JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-087/2026

PARTE ACTORA: PATRICIA PÉREZ MORALES

AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE MUNICIPAL DE EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN Y OTRAS

MAGISTRADO: ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA: OLIVA ZAMUDIO GUZMÁN

COLABORÓ: MONSERRAT DE JESÚS SALVADOR

Morelia, Michoacán, a uno de octubre dos mil veintiséis^[1]

Sentencia que resuelve el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano citado al rubro, promovido por Patricia Pérez Morales, por su propio derecho y en su calidad de Regidora Integrante del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, en contra del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos del citado órgano colegiado, por la presunta violación a su derecho político-electoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo.

I. GLOSARIO

actora:	Patricia Pérez Morales, Regidora de Epitacio Huerta, Michoacán.
Ayuntamiento:	Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
autoridades responsables:	Presidente Municipal, Secretario y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Código Electoral:	Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Constitución General:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
juicio de la ciudadanía:	Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
Ley de Justicia Electoral:	Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley Orgánica Municipal:	Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
órgano jurisdiccional o Tribunal Electoral:	Tribunal Electoral del Estado.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sala Toluca:	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.
Sesión de Ordinaria de Cabildo:	Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, celebrada el veintiocho de julio.
Solicitud:	Solicitud de información y documentación de copias certificadas dirigida al Presidente Municipal, Secretario y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, el veintisiete de julio.

II. ANTECEDENTES^[2]

1.1. Instalación del Ayuntamiento. El uno de septiembre de dos mil veinticuatro, los integrantes electos del Ayuntamiento, incluida la actora en cuanto regidora, tomaron posesión de sus respectivos cargos para el periodo 2024-2027.

1.2. Solicitud de información. El veintisiete de julio, la actora presentó ante las autoridades responsables oficio por medio del cual solicitó diversa información y documentación^[3], que considera necesaria para el desempeño de su cargo.

1.3. Sesión ordinaria de cabildo. El veintiocho de julio, se llevó a cabo la sesión ordinaria de cabildo, en donde, entre otras cuestiones, se aprobó el segundo informe trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 2026^[4].

1.4. Presentación del juicio de la ciudadanía. El veinticuatro de agosto, la actora presentó ante este órgano jurisdiccional demanda en contra de las autoridades responsables, por la omisión de proporcionar la información y documentación solicitada en el oficio presentado el veintisiete de julio^[5].

1.5. Recepción y turno de expediente. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta acordó registrarlo con la clave TEEM-JDC-087/2026 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Eric López Villaseñor, para los efectos establecidos en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Justicia Electoral^[6].

1.6. Radicación y requerimiento del trámite de ley. El veinticinco de agosto, se radicó el expediente en la Ponencia Instructora y se requirió el trámite de ley a las autoridades responsables^[7].

1.7. Incumplimiento y requerimiento. En auto de tres de septiembre^[8], al ser omisas las autoridades responsables de realizar el trámite de ley ordenado, se les requirió nuevamente para que remitieran el informe circunstanciado; teniéndoseles por cumpliendo extemporáneamente, así como dándole vista a la actora, el nueve siguiente^[9].

1.8. Reconocimiento de carácter, solicitud de protección de datos personales y requerimiento. El once de septiembre, se reconoció el carácter del apoderado legal del Ayuntamiento y, de manera preventiva, en relación con su solicitud de protección de datos de las autoridades responsables, se instruyó a las áreas jurisdiccionales de este Tribunal Electoral para el tratamiento respectivo, hasta en tanto el área responsable determine la viabilidad o inviabilidad de tales efectos; por otra parte, se requirió al Secretario del Ayuntamiento para que remitiera documentación relativa a la sesión ordinaria de cabildo^[10].

1.9. Desahogo de vista. Por acuerdo de diecisiete de septiembre, se tuvo a la actora desahogando la vista otorgada por acuerdo de nueve de septiembre y haciendo manifestaciones^[11].

1.10. Cumplimiento de requerimiento y vista. Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre se tuvo al Secretario del Ayuntamiento por cumpliendo con el requerimiento efectuado el once de septiembre; además se dio vista a la actora^[12].

1.11. Desahogo de vista y admisión. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre, se tuvo a la actora desahogando la vista otorgada, haciendo manifestaciones y se admitió a trámite el presente juicio de la ciudadanía^[13].

1.12. Cierre de instrucción. El veintinueve de septiembre, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia^[14].

III. COMPETENCIA

El Pleno de este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente juicio de la ciudadanía, porque fue promovido por una ciudadana en su carácter de regidora del Ayuntamiento, aduciendo la vulneración a su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo, atribuida a las autoridades responsables, por la omisión de atender su solicitud de información, así como, por no proporcionarle de manera oportuna diversa información, al momento de convocar a la sesión ordinaria de cabildo, hechos que a su decir, le obstaculizan el desempeño de sus funciones.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 A de la Constitución Local; 8, 60, 64, fracción XIII y 66, fracciones II y III del Código Electoral; 5, 73, 74 inciso c) y 76, fracción V de la Ley de Justicia Electoral.

IV. PRECISIÓN DE ACTOS IMPUGNADOS

De la lectura del escrito de demanda, en acatamiento al deber que tiene este órgano jurisdiccional de examinar e interpretarla íntegramente, a fin de determinar con exactitud la intención de la actora, y evitar una interpretación obscura, deficiente o equívoca de la expresión exacta de la intención de la actora^[15], este Tribunal Electoral, infiere que la Regidora impugna, actos atribuibles a las autoridades responsables, consistentes en:

a) La omisión por parte de las autoridades responsables de proporcionarle la información y documentación solicitada el veintisiete de julio y que consideraba necesaria para votar el Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal dos mil veintiséis, del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán.

b) Que, derivado de la omisión referida, no contó con la información idónea y completa para participar de manera efectiva en la revisión, discusión y votación del punto registrado con el número ocho, en el orden del día de la sesión ordinaria de cabildo, relativo al análisis y aprobación del Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal dos mil veintiséis, del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

Las causales de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional y, por tratarse de cuestiones de orden público^[16], su estudio es preferente y su examen puede ser incluso oficioso, con independencia de que lo aleguen o no las partes, pues de actualizarse alguna de ellas, se haría innecesario estudiar el fondo de la litis.

Al respecto, las autoridades responsables al momento de remitir su informe circunstanciado hicieron valer las causales de improcedencia previstas en el artículo 11 fracciones III y V de la Ley de Justicia Electoral.

