INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-233/2025.

INCIDENTISTA: PATRICIA PÉREZ MORALES.

AUTORIDADES RESPONSABLES: SÍNDICA Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN.

MAGISTRADO: ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR.

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA: MARÍA ALEJANDRA OFELIA ZAVALA SERRANO.

COLABORÓ: KARLA JAZMÍN GÓMEZ

TÉLLEZ.

Morelia, Michoacán, a uno de octubre de dos mil veintiséis^[1]

Resolución incidental que: I. Declara fundado el incidente de incumplimiento de sentencia respecto del acuerdo plenario emitido el veintitrés de julio y por consecuencia de la sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil veinticinco, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano citado al rubro; II. Ordena a las autoridades responsables hagan entrega a la incidentista de la información que solicitó; y, III. Conmina a las autoridades responsables para que en lo sucesivo cumplan en tiempo y forma con los efectos indicados en el acuerdo plenario y sentencia de mérito, a través del mecanismo indicado.

GLOSARIO

actora, regidora y/o incidentista:	Patricia Pérez Morales, Regidora de Epitacio Huerta, Michoacán.
Acuerdo plenario:	Acuerdo plenario de incumplimiento de veintitrés de julio.
Apoderado jurídico:	Apoderado jurídico del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Autoridades responsables:	Síndica y Secretario, ambos del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Autoridades vinculadas:	Presidente y Regidores del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Ayuntamiento:	Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Código Electoral:	Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Constitución Federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Incidente:	Incidente de incumplimiento de sentencia, presentado el diecisiete de agosto.
Incidente de aclaración:	Incidente de aclaración de sentencia, presentado el veintiocho de julio.
Incidente de imposibilidad:	Incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia, presentado el veintiocho de abril.
Incidente de incumplimiento:	2° Incidente de incumplimiento de sentencia, presentado el diez de abril.
Juicio de la ciudadanía:	Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
Ley de Justicia Electoral:	Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley Orgánica Municipal:	Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presidente:	Presidente del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Regidores:	Regidores del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Reglamento interior:	Reglamento Interior del Tribunal de Electoral del Estado.
Resolución incidental:	Resolución incidental de veintiuno de mayo.
Resolución incidental de aclaración:	Resolución del Incidente de aclaración de sentencia de veinte de agosto.
Sala Regional Toluca:	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Secretario:	Secretario del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Sentencia:	Sentencia de catorce de noviembre de dos mil veinticinco, emitida dentro del expediente TEE-JDC-233/2025.
Síndica:	Síndica del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Tesorero:	Tesorero del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.
Tribunal Electoral y/o órgano jurisdiccional:	Tribunal Electoral del Estado.
UMA (S):	Unidad de Medida y Actualización.

ANTECEDENTES^[2]

1.1. Sentencia. Este órgano jurisdiccional dictó Sentencia, en la que, esencialmente, ordenó a las autoridades responsables poner a disposición y entregar a la actora la información solicitada el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco^[3].

1.2. Resolución incidental. Este Tribunal Electoral, dictó Resolución incidental que determinó fundado el Incidente de incumplimiento interpuesto por la actora, así como infundado el Incidente de imposibilidad promovido por el Apoderado jurídico^[4].

1.3. Impugnación federal contra la Resolución incidental. El veintisiete de mayo, el Apoderado jurídico, presentó ante Sala Regional Toluca escrito mediante el cual promovió Juicio General en contra de la Resolución incidental^[5]. El diez de julio, la Sala Regional Toluca resolvió el expediente ST-JG-49/2026, confirmando la Resolución incidental controvertida^[6].

1.4. Acuerdo plenario. El veintitrés de julio, este órgano jurisdiccional emitió Acuerdo plenario, declarando el incumplimiento de la Resolución incidental, ordenando a las autoridades responsables entregar a la actora la información solicitada^[7].

1.5. Escrito de aclaración. Mediante escrito de veintiocho de julio, el Apoderado jurídico, promovió ante este órgano jurisdiccional Incidente de aclaración en contra del Acuerdo plenario^[8].

1.6. Impugnación federal contra el Acuerdo plenario. El veintinueve de julio, el Apoderado jurídico, presentó ante Sala Regional Toluca escrito mediante el cual promovió Juicio General en contra del Acuerdo plenario. El veintisiete de agosto, la Sala Regional Toluca resolvió el expediente ST-JG-79/2026, confirmando el Acuerdo plenario controvertido^[9].

1.7. Resolución incidental de aclaración. Este órgano jurisdiccional el veinte de agosto, declaró improcedente el incidente de aclaración promovido por el Apoderado jurídico.

1.8. Escrito incidental. El diecisiete de agosto, la incidentista, presentó ante este Tribunal Electoral, escrito mediante el cual promovió Incidente en contra del Acuerdo plenario^[10].

1.9. Apertura del Incidente y vista. Por acuerdo de dieciocho de agosto, se aperturó el Incidente y de ordenó dar vista a las Autoridades responsables para que manifestaran lo que a su interés legal correspondiera^[11].

1.10. Desahogo de vista. En proveído de veinticinco de agosto, se tuvo a las autoridades responsables a través del Apoderado jurídico desahogando la vista otorgada y haciendo manifestaciones respecto del Incidente^[12].

1.11. Admisión y citación para sentencia. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre, se admitió el Incidente y se citó a las partes para la resolución^[13].

II. COMPETENCIA

El Pleno de este Órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el Incidente, en atención a que la función de los tribunales no se reduce a conocer y resolver las controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino también se adiciona la de vigilar y proveer lo necesario para garantizar la plena ejecución de sus resoluciones.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 98 A de la Constitución Local; 60, 64, fracción XIII y 66, fracción III, del Código Electoral; 1, 5 y 31 de la Ley de Justicia Electoral^[14] y 113 del Reglamento Interior.

III. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

En el caso, el escrito incidental, reúne los requisitos formales y de procedencia previstos en los artículos 9,10,13, fracción I; 15, fracción IV; y 74, párrafo primero, inciso c) de la Ley de Justicia Electoral y 113 del Reglamento Interior, tal como se señala a continuación:

3.1. Oportunidad. El presente Incidente se interpuso en tiempo, en atención a que la incidentista se inconforma por la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a los efectos establecidos en el Acuerdo plenario y consecuentemente lo ordenado en la Sentencia; entonces, al ser un acto que se considera de tracto sucesivo, el plazo para hacerlo valer no ha vencido^[15].

3.2. Forma. Se satisface, debido a que el Incidente se presentó por escrito, se precisó el nombre y firma de la incidentista, señalándose además los motivos de agravio.

3.3. Legitimación e interés jurídico. El Incidente se presentó por parte legítima, toda vez que, fue la actora dentro del Juicio de la ciudadanía de origen, en su carácter de Regidora, quien lo interpuso, por lo que, tiene interés jurídico para acudir a este Tribunal Electoral a demandar el incumplimiento por parte de las autoridades responsables, de los efectos del Acuerdo plenario y en consecuencia de la Sentencia que ordenó restituirle el goce de su derecho político-electoral en la vertiente del ejercicio del cargo.

3.4. Definitividad. Se tiene por cumplido, ya que la legislación local no prevé medio de defensa diverso que deba agotarse previo a interponer la presente incidencia.

IV. ESTUDIO DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL

4.1. Objeto del incidente.

La finalidad del presente Incidente consiste en verificar si tanto el Acuerdo plenario como la Sentencia emitida por este Tribunal Electoral ha sido cumplido, lo anterior porque la materia de un incidente, relacionado con el cumplimiento o inejecución de una sentencia, se encuentra delimitada por lo resuelto en la resolución respectiva; por lo que, en su caso, solo se ordenará el cumplimiento de los efectos expresamente indicados en la misma, en estricto apego al principio de tutela judicial efectiva.

4.2. Consideraciones del Acuerdo plenario.

Del análisis que se efectúa del Acuerdo plenario, se desprende que este Tribunal Electoral, declaró el incumplimiento de la Resolución incidental, ordenando a las autoridades responsables hicieran entrega a la actora de la información, conforme a los siguientes efectos:

“…

1. Una vez notificada la resolución, de manera INMEDIATA, las autoridades responsables conjuntamente con las Autoridades vinculadas deberán convocar y realizar una sesión extraordinaria de cabildo, y en dicha sesión entregarle a la actora LA INFORMACIÓN QUE SOLICITÓ MEDIANTE OFICIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, LA CUAL DEBERÁ SER VERAZ, FIDEDIGNA Y COMPLETA, notificándola de dicha sesión de manera personal a través de los mecanismos previstos para tal efecto.
2. Incluir tal actuación en los puntos del orden del día de la referida sesión extraordinaria de cabildo, haciéndose constar en el acta que con motivo de ello se realice.
3. La información deberá ser proveída y suscrita por las autoridades responsables.
4. Se vincula a los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento, a fin de que vigilen el debido cumplimiento por parte de las autoridades responsables.
5. Se vincula a la actora, en su carácter de regidora del Ayuntamiento, para que acuda a la sesión de cabildo a recibir la información precisada.
6. Realizada la mencionada sesión de cabildo deberán comunicar a este Tribunal Electoral del cumplimiento realizado, acompañando original o copia certificada de las constancias con que se acredite, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a que ello ocurra.

…”

4.3. Agravios.

De manera medular, la incidentista señala que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo plenario, lo que hace valer al tenor de lo siguiente:

• De las constancias que obran en el expediente, no se advierten actos y decisiones eficaces y efectivas de las autoridades responsables tendentes a cumplir de manera efectiva el Acuerdo plenario, así como las resoluciones incidentales y acuerdos plenarios de incumplimiento.

Por otra parte, del escrito incidental se advierte que solicita a este órgano jurisdiccional requiera a la contraloría municipal para que informe sobre las actuaciones y procedimientos administrativos de responsabilidad que ha implementado derivado de las vistas decretadas en el Acuerdo plenario y, en su caso, verifique si dichas actuaciones contribuyen al auxilio de este Tribunal Electoral para el cumplimiento de la Sentencia.

4.4. Manifestaciones del Apoderado jurídico.

En el escrito presentado por el Apoderado jurídico el veintiuno de agosto, por medio del cual se desahogó la vista concedida a las autoridades responsables en torno a la presentación del Incidente, el mismo manifestó que, desde que se emitió el Acuerdo plenario, han desplegado de manera inmediata y documentada acciones tendentes al cumplimiento, las cuales consisten en lo siguiente:

1. Constitución de la Comisión de Cumplimiento de la Ejecutoria TEEM-JDC-233/2025 en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 016 de veintiocho de julio, integrada por la Síndica, el Secretario y el Tesorero, así como la regidora.
2. Primera Sesión de la Comisión, la cual se celebró el cinco de agosto, lo que se hizo constar en el Acta 01/2026, acordándose la celebración de una mesa de trabajo para revisar las constancias de los expedientes laborales incluyendo los doce que previamente fueron entregados a la actora.
3. Segunda Sesión de la Comisión, que se celebró el diecinueve de agosto, lo que se hizo constar en el Acta 02/2026 y en la que se hizo del conocimiento de los integrantes que se formularon dos solicitudes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en octubre de dos mil veinticuatro y diecisiete de abril, sin que se hubiere obtenido respuesta. De igual manera, se realizó la revisión de cuarenta y ocho expedientes laborales en los que el Ayuntamiento es parte.

Además, manifestó que, si bien la regidora ha acudido a las sesiones de la Comisión, su conducta durante el desarrollo de los trabajos revela una falta de buena fe y una actitud que obstaculiza el cumplimiento efectivo de la ejecutoria, pues no presentó los doce expedientes que le fueron entregados, para el análisis de las constancias y la elaboración de los formatos que solicitó en su petición original.

Aunado a que, la regidora después de dar lectura a su propuesta en la Sesión de diecinueve de agosto se retiró por lo que no permaneció presente durante el desarrollo de los trabajos de la Comisión, por lo que, su actuar constituye un indicio claro de mala fe y frivolidad.

