TEEM – Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

443 113 0130

Coronel Amado Camacho No. 294, Chapultepec Oriente CP. 58260 Morelia, Michoacán, México.

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TEEM-JDC-053/2026

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEEM-JDC-053/2026

PARTE ACTORA: ZÓSIMO GARCÍA TINOCO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y OTRAS

MAGISTRADA PONENTE: AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE

SECRETARIO INSTRUCTOR Y PROYECTISTA: ENRIQUE GUZMÁN MUÑIZ

COLABORÓ: ANAYELI ALBARRÁN LÓPEZ.

Morelia, Michoacán, a diez de noviembre de dos mil veintiséis.[1]

Acuerdo que determina el cumplimiento de la sentencia dictada el treinta de julio, dentro del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano[2] citado al rubro, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación.

1. Antecedentes

1.1. Sentencia. El treinta de julio, este Tribunal Electoral del Estado[3] dictó sentencia en la que confirmó el acuerdo emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado[4] y reconoció como válida la decisión de la Asamblea General de Turirán de que el Ayuntamiento de Salvador Escalante[5] reasumiera la administración de sus recursos públicos y prestara los servicios correspondientes. Entre otros efectos, ordenó implementar una fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria entre el Ayuntamiento y las dos comunidades involucradas -Opopeo y Turirán-.[6]

1.2. Notificación de la sentencia. El treinta y uno de julio, se notificó la sentencia a las partes y a las autoridades vinculadas.[7]

1.3. Remisión de constancias en cumplimiento. Mediante acuerdos de catorce y veinte de agosto, veinticinco y veintiocho de septiembre, así como de veintiuno y veintidós de octubre, se recibieron diversas constancias relacionadas con el cumplimiento, remitidas por el Ayuntamiento, por Zósimo García Tinoco[8] y por las autoridades vinculadas.[9]

2. Competencia

El Pleno de este Tribunal es competente para conocer y acordar sobre el cumplimiento de la sentencia, por ser el órgano que la dictó y, por ende, el facultado para vigilar y proveer lo necesario para su ejecución.[10]

Lo anterior, con fundamento en los artículos 98, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 60, 64, fracción XIII, y 66, fracciones III y X, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo;[11] 5, 73 y 76, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo;[12] así como 8, fracción III, y 100 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.

3. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia

3.1. Consideraciones de lo ordenado

El análisis del cumplimiento de una sentencia se limita a verificar la ejecución de lo expresamente ordenado en ella, conforme a su litis, fundamentos, motivación y efectos que de ella deriven, a fin de materializar lo resuelto por el órgano jurisdiccional.[13]

Así, al resolver el presente juicio de la ciudadanía, este Tribunal Electoral reconoció la decisión adoptada por la comunidad de Turirán para que el Ayuntamiento reasumiera la administración de los recursos que le corresponden y consideró necesario implementar las medidas conducentes para hacerla efectiva.

Esto, porque el esquema vigente de administración directa de recursos por parte de Opopeo derivó de un procedimiento legal previo y cualquier modificación debía realizarse por las mismas vías institucionales, a través del Ayuntamiento, para respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y coordinación entre las autoridades y comunidades involucradas.

En la sentencia se reconoció el carácter de autoridades responsables a la Secretaría de Finanzas del Estado, al Ayuntamiento, al Instituto Electoral de Michoacán y al Concejo Comunal Indígena de Opopeo; sin embargo, atento a los efectos que se determinaron, las acciones tendentes en el cumplimiento de la resolución recayeron principalmente en el Ayuntamiento.

Por ello, se fijaron los siguientes efectos:

“I. Se reconoce que la decisión adoptada por la Asamblea General de Turirán, el veinticuatro de mayo, constituye una manifestación del ejercicio de su derecho de libre determinación, al expresar su voluntad de que sea el Ayuntamiento de Salvador Escalante quien administre los recursos públicos que le correspondan y quien preste los servicios públicos correspondientes.

II. La anterior determinación no implica desconocer la validez de la consulta previa, libre e informada celebrada en favor de la comunidad de Opopeo, ni constituye una revisión de la sentencia que confirmó sus resultados.

Se reitera el reconocimiento de la Tenencia de Opopeo como sujeto de derechos colectivos, así como de su régimen su régimen (sic) de autogobierno, su organización interna y su derecho a la administración directa de los recursos públicos que correspondan a las comunidades que, conforme a ese esquema, forman parte de dicho ejercicio, sin que la presente resolución constituya un pronunciamiento sobre su integración territorial, política o comunitaria.

III. Se vincula a la comunidad de Turirán, a través del representante que autorice para que, una vez que esta sentencia haya quedado firme, remita una copia certificada del acta de Asamblea General celebrada por la comunidad de Turirán el pasado veinticuatro de mayo, al ayuntamiento de Salvador Escalante.

IV. Implementación de una fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria

Teniendo en consideración que la presente sentencia, implica la modificación del esquema vigente de administración de recursos públicos, que involucra al Ayuntamiento y también a las comunidades de Opopeo y Turirán, que genera consecuencias administrativas, financieras y operativas.