1. Extemporaneidad

En consideración de este Tribunal Electoral, por lo que respecta al acto impugnado identificado con el inciso b) relativo a que no contó con la información idónea y completa para participar de manera efectiva en la revisión, discusión y votación del punto registrado con el número ocho en el orden del día de la sesión ordinaria de cabildo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 11, fracción III de la Ley de Justicia Electoral relativa a que, los medios de impugnación serán improcedentes cuando la presentación de la demanda no se realice dentro de los plazos señalados por la misma.

En relación con los artículos 9 y 74 de la Ley de Justicia Electoral que estipulan que la demanda debe presentarse dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento del acto impugnado, por lo que, debe sobreseerse la parte correspondiente, atendiendo a las consideraciones siguientes:

La propia actora reconoce en su escrito de demanda que asistió a la sesión ordinaria de cabildo, y que participó en ésta expresando su voto en contra en el punto número 8 ocho, titulado “ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-JUNIO DEL 2026, DEL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN, PARA SU ENVÍO A LA ASM”, manifestando que se le proporcionó la información incompleta evidenciando la información básica y necesaria para el estudio de este Segundo Informe Trimestral que presentó el veintisiete de julio; que no tuvo acceso oportuno a documentación e información básica para realizar la función de revisar y supervisar la integración de este segundo informe trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal 2026, refiriendo que de la información que se le proporcionó realizó observaciones, solicitando que atendieran y remitieran sus observaciones a la autoridades competentes así como la incorporación de su voto y adjuntaran como anexo el Acta correspondiente.

Tal como se desprende de la copia certificada que obra en autos del Acta de Sesión Ordinaria 016 del Ayuntamiento, de veintiocho de julio^[17], en la que se advierte en el Acuerdo 6, que la actora teniendo el voto en contra del punto 8 del orden del día, tomó la palabra para dar lectura y hacer entrega del mismo, dirigido a los integrantes del Ayuntamiento, el cual, anexó a dicha acta y a su vez, asentó de puño y letra: “FIRMO EN CONTRA EN EL PUNTO 8. ANEXO DOCUMENTACIÓN. EN ASUNTOS GENERALES RECIBO INFORMACIÓN DE SOLICITUD 27-JULIO-26 PARA ANÁLISIS Y REVISIÓN”, junto con su firma.

Documentales públicas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, fracción III y 22, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral, cuentan con valor probatorio pleno, al ser expedida por un funcionario facultado para certificar los actos de competencia municipal, en términos del artículo 69, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal.

De lo anterior, se puede advertir que el desarrollo de la sesión ordinaria de cabildo en la que la actora aduce la irregularidad reclamada fue el veintiocho de julio y fue hasta el veinticuatro de agosto, que ésta presentó su escrito de demanda ante este órgano jurisdiccional.

Bajo este orden de ideas, es evidente que el plazo de cinco días que establece el mencionado dispositivo 9 de la Ley de Justicia Electoral, transcurrió del veintinueve de julio al cuatro de agosto^[18]; en tanto que la fecha de presentación del juicio de la ciudadanía fue hasta el veinticuatro siguiente, lo que hace evidente que se presentó fuera del plazo previsto por la ley^[19].

Para mayor claridad se ilustra el siguiente cuadro esquemático:

Conocimiento del acto impugnado	Inicio de término para impugnar	Días inhábiles	Fenece término para impugnar	Presentación de la demanda
Martes 28 de julio	Miércoles 29 de julio	Sábado 1 y domingo 2 de agosto.	4 de agosto	24 de agosto

Por lo que, resulta evidente que el presente juicio de la ciudadanía es extemporáneo respecto de la irregularidad aducida por la actora sobre que no contó con la información idónea y completa para participar de manera efectiva en la revisión, discusión y votación del punto registrado con el número ocho en el orden del día de la sesión ordinaria de cabildo, relativo al análisis y aprobación del Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal dos mil veintiséis (2026), del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, toda vez que, la presentación de la demanda se efectuó una vez fenecido el plazo legal.

En ese sentido, se estima oportuno precisar que, si bien al momento en que se realizó la sesión ordinaria de cabildo pudiera estar actualizada la omisión de entrega de información (que se trata de una cuestión de tracto sucesivo), lo cierto es que, el hecho de haber votado el punto relativo al Segundo Informe Trimestral implica la generación de un acto distinto (consistente en que votó sin la información necesaria), por lo que, al ser ese acto conocido o realizado en fecha determinada, es que debió impugnarlo dentro del plazo de los cinco días.

Ahora bien, es importante resaltar que, si bien el artículo 17 párrafo segundo, de la Constitución General reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo, dichos principios encuentran como limitantes las propias causales impuestas por la normativa respectiva, las cuales establecen una serie de requerimientos necesarios para el debido trámite y resolución del asunto.

Así pues, y al haber sido admitido el presente juicio, lo procedente es sobreseerlo, únicamente respecto del inciso b) del apartado de actos impugnados, con fundamento en el artículo 12, fracción III de la Ley de Justicia Electoral.

Desestimándose la causal de improcedencia respecto al acto impugnado identificado con el inciso a), al ser una omisión que se considera de tracto sucesivo, es decir, que se actualizan de momento a momento mientras ésta persista^[20].

Conviene enfatizar que este Tribunal Electoral distingue entre el acto consumado consistente en la falta de entrega oportuna de documentación para la Sesión Ordinaria de Cabildo (respecto del cual precluyó el derecho de la actora al haber transcurrido en exceso el plazo de cinco días contados a partir de su celebración) y la omisión de dar respuesta formal al escrito de petición de veintisiete de julio. En efecto, conforme al criterio reiterado por la Sala Superior^[21], las omisiones de respuesta constituyen violaciones de tracto sucesivo cuya afectación se renueva día a día mientras subsista la abstención de la autoridad; por ende, el plazo legal de impugnación se actualiza en forma continua de momento a momento, resultando plenamente procedente el estudio de fondo en cuanto al segundo motivo de disenso.

1. Falta de interés jurídico y falta de definitividad

No obstante, el sobreseimiento por lo que ve al acto impugnado identificado con el inciso b); con respecto al primer acto, se tiene a las autoridades responsables haciendo valer la improcedencia del medio de impugnación, por la falta de interés jurídico de la actora y la de no agotar las instancias previas para la solución de conflictos al interior del Ayuntamiento, previstas en el artículo 11 fracciones III y V de la Ley de Justicia Electoral.