4.5. Decisión.

Este Órgano jurisdiccional considera fundado el Incidente, por las razones que se precisan a continuación.

4.6. Justificación

Es necesario señalar que en los efectos del Acuerdo plenario se ordenó a las Autoridades responsables que una vez que este fuera notificado debían de manera inmediata, en conjunto con las Autoridades vinculadas, convocar y realizar una sesión extraordinaria de cabildo para entregarle a la actora la información que solicitó mediante oficio de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco.

Circunstancia que no aconteció, toda vez que, si bien es cierto que el Apoderado jurídico informó que el Ayuntamiento realizó actos tendentes al cumplimiento del Acuerdo plenario, como lo es que el veintiocho de julio llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo número 16, en la que en el punto de Asuntos Generales, se sometió a consideración la constitución formal de la Comisión de Cumplimiento de la Ejecutoria TEEM-JDC-233/2025^[16], aprobándose e integrándose por la Síndica, el Secretario, la regidora, el Tesorero y el Apoderado jurídico^[17]; igual de cierto resulta que tal actuación, es considerada por la actora como un acto dilatorio del Ayuntamiento, para entregarle de información; aunado a que, esta es una acción interna del Ayuntamiento, relativa a su autoorganización, específicamente a la coordinación, acciones tanto de las Autoridades responsables como de las Autoridades vinculadas para acopiar la información que no obra en poder de la actual administración, ello a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral; sin embargo, no es posible que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su constitución, integración, legalidad, objetivo, respecto de la participación o no de sus integrantes, o el resultado de las acciones realizadas por los mismos.

Ello debido a que el Ayuntamiento, tal y como se ha indicado en anteriores resoluciones emitidas en el expediente, es un organismo autónomo, con libertad de organización y acción de conformidad con la Ley Orgánica Municipal; en ese sentido aun y cuando el Apoderado jurídico haya remitido las constancias de la integración de la Comisión de cumplimiento, ello es un punto independiente respecto del cumplimiento de la Resolución incidental.

Por ello la presentación de los documentos relativos a la integración y desempeño de la mencionada comisión, solo pueden considerarse actos del Ayuntamiento tendentes a informar las acciones que ha realizado para acopiar la información solicitada, por lo que no forman parte, como ya se mencionó, del cumplimiento.

Ahora bien, mediante escrito presentado por el Apoderado jurídico el uno de septiembre^[18], informó a este órgano jurisdiccional que en sesión ordinaria de cabildo número 019 celebrada el veintisiete de agosto, dentro del punto seis del orden del día, se rindió un informe al cabildo, en el cual dio cuenta de las acciones realizadas por la Comisión de cumplimiento, entre las que destaca el análisis y revisión de cuarenta y ocho expedientes en posesión de la sindicatura.

De ese informe se advierte que se señaló que está pendiente la integración del informe solicitado por la incidentista con los datos precisados -trabajador, fecha de laudo, monto condenado, pagos efectuados y saldos- y que de faltar constancias, se definiría la ruta para allegarse de ellas, incluyendo el seguimiento a las solicitudes formuladas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que se puede advertir que aún no se entrega la información, ya que está pendiente la realización del informe con los datos solicitados por esta.

Aunado a lo anterior, el Apoderado jurídico remitió a la ponencia instructora un documento del cual se advierte que, derivado de los trabajos realizados, le proporcionó información respecto de treinta y ocho expedientes laborales tramitados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, en los que el Ayuntamiento es parte^[19], tal como se ilustra continuación:

N°	Expediente	Juicio	Actores	Laudo	Pagos
1.	517/2012	Ordinario laboral	María del Consuelo Ayala Aldama, Fernando Antonio Peguero Medina y Alejandrino Cachure Gutiérrez	María del Consuelo Ayala Aldama $20,101.90 Fernando Antonio Peguero Medina $5,536.92 Alejandrino Cachure Gutiérrez $37, 320.40	Sin pagos
2.	678/2021	Ordinario laboral	Fernando Antonio Peguero Medina y otros	Sin laudo emitido	Sin pagos
3.	1494/2015	Ordinario laboral	Alfredo Valles Alcántar	Laudo	Se cubrieron cantidades y se adeuda $325,688.8
4.	286/2012	Ordinario laboral	Nancy Cedeño Ortíz y otros	Laudo de fecha 21/10/2026	Sin pagos
5.	265/2023	Ordinario laboral	Marisela Morales Reséndiz	Sin laudo	Sin pagos
6.	679/2021	Ordinario laboral	Melitón Chaparro García y otros	Sin emisión de laudo	Sin pagos
7.	2219/2023	Ordinario laboral	Rosaura Alcantar Valles y 10 más	Sin emisión de laudo	Sin pagos
8.	2371/2023	Ordinario laboral	Mariajose Fuentes Rivera	Sin laudo	Sin pagos
9.	380/2008	Ordinario laboral	Francisco Maya Morales y otros	$12,715,437.75	Sin pagos
10.	235/2013	Ordinario laboral	María de Jesús Colín Correa	Sin laudo	Sin pagos
11.	1415/2012	Ordinario laboral	Oscar Alcantar Cuellar	Sin laudo	Sin pagos
12.	173/2014	Ordinario laboral	Jorge Terrazas Mondragón	Sin laudo	Sin pagos
13.	1118/2012	Ordinario laboral	Noé Sandoval León	Sin laudo	Sin pagos
14.	999/2012	Ordinario laboral	Pedro Nicacio Retana	Por emitir laudo	Sin pagos
15.	115/2011	Ordinario laboral	Miguel Ángel Correa Landa	Laudo de fecha 15/octubre/2015 $176,303.42	Sin pagos
16.	323/2015	Ordinario laboral	Roselia Bravo González	Laudo de fecha 08/junio/2022 $335,562.39	Sin pagos
17.	64/2013	Ordinario laboral	Adán Hernández Feregrino y Pablo Morales Jurado	Sin laudo	Sin pagos
18.	325/2011	Ordinario laboral	José Luis Loa Noguez	Se desconoce laudo	Sin pagos
19.	404/2019	Ordinario laboral	Irving Antonio Pérez Gómez y 21 más	Sin emisión de laudo	Sin pagos
20.	602/2021	Ordinario laboral	María Isabel Anaya Reséndiz y 21 más	Sin laudo	Sin pagos
21.	598/2021	Ordinario laboral	Dinora Vélazquez Romero y 4 más	Sin laudo	Sin pagos
22.	169/2025	Ordinario laboral	María Consuelo Ayala Aldama y Fernando Antonio Peguero Medina	Sin laudo	Sin pagos
23.	1020/2024	Ordinario laboral	Juan Miguel Becerra Martínez	Sin laudo	Sin pagos
24.	1647/2013	Ordinario laboral	Francisco Becerra	Se desconoce laudo	Sin pagos
25.	653/2012	Ordinario laboral	Francisco Becerra Feregrino	Demanda sin laudo	Sin pagos
26.	1833/2013	Ordinario laboral	Leonardo Correa Ruiz	Laudo $144,580.20	Sin pagos
27.	1918/2015	Ordinario laboral	Humberto Morales Zapeda	Se desconoce laudo	Sin pagos
28.	605/2012	Ordinario laboral	Rigoberto Correa Correa, Javier Reséndiz, Vicente Chaparro Pérez, Johnny Ángel Córdoba García, Amalia Sandoval Padilla, Gabriela Miranda Alcantar y Alfredo Alcantar Cervantes	Laudo de fecha 18/abril/2018 $1,383.939.5	Pagado en su totalidad
29.	1337/2012	Ordinario laboral	Jhonny Ángel Córdoba García y otros	Laudo de fecha 18/abril/2018 $1,383.939.5	Pagado en su totalidad
30.	575/2025	Ordinario laboral	Fermín Cano Cano	Sin laudo	Sin pagos
31.	831/2012	Ordinario laboral	Leonardo Correa Ruiz	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
32.	4/2020	Ordinario laboral	Alfredo Valles Alcantar	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
33.	1338/2012	Ordinario laboral	María de los Ángeles Yáñez Rodríguez	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
34.	171/2011	Ordinario laboral	Fernando Becerra Prado	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
35.	152/2011	Ordinario laboral	Gabino Rogelio Aviles Romero	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
36.	793/2019	Ordinario laboral	María Guadalupe Carrasco Castillo	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
37.	103/2019	Ordinario laboral	Miguel Chávez Barajas	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos
38.	1191/2012	Ordinario laboral	Jaime Gónzalez Barajas.	Se desconoce laudo	Se desconocen pagos

