VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL”, “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN” y “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES A SU CONTENIDO POR LA VÍA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”. ↑

28. Resulta orientador el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver, entre otros, el juicio SUP-JDC-1679/2016. ↑

29. Así lo determinó Sala Toluca al resolver el expediente ST-JE-17/2021. ↑

30. Véase lo sostenido por Sala Toluca, al resolver el expediente ST-JDC-263/2017. ↑

31. Capítulo IX. De las atribuciones de los Ayuntamientos, artículo 40, inciso a), fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal. ↑

32. A excepción del último año de gestión, que será la segunda quincena del mes de julio ↑

33. Resulta orientadora las tesis 175082 y 173565 de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN” y, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA”. ↑

34. Conforme a lo señalado por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-697/2020. ↑

35. Amparo Directo en Revisión 962/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte. ↑

36. Tesis de la Suprema Corte, de rubro: “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA”. Para identificar acciones concretas que se deben atender al juzgar con esta perspectiva, véase la jurisprudencia 22/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”. ↑

37. Tesis XXVII/2017 de la Suprema Corte, de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN”. ↑

38. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, fracción I, 17, fracción III y 22, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral. ↑

39. Conforme a los artículos 16, fracción III, 19 y 22, fracción IV de la Ley de Justicia Electoral. ↑

40. Fojas 23 a 27. ↑

41. Fojas 28 a 30. ↑

42. Fojas 31 a 43. ↑

43. Fojas 44 a 46. ↑

44. Así lo ha sostenido este Tribunal Electoral al resolver los juicios ciudadanos TEEM-JDC-008/2023, TEEM-JDC-045/2023, TEEM-JDC-055/2023, TEEM-JDC-033/2024, TEEM-JDC-106/2024, TEEM-JDC-171/2024 y TEEM-JDC-272/2024. ↑

45. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, fracción I, 17, fracción III y 22, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral. ↑

46. Oficio 0066/02/2026, foja 051 del expediente. ↑

47. Oficio 0091/08/2026, foja 065 del expediente. ↑

48. Oficio 0088/07/2026, foja 064 del expediente. ↑

49. Oficio 0085/07/2026, foja 049 del expediente. ↑

50. Oficio 0083/06/2026, foja 062 del expediente. ↑

51. Foja 268 correspondiente al Acta número 70 del Ayuntamiento, relativa a la segunda sesión ordinaria del mes de junio, recabada por la Magistratura instructora. ↑

52. Artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal. ↑

53. De conformidad con la Tesis XLV/98 de Sala Superior de rubro: “INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN”. ↑

54. Similar criterio ha adoptado este Tribunal Electoral al resolver diversos precedentes, tales como los juicios de la ciudadanía TEEM-JDC-056/2022, TEEM-JDC-164/2025. ↑

55. Artículo 67, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal. ↑

56. Artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal. ↑

57. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, fracción I, 17, fracción III y 22, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral. ↑

58. En las jurisprudencias 39/2024, de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN y 32/2010, de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN “BREVE TÉRMINO ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO”, así como en la Tesis XV/2016, de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN”. ↑

59. Foja 140. ↑

60. Foja 142. ↑

61. Oficio 0072/03/2026, foja 054 del expediente. ↑

62. Jurisprudencia de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”. ↑

63. Tesis Aislada de rubro: “AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS”. ↑

64. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Justicia Electoral. ↑

65. Al interpretar el artículo 63 del Pacto de San José, así como en el caso Corte Interamericana, Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999, serie C, no. 44, párr. 72. ↑

66. Por ejemplo, en la sentencia SUP-JDC-1028/2020. ↑