Al respecto, las referidas causales se desestiman, dado que las autoridades responsables se limitaron a señalar genéricamente el numeral y fracciones de la ley de Justicia Electoral, sin precisar o argumentar las circunstancias o hechos del por qué consideran que deban actualizarse.

Ello, dado que, en seguida de dicha manifestación, en su informe circunstanciado, de inmediato procede a dar contestación a los agravios hechos valer por la parte actora. De ahí que, se desestime los dichos de las responsables.

En consecuencia, será motivo de estudio de fondo únicamente el acto impugnado identificado con el inciso a) del apartado respectivo.

 

VI. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

El presente juicio de la ciudadanía reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 9, 10, 13 y 15, fracción IV, 73 y 74 inciso c) de la Ley de Justicia Electoral, como a continuación se precisa:

1. Oportunidad. Se considera oportuna la demanda, atendiendo a que se reclama una presunta omisión y, por consecuencia, se considera de tracto sucesivo, es decir, se actualiza cada día que transcurre, por lo que el plazo legal para impugnarlo no vence mientras subsista la obligación de la responsable y en tanto no se demuestre haber cumplido con tal responsabilidad^[22].

2. Forma. Se satisface, debido a que la demanda se presentó por escrito y se precisó el nombre, firma y carácter con que comparece a juicio la actora; el domicilio para recibir notificaciones; se identificó el acto impugnado, las autoridades responsables, se expusieron los hechos en los que se basa la impugnación, los agravios y preceptos presuntamente violados y se ofrecieron pruebas.

3. Legitimación. Se satisface este requisito, pues de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción I, 15 fracción IV y 74 inciso c) de la Ley de Justicia Electoral, la demanda es promovida por una ciudadana en cuanto Regidora del Ayuntamiento, quien se encuentra facultada para promover el medio de impugnación que se analiza. Además de habérsele reconocido por las autoridades responsables al momento de presentar su informe circunstanciado.

4. Interés jurídico. De igual forma se encuentra colmado dicho requisito, ya que existe la condición de una afectación real y actual en la esfera jurídica de la actora, y consecuentemente, a su derecho político-electoral del desempeño del cargo. Por tanto, es claro que cuenta con interés jurídico para promover el presente medio de impugnación^[23].

5. Definitividad. Se tiene por cumplido, porque no existe medio de defensa que la justiciable deba agotar previo a acudir a esta instancia.

VII. ESTUDIO DE FONDO

Planteamiento del problema

La actora se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables, en darle respuesta a su escrito de solicitud, misma que considera necesaria para el ejercicio de sus funciones como regidora del Ayuntamiento.

También refiere una serie de conductas sistemáticas en detrimento de su derecho político-electoral a desempeñar el cargo en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación de la mujer.

Lo anterior lo sustenta, de manera medular, en los siguientes motivos de disenso^[24]:

1. Omisión de las autoridades responsables de dar contestación a la solicitud, lo que vulnera su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo como regidora del Ayuntamiento.
2. Refiere que las conductas omisas de no proporcionarle la información solicitada tienen la intencionalidad de mermar su participación efectiva en las decisiones y funciones de supervisión de cabildo, y de manera particular en la vigilancia y supervisión de presupuestos de egresos del ejercicio fiscal 2026 y, en consecuencia, del contenido del segundo informe trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal de 2026.
3. Las autoridades responsables realizaron actos sistemáticos de exclusión y discriminación que vulneran su derecho político-electoral de ejercer de su cargo en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación de la mujer en la vida política y pública.

Agravios que serán analizados los primeros dos de manera conjunta por su relación y el tercero en forma separada, sin que ello le genere algún perjuicio a la actora, ya que lo importante es que se estudien la totalidad de sus motivos de disenso^[25].

Pretensión

Por tanto, la pretensión de la actora radica en que este Tribunal Electoral declare fundada la omisión planteada y se le restituya su derecho político-electoral bajo la vertiente de ejercicio del cargo que aduce fue vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las autoridades responsables le hagan entrega de la información solicitada.

Así como que se declare la existencia de una vulneración a su ejercicio del cargo por parte de las autoridades responsables, al no permitirle desempeñarse en igualdad de condiciones por ser mujer y, en consecuencia, la comisión de actos sistemáticos en perjuicio del ejercicio del cargo que ostenta.

Cuestión jurídica por resolver

De lo anterior se concluye que la cuestión jurídica a resolver consiste en determinar si, efectivamente, las autoridades responsables incurrieron en una omisión de dar respuesta a la solicitud y, derivado de ello, si se actualizó una afectación a su derecho político-electoral del desempeño del cargo; asimismo, determinar la existencia o no de actos sistemáticos de discriminación en su perjuicio por razón de género.

Marco normativo

Derecho de acceso y ejercicio del cargo

En principio, como lo ha señalado la Sala Superior, el derecho a ser votado no se circunscribe a la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular en un proceso electoral, sino que también incluye el que pueda, de resultar electo o electa, ocupar dicho cargo y mantenerse en él, así como el ejercicio y disfrute de los derechos inherentes al mismo^[26].

Lo anterior, se traduce en que el derecho a ser votado debe ser garantizado, a fin de que el cargo obtenido sea efectivamente asumido y que, durante él, no se impida, obstaculice o dificulte su adecuado desarrollo^[27].

Por tanto, resulta inconcuso que el derecho de la ciudadanía para ocupar el cargo para el que fueron electos, así como su permanencia y ejercicio, debe ser objeto de tutela judicial mediante el juicio de la ciudadanía, que es el medio jurisdiccional establecido por el legislador para ese efecto.

Derecho a solicitar información

El derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución General^[28], garantiza la existencia de canales de comunicación entre la sociedad y las personas integrantes del servicio público en su carácter de autoridades.

En materia política, el derecho de petición se encuentra reconocido específicamente en el artículo 35 fracción V de la Constitución General, el cual recoge de forma implícita el derecho a la información y a participar en asuntos políticos.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que este derecho constituye un instrumento de participación ciudadana en los asuntos públicos, que se configura como una herramienta de exigibilidad y justiciabilidad para garantizar cualquier derecho frente a la estructura estatal^[29].

Tratándose de personas que ocupan un cargo de elección popular, las peticiones que presenten requieren de una protección especial o reforzada, dado que lo solicitado guarda íntima relación con la colectividad que representan^[30].

De tal modo, que la falta de respuesta a sus peticiones implica realizar un examen para determinar si existe o no una afectación al libre ejercicio y desempeño del cargo de que se trate.