Para realizar el análisis, es de suma importancia traer a colación el contenido de la solicitud de la incidentista, a fin de verificar si la información contenida en el cuadro informativo transcrito cumple con la información que fue solicitada por la actora:

• Relación detallada de los juicios laborales tramitados en contra del Ayuntamiento del periodo que comprende del uno de septiembre de dos mil dieciocho al uno de agosto de dos mil veinticinco.
• Lista de resoluciones o laudos laborales resueltos en contra del Ayuntamiento, que contenga el nombre del trabajador, fecha de resolución, monto condenado a pagar, así como la fecha de pago, precisando el monto pagado y los laudos pendientes de pagar.

Lo anterior, a fin de verificar si la información contenida en el cuadro informativo trascrito cumple con la información que fue solicitada por la actora.

Tomando en cuenta lo mencionado, de la información que está contenida en los números 1 y 26 se advierte que es incompleta, pues aún y cuando se indica el nombre del trabajador y la cantidad a pagar debido al laudo emitido en contra del Ayuntamiento, no se precisa la fecha de la emisión de la resolución laboral.

En lo que respecta a la información identificada con el número 3, también se trata de información incompleta, ya que si bien se estipula la existencia de un laudo y el nombre del trabajador a quien debe pagarse, no se informa la fecha de su emisión y la cantidad a pagar por parte del Ayuntamiento; además de que se omite indicar cuándo se cubrieron las cantidades condenadas.

En el punto identificado con el número 4, también se señala la emisión de un laudo; sin embargo, la fecha que se señala es el veintiuno de octubre de dos mil veintiséis, por lo que es evidente que la información es errónea pues se trata de una fecha futura, además de que la misma es incompleta, ya que en el rubro de “ACTOR”, solo se indica el nombre de un trabajador y otros, sin mencionar los nombres restantes, y se omite señalar la cantidad condenada a pagar.

Del punto identificado con el número 9, se advierte que los datos están incompletos; pues si bien, se aprecia la existencia de un laudo y la cantidad condenada a pagar en este, en el rubro de “ACTOR”, solo se indica el nombre de un trabajador y otros, sin mencionar los nombres restantes, además de que no se indicó la fecha del laudo emitido.

Por lo que ve a la información que obra en los puntos 28 y 29; si bien se indica el nombre de los actores, la fecha de emisión del laudo y las cantidades condenadas, así como que estas fueron pagadas en su totalidad, pero no se informa la fecha de pago tal como lo requirió la actora en su solicitud de información; de ahí que esta es incompleta.

Al respecto, la información contenida en los apartados identificados con los números 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, si bien es relativa a juicios promovidos en contra del Ayuntamiento, y en los cuales se indica que no se tienen laudo; este Tribunal considera que no existe certeza de que los datos ahí insertos sean veraces y por ende fidedignos, toda vez que en el informe entregado a la regidora, no se cita la fuente oficial de la cual se obtuvo, ya sea de un laudo, acuerdo o notificación, y si bien se refiere que se adquirieron de los expedientes que obran en la sindicatura, no se tiene la certeza que estos estén debidamente integrados, es decir completos, toda vez que la sindicatura no es quien los emite.

De manera idéntica, sucede con los puntos señalados con los números 15 y 16, distando de los anteriormente citados, por el hecho de que en ellos se indican juicios en los que se emitieron laudos, se señala la fecha de su emisión, la cantidad a pagar y el nombre del trabajador.