Por ello, se considera que las solicitudes de información, documentación o gestiones que realice una persona que ostenta un cargo de representación popular, deben ser entendidas como un instrumento para su pleno desempeño.

Esto, porque la salvaguarda del derecho al desempeño del cargo implica velar no solo porque se brinde una respuesta ante una solicitud, sino que tiene alcances más amplios, consistentes en proporcionar las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones y garantizar de forma potenciada, atento al cargo que ostenta, la posibilidad de requerir y obtener la información, documentación y respuesta a las solicitudes y peticiones para la toma de decisiones en favor de la ciudadanía^[31].

Aunado a lo anterior, el derecho de petición engloba el deber de las y los funcionarios públicos de contestar una solicitud de información, cuando sea planteada por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Para lo cual, la autoridad competente debe dar respuesta por escrito y comunicándola al peticionario de manera debida y fehaciente, en un breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al promovente.

Sin que exista obligación de contestar en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de acuerdo con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por una diversa^[32].

En tales circunstancias, es dable concluir que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud formulada es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo en comento, lo que precisa la necesidad de analizar la legalidad de la notificación que se realice para hacer del conocimiento de la o el servidor público la respuesta de su solicitud.

Se expone tal afirmación, porque precisamente la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada, es decir, que aun cuando se haya dictado la resolución respectiva, si ésta no fue notificada debidamente, provoca en principio, la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición.

En ese orden de ideas, basta que quien promueve alegue que no tiene conocimiento de la respuesta emitida para que la persona juzgadora tenga la obligación de examinar si la contestación se emitió y fue notificada al peticionario; proceder que le impone, a su vez, el deber de examinar no solamente la existencia de la constancia de una notificación, sino también, si ésta reúne las formalidades legales o los elementos jurídicos mínimos que determinan su existencia y cumplimiento de su cometido, que es, sin lugar a dudas, hacer del pleno conocimiento de la o el solicitante la determinación dictada respecto de su petición.

En suma, para cumplir con el derecho de petición^[33], deben acaecer las circunstancias siguientes:

a) Recepción y tramitación de la petición.

b) Evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido.

c) Pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara, precisa y congruente con lo solicitado.

d) Su comunicación al interesado.

Facultades de las regidurías

Los artículos 115 de la Constitución General, 15 y 111 de la Constitución Local, refieren que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre, que constituye un órgano colegiado deliberante y autónomo, electo de manera directa por el pueblo y responsable de gobernar y administrar cada municipio, en cuanto a que representan la autoridad superior en los mismos.

Para ello, cada municipio es gobernado por un ayuntamiento, integrado a su vez por un presidente o presidenta municipal, el número de regidurías y sindicatura que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad, electas popularmente.

Al respecto, los artículos 14, 17 y 22 de la Ley Orgánica Municipal, prevén que el ayuntamiento es un órgano colegiado responsable de gobernar y administrar cada municipio y representan la autoridad superior en los mismos, está integrado por una presidenta o presidente municipal –representante y responsable directo del gobierno y de la administración pública municipal–, un cuerpo de regidoras y regidores y una síndica o síndico; quienes deben tomar posesión de su cargo, en un acto solemne y público, el primero de septiembre del año de su elección.

En cuanto a su funcionamiento, acorde con el numeral 48 de la Ley Orgánica Municipal, establece que para estudiar, examinar, resolver los problemas municipales, así como vigilar que se ajusten a las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se designarán comisiones colegiadas entre sus integrantes; para ello, es necesario que cuenten con la información que les sea necesaria, misma que podrán solicitar, tanto a los servidores municipales responsables de las áreas de su vinculación o de manera directa al presidente.

Además, respecto a las facultades de las regidurías, previstas en el ordinal 68 de la Ley Orgánica Municipal, entre otras, se establece la de analizar, discutir y votar los asuntos que se sometan al Cabildo del Ayuntamiento en las sesiones, así como solicitar y recibir toda la información sobre los asuntos que se tratarán en las sesiones, participar en la supervisión de los estados financieros y patrimonial del municipio, así como de la situación en general del Ayuntamiento, vigilar que se cumplan las disposiciones que le establecen las disposiciones aplicables y con los planes y programas municipales.

Por lo tanto, la función de las regidurías conlleva a la realización de diversos principios vinculados con su derecho político-electoral de ser votados en la vertiente del desempeño del cargo y que son los de una efectiva representación política, vigilancia de los recursos públicos, deliberación política, rendición de cuentas y transparencia, para lo cual además se debe contar con un acceso a la información plural y oportuna.

Esto último, consagrado además en el arábigo 6 de la Constitución General, que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad –incluida la municipal– es pública y solo podrá ser reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo siempre el principio de máxima publicidad; siendo además el acceso a la información un derecho fundamental para el adecuado desempeño de las funciones, en este caso, de las regidurías.

Y es que, el acceso a la información se maximiza volviéndose fundamental para el desempeño de las funciones -vigilancia y decisión-, y es que no verlo así implicaría que dichos funcionarios en cuanto servidores públicos, no contarán con la información necesaria para el desempeño de su función y carecer de elementos para decidir sobre la representación política que ejercen y que les fue mandatada constitucional y legalmente^[34], por lo que dentro de sus facultades pueden requerir la información necesaria para poder opinar y actuar en la gestión pública, dentro del marco de sus atribuciones^[35].

En tal virtud, la falta de respuesta a sus peticiones implica realizar un examen para determinar si existe o no una afectación al libre ejercicio y desempeño del cargo que, en su caso, ejerza.

En ese contexto, para tener por vulnerado el derecho político-electoral a ser votada, bajo la vertiente del desempeño del cargo, como lo ha sostenido este Tribunal Electoral^[36], resulta necesario evidenciar que existió la petición vinculada al desempeño efectivo de su cargo por parte de la actora y el incumplimiento por la responsable, pues de esta manera se vería la posible transgresión o no del derecho que aquí se dilucida.

Juzgar con perspectiva de género

El análisis del presente medio de impugnación se efectuará utilizando la perspectiva de género, metodología que reconoce la situación de desventaja en la cual las mujeres se han encontrado, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en relación con la posición y rol que debieran asumir^[37].

En ese sentido, al juzgar se deben considerar las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad de las mujeres. Esto impone cuestionar prejuicios o estereotipos, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen la discriminación -pobreza, barreras culturales o lingüísticas-^[38]. Así también, supone en términos generales, que quienes juzgan deben remediar, oficiosamente, potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico o las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las mujeres^[39].

De igual forma, se tomará en cuenta lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la Recomendación General número 23, con la finalidad de que se garanticen las condiciones de una participación política plena de las mujeres en igualdad sin discriminación.

Caso concreto

En principio, resulta necesario precisar que para tener por vulnerado el derecho político-electoral de la actora, por un lado, es primordial tener por acreditada la existencia de la solicitud vinculada al desempeño efectivo de su cargo como regidora del Ayuntamiento. En segundo término, la existencia de la omisión de las autoridades responsables de contestar tal solicitud. Lo anterior, a efecto de contar con los elementos para analizar la posible transgresión o no de su derecho político-electoral invocado.

5.1. Existencia de la solicitud de información de la actora

En ese sentido, se le concede valor probatorio pleno a la documental ofrecida por la actora anexada en su escrito de demanda, consistente en la copia simple del acuse del escrito recibido por las autoridades responsables el veintisiete de julio, del que se desprenden tres sellos, de la Presidencia Municipal, de la Secretaría Municipal y de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento.

Ello, de conformidad con lo establecido por los artículos 16, fracción, II y 22, fracción IV, de la Ley de Justicia Electoral, siguiendo el criterio de la Sala Superior en el cual dejó al arbitrio de la persona juzgadora el valor probatorio que debe concedérsele a dichos medios de convicción^[40], al tratarse de un sistema de valoración libre, pese a tratarse de copias fotostáticas (documentales privadas), toda vez que las mismas son adminiculadas con el reconocimiento de la existencia de dicha solicitud que realizaron las autoridades responsables en su informe circunstanciado.

Con base en dicha documental, se tiene acreditado que la actora realizó una solicitud de documentación e información a las autoridades responsables, misma que se relaciona con aspectos inherentes al ejercicio de su cargo como regidora, pues guarda relación con la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticinco, respecto los ingresos, egresos, deuda y situación patrimonial del Ayuntamiento, como se advierte a continuación:

“…

1. Informe detallado por escrito respecto al Anexo 2: Relación de obras ejecutadas al segundo trimestre del 2026, el avance de cumplimiento de metas de la obra identificada como MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS; además, cuanto ha pagado de esta Obra y quienes los contratistas, las facturas pagadas, un desglose de los gastos pagados con motivo de la ejecución de la obra, indicando en que Localidades se ha ejecutado dicha obra. Esta información la requiero para el análisis del Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio 2026.
2. Informe detallado por escrito respecto del Anexo 2: Relación de Obras ejecutadas al segundo trimestre del 2026, el Avance de cumplimiento de metas de la Obra identificada como REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINOS SACOSECHAS EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS; además, cuanto ha pagado de esta Obra y quienes son los contratistas que hacen la obra, las facturas pagadas, un desglose de los gastos pagados con motivo de la ejecución de la obra, indicando en que Localidades se ha ejecutado dicha obra. Esta información la requiero para el análisis del Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio 2026.
3. Informe detallado por escrito respecto del Anexo 2: Relación de Obras ejecutadas al segundo trimestre del 2026, el avance del cumplimiento de metas de la Obra identificada como REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA CEJA; además, cuanto ha pagado de esta Obra y quienes son los contratistas que hacen la obra, las facturas pagadas, un desglose de los gastos pagados con motivo de la ejecución de la obra. Esta información la requiero para el análisis del Segundo Informe Trimestral de la cuenta pública municipal del ejercicio 2026.
4. Informe detallado por escrito respecto del Anexo 2: Relación de Obras ejecutadas al segundo trimestre del 2026, el Avance de cumplimiento de metas de la Obra identificada como REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS; además, cuanto ha pagado de esta Obra y quienes son los contratistas que hacen la obra, las facturas pagadas, un desglose de los gastos pagados con motivo de la ejecución de la obra, indicando en que Localidades se ha ejecutado dicha obra. Esta información la requiero para el análisis del Segundo Informe Trimestral de la cuneta pública municipal del ejercicio 2026.

…”

Información que este órgano jurisdiccional considera relacionada con las atribuciones y derechos inherentes al cargo que actualmente desempeña como regidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 68, fracciones III, VII y IX de la Ley Orgánica Municipal, ya que se vincula con el ejercicio de su función, como es la de vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones aplicables, participar en la supervisión de los estados financieros y patrimoniales del Municipio y de la situación, en general, del Ayuntamiento.

5.2. Omisión de dar respuesta

Este Tribunal Electoral determina que existe omisión de dar respuesta a la Solicitud de información que presentó la actora, por las razones que se exponen a continuación.

En principio, es importante resaltar que las autoridades responsables, al rendir su informe circunstanciado^[41] de manera conjunta, señalaron que la Solicitud de información presentada por la actora, sí fue debidamente atendida a través del escrito de veintiocho de junio, signado por el Director de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento, con sello de recibido de veinte de agosto, por medio del cual da respuesta, precisando que, “se le hace entrega de la información solicitada respecto a las obras denominadas…”.

Si bien es cierto, las autoridades responsables en su informe circunstanciado adjuntaron el oficio por medio del cual el Director de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento, informa a este Tribunal Electoral que dio respuesta a la actora.

Sin embargo, debe precisarse que, del acuse de recibo del oficio, únicamente se advierte un sello que dice: “RECIBIDO REGIDORES, 20 AGO. 2026 EPITACIO HUERTA, Sigamos Mejorando H. AYUNTAMIENTO 2024-2027”, esto es, no se advierte quién recibió el oficio y su cargo dentro del ayuntamiento para tener certeza, de que a la parte actora se le hubiere entregado la información solicitada, tal y como se puede apreciar de la imagen siguiente:

Documental pública que cuenta con valor probatorio pleno, al haber sido expedida por una autoridad municipal; en términos de los artículos 17, fracción III, en relación con el 22, fracción II de la Ley de Justicia Electoral, la cual es de entidad probatoria suficiente para acreditar que las autoridades responsables, no atendieron la Solicitud de información que en derecho de ejercicio del cargo de elección popular y en su calidad de Regidora del Ayuntamiento, formuló la actora, ello conforme a las consideraciones siguientes:

Con esta constancia remitida por las autoridades responsables, este Tribunal Electoral considera insuficiente para estimar que le dieron respuesta a la Solicitud de información realizada por la actora.