Para reforzar lo anterior, debe citarse que la actora al contestar la vista de once de septiembre refirió que el informe que se le entregó y que ahora se analiza, no colma su solicitud de información, toda vez que los datos que en él se contienen no son reales, adjuntando una copia simple del laudo emitido en el expediente 517/2012, indicando que las cantidades ahí condenadas a pagar por el Ayuntamiento son discordantes de las que se insertaron en el informe.

De dicho documental, se advierte de manera indiciaria, que efectivamente las cantidades ahí asentadas y las informadas a la regidora en el informe, son distintas; circunstancia que no demuestra certeza de la veracidad de la información que en el informe se consignó.

Aunado a ello, cabe mencionar que la anterior información de conformidad con la manifestación del Apoderado jurídico es únicamente la que se recabó, a consideración del Ayuntamiento, de los expedientes que se encontraban en la sindicatura, la cual, a su decir, es incompleta derivado de la ausencia de expedientes como consecuencia de la omisión de la sindicatura pasada en entregarlos, en ese sentido existe la presunción de que los datos expuestos en el informe no son veraces, máxime que su contenido fue controvertido por la actora y del cual se advierte, por parte de este Tribunal, la existencia de inconsistencias en su integración.

Refuerza lo anterior, lo manifestado en el escrito presentado por el Apoderado jurídico, en el sentido de que en la relación de los treinta y ocho expedientes, quedaron sin llenar rubros indispensables, como – laudos cuya existencia, fecha o cuantía se desconoce; constancias de pago y la identidad completa de actores que aparecen como “Y OTROS” o “Y MAS –”, de ahí que se sostenga que la información otorgada se considere incompleta.

Entonces derivado de ello, dicha información no puede considerarse completa, veraz o fidedigna, y por tanto no cumple con el objetivo de que la regidora conozca la información que requiere para el desempeño de sus funciones, así como para ejercer el derecho que tiene de conocer la información, pues de considerarlo así no se le estaría garantizado de manera efectiva su derecho político-electoral en la vertiente del ejercicio de su cargo.

Por ello, que ante la ausencia de expedientes en la sindicatura actual, ni el Ayuntamiento ni el Apoderado jurídico, han retomado acciones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante el cual se han tramitado los juicios laborales, para obtener la información, pues el hecho de que la haya solicitado el tres de octubre de dos mil veinticuatro y el diecisiete de abril, esta última a más de cinco meses de su petición se asume que no posee intenciones de obtenerla y mucho menos de entregarla, incurriendo en un actuar negligente, el cual posterga la vulneración del derecho de la actora, sin que obste para considerarlo así que en esta fecha el Apoderado jurídico, se insiste cinco meses después de la última petición, haya presentado a este Tribunal, el acuse de un escrito presentado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán presentado también en esta fecha a efecto de solicitarle información, ya que dicha acción, no restituye a la actora del derecho vulnerado.

Por lo tanto, es evidente para este órgano jurisdiccional que, con tales acciones desplegadas, las Autoridades responsables y las vinculadas no logran acreditar que se ha materializado la entrega de la información que la incidentista solicitó y en consecuencia que hubieren cumplido con los efectos señalados en el Acuerdo plenario.

Tomando en consideración lo anterior, es factible establecer que si bien, tanto las Autoridades responsables, así como las Autoridades vinculadas realizaron actuaciones tendentes al cumplimiento del Acuerdo plenario, a consideración de este Tribunal Electoral resultan insuficientes, como ya se mencionó, para restituir el derecho de la regidora de acceso a la información para el pleno ejercicio de su cargo.

De ahí que, este Tribunal Electoral estime fundado, el agravio hecho valer por la incidentista y por consiguiente el incumplimiento de lo ordenado en el Acuerdo plenario, continuando subsistente la violación por parte de las Autoridades responsables al derecho político-electoral de la actora.

Ante dicha determinación, se ordena dar vista nuevamente al Congreso del Estado de Michoacán, a la Auditoria Superior de Michoacán, a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán y a Contraloría del Auditoria del Ayuntamiento, a fin de que tengan conocimiento y en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda.

Por último, es importante recalcar que el Acuerdo plenario, del que se determina su incumplimiento, fue confirmado por la Sala Regional Toluca, el pasado veintisiete de agosto.

En concordancia con lo expuesto y derivado del incumplimiento decretado, se determina la continuidad de la obstrucción al ejercicio del cargo de la incidentista.

V. EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS

5.1. Imposición de multas

Atendiendo a las razones de hecho y de derecho expuestas, se determina hacer efectivos los apercibimientos decretados en el Acuerdo plenario^[20], por lo que se impone una multa a la Síndica y Secretario, en cuanto autoridades responsables de doscientos cuarenta veces el valor de la UMA; así también es procedente imponer dicho medio de apremio a las Autoridades vinculadas– Presidente y Regidores- consistente en ciento sesenta veces el valor de la UMA, al no haber cumplido en tiempo y forma con lo ordenado en la Sentencia, con excepción de la Regidora actora.

Ello es así, ya que el incumplimiento de lo ordenado en la Sentencia sigue subsistente; aunado a que este órgano jurisdiccional ha dictado diversas resoluciones^[21] y emitido distintos acuerdos plenarios^[22], en los que ha determinado el incumplimiento e impuesto multas como medio de apremio, a las referidas autoridades.

De lo anterior, se puede advertir que tanto las Autoridades responsables como las vinculadas han sido reincidentes al incumplir con lo ordenado en las determinaciones emitidas por este Tribunal Electoral; de ahí que, la decisión de duplicar la cantidad de la multa impuesta en el Acuerdo plenario, se sustenta en la reincidencia en la que han incurrido dichas autoridades.

Luego, atendiendo a que el valor diario de la UMA para este año -2026-, equivale a $117.31 (ciento diecisiete pesos 31/100 M.N.), de acuerdo con la publicación electrónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía^[23], y al realizar las operaciones aritméticas correspondientes, las cantidades ascienden a $28,154.40 (veintiocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) y $18,769.60 (dieciocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.), respectivamente.

Lo anterior, en el entendido de que la referida multa constituye un medio de apremio para cada servidor público municipal, de forma personal e individual, al considerarse que el medio de apremio es para la persona física que desempeña el cargo respectivo, vinculada mediante una sentencia al cumplimiento de determinadas obligaciones, por lo que se deberá cubrir con su propio peculio y no con el presupuesto asignado al municipio correspondiente^[24].

Cabe mencionar que la multa impuesta a las Autoridades vinculadas– Presidente y Regidores- con excepción de la Regidora actora, obedece a que desde la Sentencia se les vinculó para que vigilaran el debido cumplimiento de las Autoridades responsables, aunado a que la obligación de las regidoras y regidores es vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones legales aplicables; por lo que, son las encargadas de velar por el cumplimento efectivo de lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el Acuerdo plenario y por consiguiente en la Sentencia.

5.2. Individualización del medio de apremio

El medio de apremio impuesto a las Autoridades responsables y a las Autoridades vinculadas se basa en los elementos siguientes:

5.2.1. Calidad de los infractores

De conformidad con los artículos 64, fracciones II y XVII; 67, fracción V; 68, fracción III y 69, fracciones III, VII y XII de la Ley Orgánica Municipal, dentro de las atribuciones y facultades del Presidente destacan el cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, la propia ley, sus reglamentos y otras disposiciones de orden municipal.

Mientras que el Secretario tiene la facultad de vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen con estricto apego a derecho; expedir certificaciones sobre actos y resoluciones de competencia municipal, así como facilitar la información que le soliciten las y los integrantes del Cabildo.

Por su parte, la Síndica y los Regidores, tienen la obligación de vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones legales aplicables.

Aunado a ello, tanto las Autoridades responsables como las Autoridades vinculadas están obligadas a acatar los efectos ordenados por este Tribunal Electoral en el Acuerdo plenario, a través de la cual se les ordenó el cumplimiento de determinadas obligaciones de hacer– poner a disposición y entregarle a la actora la información que solicitó el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco-, y en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se les aplicaría el medio de apremio establecido en el artículo 44 fracción I, de la Ley de Justicia Electoral, consistente en una multa hasta por cien veces el valor diario de la UMA.

5.2.2. Mínimo y máximo

Acorde a lo previsto por el artículo 44, fracción I, de la Ley de Justicia Electoral, se podrá imponer como medio de apremio una multa que puede ser de hasta cien veces el valor diario de la UMA y en caso de reincidencia, hasta el doble de la cantidad señalada.

En ese sentido para determinar la individualización del medio de apremio, también se deberá: i) modularlo en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas; y, ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado^[25].

En la Sentencia se apercibió a las Autoridades responsables, así como a las Autoridades vinculadas, en el sentido que, de no cumplir con los efectos ordenados, se les aplicaría la referida multa, cuyo mínimo es de un valor diario de la UMA y el máximo es de cien veces.

En la individualización del medio de apremio, se toma en consideración que, además de ser Autoridades responsables y Autoridades vinculadas al cumplimiento de lo ordenado por este órgano jurisdiccional, el Presidente, es el representante y responsable directo del gobierno municipal; el Secretario tiene como encomienda legal vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se realicen y tanto la Síndica como las y los Regidores, tienen la obligación de vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones legales aplicables.

Por lo anterior, este Tribunal Electoral, considera que, si el mínimo de la multa es el valor diario de una UMA, la multa impuesta- de doscientos cuarenta respecto a la Síndica, Secretario y ciento sesenta veces el valor diario de la UMA-, para el Presidente y Regidores del Ayuntamiento, son proporcionales, atendiendo a las circunstancias relatadas y al ser responsables directos del cumplimiento y vigilancia de los efectos ordenados.

5.2.3. Daño causado con la infracción cometida

Se considera que la omisión de cumplimiento de Sentencia constituye el desacato a un deber legal que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Federal, así como 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que la Síndica, el Secretario, el Presidente, así como las y los Regidores, se encuentran obligados a realizar los actos para dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral.

De manera que tal incumplimiento implica un desacato al mandato emitido por este órgano jurisdiccional, restringiendo injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva de la incidentista. En este sentido, cualquier acto tendente a vulnerar el cumplimiento de las decisiones de este Tribunal Electoral debe ser inhibido mediante la imposición del medio de apremio correspondiente a la conducta infractora; máximo que ya se había hecho el apercibimiento correspondiente.

5.2.4. Capacidad económica.

La multa que se impone como medio de apremio a las Autoridades responsables y a las Autoridades vinculadas, comparada con la dieta y el sueldo percibido, no se considera gravosa para su patrimonio.

Esto, ya que conforme a las remuneraciones de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza, publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia^[26] en este año, el Presidente, la Síndica, el Secretario y los Regidores, en ese orden, percibían como sueldo base mensual las cantidades netas de $78,495.07 (setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 07/100 M.N.); de $61,321.58 (sesenta y un mil trescientos veintiún pesos 58/100 M.N.); de $41,154.57 (cuarenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos 57/100 M.N.); y de $51,017.47 (cincuenta y un mil diecisiete pesos 47/100 M.N.), respectivamente.

En ese sentido, se reitera, que el medio de apremio impuesto no es de carácter gravoso y se considera proporcional a la falta cometida por el incumplimiento en que incurrieron.

Por lo que, con fundamento en el artículo 45, párrafo tercero de la Ley de Justicia Electoral, una vez que cause firmeza la presente resolución, se debe hacer efectiva por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo^[27], que dispone, además, en su artículo 20, último párrafo, que las multas impuestas por autoridades no fiscales se actualizan de acuerdo con las disposiciones de ese ordenamiento legal^[28].

Lo anterior, a fin de que en lo subsecuente se evite la comisión de este tipo de faltas por parte de los servidores públicos, quienes están obligados a dar cabal cumplimiento a las resoluciones firmes y evitar que se entorpezca la justicia efectiva.

Pues, como se indicó, este Tribunal Electoral considera que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva implica la plena ejecución de una resolución, lo que conlleva la remoción de todos los obstáculos que impidan la ejecución, y, en su caso, la realización de todos los actos necesarios, tanto iniciales como posteriores, para lograr la misma.