Además, es importante señalar que, en el escrito de solicitud de información, expresamente la parte actora señaló: “pido se me proporcione de manera personal y de manera expresa manifiesto que no autorizo a ninguna persona las reciba en mi nombre y representación”, esto es, no autorizaba a ninguna persona para recibirla, ni para atender a su nombre ninguna notificación, como se desprende de la siguiente imagen.

De la constancia remitida por las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional advierte dos situaciones, la primera es que se trata de un documento que por su naturaleza constituye una prueba documental pública, por ser expedida por una autoridad municipal, con valor probatorio pleno, y la segunda es que no se atendió la solicitud de información en los términos en los que fue solicitado.

Al respecto, la Sala Toluca ha reiterado en diversos precedentes, por ejemplo, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ST-JDC-275/2025, que el derecho de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo se puede considerar satisfecho, cuando existe certeza de que la notificación se realizó de manera personal a la persona destinataria, lo que en el caso concreto no ocurrió, ya que si bien el documento que se considera como un acuse del oficio entregado en la oficina de regidores, lo cierto es que con esa constancia no se puede tener por acreditado que la parte actora se impuso de esa información, pues como se indicó anteriormente únicamente se advierte un sello que dice “RECIBIDO REGIDORES, 20 AGO. 2026 EPITACIO HUERTA, Sigamos Mejorando H. AYUNTAMIENTO 2024-2027”, en consecuencia, como lo sostuvo la Sala Toluca en el juicio ST-JDC-241/2025, las autoridades responsables debieron verificar que efectivamente la actora hubiera recibido la información solicitada.

Pues, si bien las autoridades responsables adjuntaron en su informe circunstanciado el oficio que fue entregado en la oficina de regidurías, de este no se advierte que haya sido recibido por la persona actora que solicitó la información, sin dejar de advertir que en el caso de ese Ayuntamiento existe particularidades con la actora respecto a la entrega de información en relación con las solicitudes que ha realizado.

Por lo anterior y dado que, no existe constancia que la parte actora haya acusado de recibo esa documentación a fin de poder acudir a imponerse de la información solicitada, circunstancia que debió ser verificada por las autoridades responsables, para poder tener por atendida la solicitud de información realizada por la actora.

Maxime que, de la vista concedida a la actora respecto de las constancias, así como de su informe circunstanciado remitidos por las autoridades responsables, del oficio que refieren se dio respuesta, manifestó que: “la suscrita en ningún momento he recibido el oficio número OP/087/2026 signado por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta”^[42].

Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que las autoridades responsables en su informe circunstanciado refieren que además del oficio de respuesta a la solicitud que supuestamente le fue entregado a la actora, señalan que el veintisiete de agosto, fue notificada de manera verbal en las instalaciones de la dirección de Obras Publicas del Ayuntamiento, en la que puntualizan que se le indicó que la información se encontraba a su disposición para que fuera recogida en la misma y que no obstante ello, la información solicitada ya no era su deseo acceder o recibirla, sin acreditar su dicho.

Además, respecto a dejar a disposición información solicitada, este Tribunal Electoral^[43] siguiendo los criterios de la Sala Toluca^[44] también se ha pronunciado al respecto, en ese sentido, ha reiterado que resulta suficiente que se deje a disposición de las regidurías la información que solicitan en ejercicio de sus funciones para que se considere respetado su derecho a ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo.

Sin embargo, para poder dejar a disposición la información solicitada, debieron las autoridades responsables asegurarse de cumplir con los elementos mínimos que implica el derecho de petición; por ejemplo, que la respuesta a la actora fuera recibida de manera personal tal y como fue solicitada, pues, como ya se dijo en párrafos precedentes, respecto a lo insatisfactorio del sello de recibido. Ello, acorde con la razón esencial de la jurisprudencia de la Sala Superior 2/2013, de rubro: PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL PETICIONARIO.

Con base en lo hasta aquí referido, para este Tribunal Electoral, no se cumple con los elementos establecidos en la jurisprudencia 39/2024 de la Sala Superior, y en consecuencia no satisface el derecho de acceso a la información de la actora consagrado en los artículos 8 y 35, fracción V, de la Constitución General.

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las autoridades responsables, para acreditar su manifestación hicieron referencia a una prueba testimonial, lo cierto es que no puede ser valorada por este órgano jurisdiccional, pues la misma mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre, no fue admitida al no cumplir con los requisitos procesales establecidos en el artículo 16, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral.

Por otra parte, también obra en autos el “ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 016 DEL H. AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN, DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE JULIO DE 2026^[45]”, en la cual, en asuntos generales se da cuenta con la Solicitud de información presentada por la actora, asentándose “EN ESTE ACTO SE ENTREGÓ A LA SOLICITANTE DE MANERA PERSONAL LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE LA REFERIDA SOLICITUD, SIN QUEDAR PENDIENTE NINGÚN PUNTO POR ENTREGAR”.

De lo anterior, se puede advertir que en relación con el punto número ocho 8, respecto al análisis y aprobación del segundo informe trimestral correspondiente a los meses de abril-junio, del municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, para su envío a la Auditoria Superior de Michoacán, misma que se relaciona con la Solicitud de la actora^[46], no fue entregada, tan es así que la propia promovente en la mencionada sesión expresa y adjunta su voto en contra, manifestando entre otras cuestiones que, la información del informe de la cuenta pública de mérito, está incompleta: “…pues no se ha proporcionado toda la información que es parte de esta Cuenta Pública Trimestral puesta a consideración del Pleno del Ayuntamiento: esta circunstancia se evidencia con la solicitud de información básica y necesaria para el estudio de este Segundo Informe Trimestral que presenté el 27 de julio de esta anualidad…”

Asimismo, al momento de firmar el acta, en la primera foja, asienta a un lado de su firma: “FIRMO EN CONTRA EN EL PUNTO NÚMERO 8. ANEXO DOCUMENTACIÓN”, tal cómo se aprecia en la imagen siguiente:

También, en relación con el punto de asuntos generales, el cual, es el relativo a la solicitud de información realizada por la actora, como se puede advertir de la mencionada acta^[47], precisan que en ese acto, se entrega a la solicitante de manera personal la totalidad de la información y documentación correspondiente a los puntos del 1 al 7 de su petición; al respecto, la promovente manifestó que: “recibo la información de solicitud 27-julio-26 para análisis y revisión, tal y como se advierte de la imagen que antecede, lo que, de igual forma evidencia que no se tiene la certeza de que efectivamente se le haya entregado la información.