Con este medio de apremio, se pretende disuadir futuros incumplimientos a las determinaciones adoptadas, a fin de garantizar su cabal ejecución y, sobre todo, evitar cualquier acción u omisión por parte de la autoridad responsable que represente un obstáculo para la pronta, completa y efectiva impartición de justicia en la materia electoral en perjuicio de la ciudadanía.

VI. MECANISMO DE CUMPLIMIENTO Y EFECTOS

Por las razones de hecho y de derecho expuestas en los considerandos previos, y ante la repetida actitud contumaz en que incurren las Autoridades responsables y las Autoridades vinculadas de no cumplir con los efectos ordenados en el Acuerdo plenario, así como en estricto cumplimiento a la obligación de este Tribunal Electoral de verificar el debido cumplimiento de sus determinaciones, en el caso concreto, con el fin de evitar la prosecución de actos evasivos y procedimientos dilatorios, con apego al principio pro homine previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal^[29], la sentencia como fuente normativa de creación, modificación y extinción de situaciones jurídicas individuales, se integra al sistema del Estado de Derecho y, en ese sentido, debe acatarse en sus términos, aun en contra de la voluntad de las partes, de las Autoridades vinculadas o de las requeridas en colaboración para lograr ese propósito.

Por ello, este Tribunal Electoral en cuanto rector del proceso, cuenta con la potestad y amplias facultades para allanar cualquier obstáculo que impida hacer efectivo el fallo, de manera que debe proveer todo lo necesario para que la resolución sea puntualmente ejecutada, siempre que esto sea acorde con el respeto a los derechos fundamentales y a la normatividad aplicable.^[30]

De lo anterior se sigue que este órgano jurisdiccional, a fin de hacer efectivo el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional; lo cual implica la plena ejecución de la sentencia, debe remover todos los obstáculos que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso a cargo de las autoridades que tengan o no el carácter de responsables.^[31]

Por lo que, este Tribunal Electoral procede a emitir los siguientes EFECTOS:

1. Una vez que la presente resolución sea debidamente notificada, dentro de los siguientes tres días hábiles, las Autoridades responsables conjuntamente con las Autoridades vinculadas, deberán convocar a una sesión extraordinaria de cabildo^[32], lo que, a su vez informaran a este Tribunal Electoral al día siguiente de que se emita la convocatoria, y en dicha sesión deberán poner a disposición y entregarle a la incidentista la información que les solicitó el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, con independencia de los mecanismos para obtenerla, la cual, en concordancia con esta resolución, deberá de ser veraz, fidedigna y completa. Para ello, deberán notificar de manera personal a la incidentista, a través de los mecanismos previstos para tal efecto.
2. Tal actuación deberá ser incluida en los puntos del orden del día de la referida sesión extraordinaria de cabildo, haciéndose constar en el acta que con motivo de ello se realice.
3. La información deberá ser proveída y suscrita por las Autoridades responsables.
4. Para efecto de que se lleven a cabo tales actuaciones, se vincula a los integrantes de cabildo del Ayuntamiento,^[33] a fin de que vigilen el debido cumplimiento por parte de las Autoridades responsables. ^[34]
5. Se vincula a la incidentista, en su carácter de regidora del Ayuntamiento, para que acuda a la sesión de cabildo a recibir la información precisada.
6. Una vez realizada la mencionada sesión deberán comunicar a este Tribunal Electoral el cumplimiento realizado; debiendo acompañar original o copia certificada de las constancias con las que se acredite, dentro del plazo de dos días hábiles.

VII. APERCIBIMIENTOS

A las Autoridades responsables y a las Autoridades vinculadas se les apercibe que, de no cumplir con lo ordenado en tiempo y forma, se les podrá aplicar, en su caso, el medio de apremio establecido en el artículo 44, fracción IV, de la Ley de Justicia Electoral, consistente en un arresto, derivado de una reincidencia.

Asimismo, se le apercibe a la incidentista, que en el caso de que no asista a la sesión de cabildo para tal efecto programada o negarse a recibir la información; se tendrá por entregada formalmente la información referida.

VIII. VISTAS

Tomando en consideración el incumplimiento de las Autoridades responsables y las vinculadas en las circunstancias ya relatadas, y ante su conducta contumaz y el desacato de las resoluciones emitidas en el presente juicio de la ciudadanía, dese vista -con copia certificada de la presente resolución incidental- al Congreso del Estado de Michoacán, a la Auditoria Superior de Michoacán, así como a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán para su conocimiento y para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda.

Así también, derivado de la solicitud expresa de la incidentista, se ordena dar vista a la Contraloría del Ayuntamiento -con copia certificada de la presente resolución incidental-, para que informe a este órgano jurisdiccional sobre las actuaciones y procedimientos administrativos de responsabilidad que ha implementado derivado de las vistas decretadas en la Sentencia y en la resolución incidental de nueve de febrero.

Por consiguiente, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que realice lo conducente.

IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En virtud de que en el presente Juicio de la ciudadanía el Apoderado jurídico solicitó la protección de datos personales de las Autoridades responsables, así como de las personas servidoras públicas que integran el Ayuntamiento y de los representantes de este, y al haberse instruido de manera preventiva a las áreas jurisdiccionales de este Tribunal Electoral el tratamiento respectivo; se vincula a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia, ambas del este Tribunal Electoral, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, y una vez determinada la viabilidad o la inviabilidad de la solicitud del Apoderado jurídico, realicen la versión pública de la presente resolución. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, 62 y 63 fracción II del Reglamento interior, en relación con los diversos 5 a 15 de los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias Emitidas por este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

X. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es fundado el incidente de incumplimiento de sentencia interpuesto en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-233/2025.

SEGUNDO. Se declara el incumplimiento del Acuerdo Plenario de Incumplimiento de veintitrés de julio y, en consecuencia, de la sentencia materia de cumplimiento.

TERCERO. Se impone una multa al Presidente, a la Síndica, al Secretario y a las y los Regidores, todos del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, en la forma y términos previstos en la presente resolución incidental.

CUARTO. Se vincula a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para que haga efectivas las multas impuestas, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.

QUINTO. Se vincula a los integrantes del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, para que efectúen los actos ordenados en el apartado de efectos de la presente resolución.

SEXTO. Se ordena dar vista a la Contraloría del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, para que informe a este Tribunal Electoral sobre las actuaciones y procedimientos administrativos de responsabilidad que ha implementado derivado de las vistas decretadas en la Sentencia y en la resolución incidental de nueve de febrero.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia de este Tribunal Electoral para que, en el ámbito de sus competencias, y una vez determinada la viabilidad o la inviabilidad de la solicitud del apoderado jurídico del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, realicen la versión pública de la presente resolución.

OCTAVO. Se ordena dar vista con la presente determinación al Congreso, a la Secretaría de Contraloría y a la Auditoria Superior, todas del Estado de Michoacán, para los efectos precisados en el apartado correspondiente.

Notifíquese. Personalmente –mediante correo electrónico- a la incidentista; por oficio a la Síndica y Secretario, así como a las autoridades vinculadas, todos del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán de manera individual a cada uno; a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al Congreso del Estado de Michoacán, a la Auditoría Superior de Michoacán, a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán y a la Contraloría del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán; y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, fracciones I, II, III y V; 38 y 39 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán; así como en los diversos 137, 139 y 140 y 141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; y 32 de los Lineamientos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en las Sesiones y Reuniones, Recepción de Medios de Impugnación y Procedimientos, Promociones y Notificaciones.

Así, en sesión pública celebrada el día de hoy, a las trece horas con cincuenta minutos, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistraturas Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor -quien fue ponente-, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADA PRESIDENTA AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE
MAGISTRADA YURISHA ANDRADE MORALES	MAGISTRADA ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
MAGISTRADO ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO	MAGISTRADO ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 69, fracción VII, del Código Electoral del Estado y 66, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas electrónicas que obran en el presente documento corresponden a la resolución incidental emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública celebrada el uno de octubre de dos mil veintiséis, dentro del Incidente de Incumplimiento de Sentencia derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-233/2025; documento que consta de veintinueve páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

1. Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiséis, salvo señalamiento expreso. ↑

2. Que se obtienen de las constancias glosadas en el expediente; cuaderno del 2° incidente de incumplimiento; cuaderno del 2° incidente de aclaración de sentencia; cuaderno de antecedentes TEEM-CA-046/2026; así como en el Incidente. ↑

3. Visible de foja 87 a 101 del juicio principal. ↑

4. Visible de foja 112 a 128 del cuaderno del 2° incidente de incumplimiento. ↑

5. Visible de foja 4 a 11 del cuaderno de antecedentes TEEM-CA-046/2026. ↑

6. Visible de foja 135 a 156 del cuaderno de antecedentes TEEM-CA-046/2026. ↑

7. Visible de foja 173 a 186 del cuaderno de antecedentes TEEM-CA-046/2026. ↑

8. Visible de foja 29 a 31 del Incidente de aclaración. ↑

9. Visible a foja 136 del Incidente. ↑

10. Visible a foja 3 del Incidente. ↑

11. Visible a foja 1 del Incidente. ↑

12. Visible a foja 101 del Incidente. ↑

13. Visible a foja 266 del Incidente. ↑

14. Así como la jurisprudencia 24/2001 de la Sala Superior, de rubro: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”. ↑

15. De conformidad con la Jurisprudencia 15/2011, emitida por la Sala Superior, de rubro: “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. ↑

16. En adelante, Comisión de cumplimiento. ↑

17. Visible a foja 49 del Incidente. ↑

18. Visible a foja 156 del Incidente. ↑

19. Visible a foja 222 del Incidente. ↑

20. Hasta el doble de la cantidad fijada- ciento veinte y ochenta veces el valor de la UMA- en caso de reincidencia. ↑

21. Resoluciones incidentales de nueve de febrero y veintiuno de mayo, respectivamente. ↑

22. Acuerdos plenarios de incumplimiento de veinticuatro de marzo y veintitrés de julio, respectivamente. ↑

23. Consultable en: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ ↑

24. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la tesis II.3o.A.9 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: “MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES. DEBEN CUBRIRSE POR LA PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO AL QUE SE REFIEREN Y QUE COMETIÓ LA INFRACCIÓN” y la jurisprudencia 2a./J 103/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCION EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO”. ↑

25. Ver SUP-REP-647/2018 y su acumulado, así como SUP-REP-5/2019. ↑

26. Consultable en: https://epitacio-huerta.gob.mx/transparencia/epitacio-huerta/ayuntamiento_35_VIIIb_260430133831_9-remuneracion-bruta-y-neta.pdf lo cual se cita en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral. Asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTO GENERAL Y JURÍDICO”; y, la diversa tesis I.3o.C.35 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL”. ↑

27. En adelante Código Fiscal. ↑

28. “Artículo 20. Las multas por responsabilidades administrativas y las impuestas por autoridades no fiscales en su caso, se actualiza de acuerdo con las disposiciones de este Código…”. ↑

29. Al respecto se cita la resolución emitida por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC-08/2025 y sus acumulados. Asimismo, orienta al respecto la tesis III.5o.A.15 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: “INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. ASPECTOS QUE DEBEN ANALIZARSE ANTES DE DETERMINAR SI PROCEDE CONTINUAR CON SU TRÁMITE, CUANDO DURANTE ÉSTE EL JUEZ DE DISTRITO INFORMA QUE SE CUMPLIÓ LA EJECUTORIA.” ↑

30. Criterio sostenido en la tesis aislada I.4o.C.85 C (10a.); del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO CIVIL. EL JUEZ DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LOGRARLA.” ↑

31. Dete6rminación establecida en la tesis aislada XCVII/2001 de Sala Superior de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN.” ↑

32. Conforme al artículo 35, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. ↑

33. Siete regidoras (es) -incluyendo la actora- conforme al artículo 18, párrafo 3º, del artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. ↑

34. En términos de la jurisprudencia 31/2002 de la Sala Superior, de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CÁRACTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO”. ↑