Y, al momento de aprobar el mencionado punto del orden del día, se determina que se aprueba por mayoría de votos el segundo informe trimestral correspondiente a los meses de abril-junio, teniendo el voto en contra de la actora, evidenciando también en ese acto su inconformidad por no contar con la información solicitada.

Por ello, y aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional vincula la exigencia de notificación personalísima con el derecho de petición tutelado por el artículo 8 de la Constitución General en favor de las y los representantes populares de elección popular, lo que es acorde con los precedentes ST-JDC-275/2025 y ST-JDC-241/2025 de la Sala Toluca, ya referidos con antelación, pues la sola existencia de un sello receptor genérico en la ‘oficina de regidores’ o el simple hecho de ‘poner la información a disposición’ en estancias administrativas, no satisface la carga probatoria ni genera certeza de que la respuesta y sus anexos hayan sido efectivamente del conocimiento directo de la persona destinataria. Esto, al tratarse de insumos indispensables para el escrutinio, supervisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, ya que correspondía al Ayuntamiento acreditar de manera fehaciente que la Regidora actora se impuso personalmente de la documentación requerida.

En ese sentido, las autoridades responsables debieron proveer lo conducente a efecto de garantizar que la actora tuviera o en su caso se impusiera de manera efectiva de la información que supuestamente le fue entregada y dejada a disposición en las instalaciones de la dirección de Obras Públicas, como lo refieren en su informe circunstanciado.

En consecuencia, este Tribunal Electoral determina la existencia de la vulneración al derecho político-electoral del desempeño del cargo de la actora como regidora del Ayuntamiento, al haberse acreditado que la Solicitud de información presentada a las autoridades responsables no fue atendida, por lo que se actualiza omisión impugnada y de ahí lo fundado de los agravios identificados con los números 1 y 2 en el apartado respectivo.

En otro orden de ideas, no pasa inadvertido que la actora aduce una violación a su derecho del ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación de la mujer en la vida política y pública, por la sistematicidad de conductas desplegadas por las autoridades responsables.

Lo que pretende acreditar mediante diversas sentencias emitidas por este Tribunal Electoral en los Juicios Ciudadanos TEEM-JDC-192/2024, TEEM-JDC-272/2024, TEEM-JDC-276/2024 y TEEM-JDC-051/2025, TEEM-JDC-164/2025, TEEM-JDC-165/2025, TEEM-JDC-166/2025, TEEM-JDC-167/2025, TEEM-JDC-233/2025 y TEEM-JDC-258/2025.

Por lo anterior, aduce una vulneración en su perjuicio, de lo dispuesto en los artículos 1, 4, 6, 35 fracciones II y V y 115 de la Constitución General; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer; Recomendación General 23 y 40 Sobre la Mujer en la vida política y pública.

Derivado de lo anterior y, atendiendo a la obligación de este Tribunal Electoral de adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación y obstáculos que impidan el libre desarrollo de las mujeres en condiciones de igualdad, lo procedente es dar vista de la demanda que dio origen a este juicio de la ciudadanía, para que el Instituto Electoral de Michoacán, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo procedente, por cuanto hace a la posible comisión de actos de exclusión y discriminación en las condiciones del ejercicio de su cargo, por la sistematicidad de conductas desplegadas por las autoridades responsables.

Sin que tal determinación implique prejuzgar sobre la procedencia del respectivo procedimiento sancionador, y en su momento la presunta comisión o responsabilidad imputada a las autoridades responsables^[48]. 

Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que remita al referido Instituto copia certificada del escrito de demanda, sus anexos y la presente sentencia.

VIII. EFECTOS

A fin de restituir a la actora en el derecho de petición, acceso a la información y de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo que le fue vulnerado, se ordena:

• 1. Al Presidente Municipal, Secretario y Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento, para que entregue a la actora, la información y documentación en copia certificada que les fue solicitada en términos del escrito de solicitud de veintisiete de julio, dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente sentencia.

Lo anterior, adoptando las medidas necesarias y suficientes que garanticen efectivamente que la persona regidora acuse de recibido el oficio por el cual se dé respuesta a la Solicitud de información.

• 1. Una vez hecho lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal Electoral dentro de los dos días hábiles siguientes, debiendo acompañar el informe con las constancias que acredite las acciones realizadas.

Lo anterior, bajo el apercibimiento para las autoridades responsables que, de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado, podrá aplicarse en su contra el medio de apremio establecido en el artículo 44 fracción I de la Ley de Justicia Electoral, consistente en una multa de hasta cien veces la Unidad de Medida y Actualización.

IX. SOLICITUD DE MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

En atención a la solicitud expresa de la actora, se estima importante señalar que este Tribunal Electoral tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, de conformidad con lo determinado en el artículo 1 de la Constitución General y su similar en la Constitución Local en nuestro respectivo ámbito de competencia.

Aunado a que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que existiría si el acto no se hubiera cometido; y su vez, las garantías de no repetición tienen como objetivo evitar que se vuelvan a cometer actos que causen alguna afectación a los derechos humanos^[49].

Así, atendiendo a lo dispuesto por la Sala Superior, el efecto directo de las ejecutorias en materia electoral debe ser la restitución de los derechos de las y los afectados, y si ello no fuese materialmente viable, debe optarse por una medida de reparación diversa, como lo pudieran ser la rehabilitación, la satisfacción y/o la garantía de no repetición, teniendo en cuenta el deber constitucional y convencional de asegurar la reparación integral a las personas que han sido objeto de un menoscabo en su esfera jurídica^[50]. 

Por lo expuesto, dado que la finalidad de las medidas de no repetición consiste en asegurar que la no reproducción de una práctica violatoria de la normatividad electoral, y, dado que en el presente juicio de la ciudadanía fue acreditada la violación al derecho político-electoral de la actora, se determina que lo conducente es apercibir a las autoridades responsables para que, en lo subsecuente, den respuesta a las solicitudes de información y documentación en término breve y oportuno, así como que sean debidamente notificadas a la actora, de manera que tengan especial atención en la eliminación de obstáculos que obstruyan el ejercicio del cargo que estos ostentan.

De lo contrario, se le impondrá a cada uno el medio de apremio previsto en el artículo 44 fracción I de la Ley de Justicia Electoral y en caso de reincidencia se les podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; esto, con la finalidad de garantizar la salvaguarda, validez y eficacia del derecho político-electoral de ser votada, en su vertiente del ejercicio del cargo, de la actora^[51].

X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En atención a la solicitud de protección de datos presentada por el apoderado legal del Ayuntamiento, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos que remita a la Unidad de Transparencia de este Tribunal Electoral la versión pública de la presente sentencia para que determine lo que en derecho corresponda; ello, en términos de los artículos 62 y 63, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, en relación con los diversos 5 al 15 de los Lineamientos para la elaboración y publicación de versiones públicas de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

XI. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se sobresee por extemporáneo el medio de impugnación únicamente por lo que ve a la Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, de veintiocho de julio, de conformidad con el apartado correspondiente.

SEGUNDO. Es existente la omisión planteada y, por ende, la vulneración al derecho político-electoral de votar y ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo de la actora.

TERCERO. Se ordena al Presidente, Secretario y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, procedan conforme al apartado de efectos del presente fallo.

CUARTO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral de Michoacán conforme a lo expuesto.

QUINTO. Se vincula a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia de este Tribunal Electoral para que, en el ámbito de sus facultades realicen la versión pública de la presente sentencia.

 

NOTIFÍQUESE. Personalmente -por correo electrónico- a la actora; por oficio al Presidente, Secretario y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán; y, por estrados a los demás interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, fracciones I, II y III, 38 y 39 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en los diversos 137, 139 y 14, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. 

 

Así, en sesión pública virtual celebrada el día de hoy, a las trece horas con cincuenta minutos, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistraturas Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor –quien fue ponente–, ante el Secretario General de Acuerdos, Víctor Hugo Arroyo Sandoval, quien autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADA PRESIDENTA AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE
MAGISTRADA YURISHA ANDRADE MORALES	MAGISTRADA ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
MAGISTRADO ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO	MAGISTRADO ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 69, fracción VII, del Código Electoral del Estado y 66, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas electrónicas que obran en el presente documento corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública celebrada el uno de octubre de dos mil veintiséis, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-087/2026, documento que consta de treinta y dos páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

1. En adelante, todas las fechas que se indiquen corresponden a dos mil veintiséis, salvo señalamiento expreso. ↑

2. Los cuales se advierten de las constancias que obran en el expediente en que se actúa. ↑

3. Fojas 23 y 24. ↑

4. Fojas de la 115 a la 121. ↑

5. Fojas 2 a la 21. ↑

6. Foja 31. ↑

7. Fojas 32 a la 34. ↑

8. Fojas 52 y 53. ↑

9. Fojas 71 y 72. ↑

10. Foja 100 y 101. ↑

11. Foja 110. ↑

12. Fojas 122 y 123. ↑

13. Fojas 133 y 134. ↑

14. Foja 154. ↑

15. Lo anterior, acorde a la tesis jurisprudencial 4/99, emitida por la Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. ↑

16. Es orientadora en lo conducente la jurisprudencia 814, intitulada: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO, consultable en materia común, en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Octava Época, página 553, que fuere emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. ↑

17. Visible a fojas 115 a la 121. ↑

18. Al respecto, es orientadora la Jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1/2009 de rubro: PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES. ↑

19. Por considerarse inhábil de conformidad con el ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO DE LABORES Y DÍAS INHÁBILES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, PARA EL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS. ↑

20. Similar criterio se sostuvo este Tribunal Electoral al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-037/2026. ↑

21. De conformidad con la Jurisprudencia 15/2011, emitida por la Sala Superior, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. ↑

22. De conformidad con la Jurisprudencia 15/2011, emitida por la Sala Superior, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. ↑

23. Resulta aplicable la Jurisprudencia 7/2002 de Sala Superior de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. ↑

24. Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia número 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. ↑

25. Lo que es acorde con lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. ↑

26. Ello, acorde con la jurisprudencia 27/2002, de rubro: DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. ↑

27. Ello, tal como lo ha establecido la misma Sala Superior, en la jurisprudencia 20/2010, intitulada: DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. ↑

28. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ↑

29. Véase la sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-1201/2019. ↑

30. Criterio que ha sostenido la Sala Regional Monterrey de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, al resolver el expediente SM-JDC-52/2020 y acumulados.  ↑

31. Conforme a la jurisprudencia 6/2011, intitulada: AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ↑

32. Como lo prevé la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. ↑

33. De conformidad con lo establecido por la Sala Superior al emitir la jurisprudencia 39/2024, de rubro: DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN. ↑

34. Al respecto, es orientadora la tesis 1ª. CCXV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. ↑

35. Ello, tal como lo determinó la Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio electoral ST-JE-17/2021. ↑

36. Por ejemplo, al resolver los juicios ciudadanos TEEM-JDC-103/2018, TEEM-JDC-022/2019, TEEM-JDC-008/2022, TEEM-JDC-040/2020 y TEEM-JDC-041/2020 acumulados, TEEM-JDC-40/2021, TEEM-JDC-282/2021, TEEM-JDC-050/2022, TEEM-JDC-056/2022, TEEM-JDC-008/2023, TEEM-JDC-045/2023, TEEM-JDC-55/2023, TEEM-JDC-008/2024, TEEM-JDC-013/2024, TEEM-JDC-023/2024, TEEM-JDC-033/2024 y TEEM-JDC-105/2024. ↑

37. Véase el Amparo Directo en Revisión 962/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ↑

38. Tesis XX/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. Para identificar acciones concretas que se deben atender al juzgar con esta perspectiva, véase la jurisprudencia 22/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. ↑

39. Tesis XXVII/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. ↑

40. Ello al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-440/2000. ↑

41. Fojas 65 y 66. ↑

42. Visible a foja 69. ↑

43. Por ejemplo, al resolver los expedientes TEEM-JDC-258-2025 y TEEM-JDC-017/2026. ↑

44. Por ejemplo, al resolver al resolver los expedientes ST-JDC-166/2023; ST-JDC-29/2023; ST-JDC130/2022 y acumulados; ST-JDC-66/202523, ST-JDC-79/2025 y ST-JDC-241/2025. ↑

45. Documental pública que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, fracción III y 22, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral, cuentan con valor probatorio pleno, al ser expedida por un funcionario facultado para certificar los actos de competencia municipal, en términos del artículo 69, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal.Visible a foja 115. ↑

46. Visibles en las fojas 23 y 24. ↑

47. Visible a foja 117. ↑

48. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en el TEEM-JDC-165/2025. ↑

49. Al interpretar el artículo 63 del Pacto de San José, así como en el caso Corte Interamericana, Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999, serie C, no. 44, párr. 72. ↑

50. Por ejemplo, en la sentencia SUP-JDC-1028/2020.  ↑

51. Similar criterio se sostuvo al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-188/2025. ↑