Asimismo, con la finalidad de garantizar una implementación coordinada, ordenada, intercultural y técnicamente viable de la determinación, así como de salvaguardar los derechos de audiencia, participación e información de las comunidades involucradas, resulta necesario establecer una fase de carácter técnico operativo y de coordinación que permita identificar los ajustes requeridos para materializar la determinación de manera ordenada, transparente, intercultural y respetuosa de los derechos de las comunidades de Opopeo y Turirán.

Por tanto, se ordena al Ayuntamiento instaurar una fase técnica de coordinación con los representantes de las comunidades de Opopeo y Turirán, previa a la sesión de Cabildo en la que se analizará y aprobará el ajuste presupuestal correspondiente.

Dicha fase deberá efectuarse mediante una o más mesas de trabajo técnico-operativas, convocadas formalmente por la autoridad municipal con una anticipación razonable, en las que participen las personas representantes acreditadas de las comunidades de Turirán y Opopeo; así como las áreas técnicas municipales competentes. 

Durante estas reuniones el Ayuntamiento deberá realizar lo que se indica a continuación y por su parte los representantes de las comunidades atender lo que posteriormente se dispone: 

  1. Exponer de manera clara, completa y culturalmente adecuada los impactos y/o efectos administrativos, financieros, programáticos y operativos derivados de la implementación de la determinación comunitaria; 
  2. Presentar los escenarios técnicos para la redistribución, adecuación o modificación de las partidas presupuestales correspondientes, así como los criterios normativos y financieros que sustenten tales ajustes; 
  3. Recibir observaciones, opiniones y planteamientos de las comunidades respecto de los mecanismos de ejecución, calendarización, seguimiento y materialización de los recursos públicos involucrados; 
  4. Identificar y documentar posibles afectaciones operativas o presupuestales que deban ser consideradas por el Cabildo al momento de ejercer sus facultades constitucionales y legales; 
  5. Precisar, de ser necesario la operatividad de los servicios públicos municipales correspondientes; y, 

f)  La intervención de las comunidades en esta fase deberá entenderse como un mecanismo de información, coordinación y garantía del derecho de audiencia, orientado a favorecer una implementación eficaz, intercultural y armónica de la decisión previamente adoptada. En la que se reconozcan mutuamente y se armonicen los derechos de ambas comunidades -Turirán y Opopeo- y las responsabilidades del Ayuntamiento.

Los temas sometidos a análisis serán operativos y de coordinación, tales como el inicio de los efectos de la determinación; las implicaciones comunitarias y en su caso cese de responsabilidades y respecto a servicios, entre otros aspectos técnicos para materializar la determinación tomada pro (sic) la asamblea general comunitaria de Turirán.

Asimismo, la ausencia, negativa de participación o falta de comparecencia de cualquiera de las comunidades convocadas no producirá la nulidad del procedimiento.

En estos supuestos, el Ayuntamiento deberá buscar y generar la coordinación y acuerdo entre las comunidades para la realización de la convocatoria y dejar constancia documental de tal circunstancia para continuar con el trámite correspondiente, celebrar la sesión de Cabildo y emitir la determinación administrativa que legalmente proceda, en observancia de los principios de seguridad jurídica, eficacia administrativa, libre determinación de los pueblos indígenas y progresividad de los derechos humanos. 

  1. Respecto de todo lo anterior, el Ayuntamiento deberá levantar acta o constancia escrita que certifique el desarrollo de esta fase; confeccionar las constancias circunstanciadas de cada reunión, incluyendo asistentes, temas abordados, documentación entregada, observaciones formuladas y acuerdos técnicos alcanzados, garantizando la transparencia y la forma del procedimiento. Asimismo, los comparecientes deberán firmar.

V. Se ordena al Ayuntamiento de Salvador Escalante que, en ejercicio de sus atribuciones y una vez que le sea entregada la copia certificada del acta de Asamblea, inicie el procedimiento correspondiente, instaure la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria en los términos señalados y posteriormente, convoque a una sesión para que el Cabildo emita el acuerdo sobre el ajuste presupuestal correspondiente, respecto de la autorización mediante la cual previamente solicitó a la secretaría de finanzas que las ministraciones de recursos fueran entregadas directamente a la comunidad de Opopeo, para efecto de que la parte correspondiente a la comunidad de Turirán sea administrada por dicho ayuntamiento.

A efecto que realice las actividades ordenadas -fase técnica y sesión de cabildo- se le otorga el plazo de treinta días hábiles.

VI. La administración de los recursos implica también que el ayuntamiento retome las responsabilidades inherentes al ejercicio de dichos recursos, particularmente aquellas relacionadas con la prestación de los servicios públicos municipales, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal del Estado.

VII. Una vez aprobado el acuerdo correspondiente por el Cabildo mediante sesión, éste deberá notificarlo de inmediato a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, remitiendo la documentación que resulte necesaria para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las actuaciones administrativas y presupuestales conducentes para hacer efectivo el acuerdo emitido por el Cabildo en términos de la normativa aplicable.

VIII. Se vincula a las comunidades de Opopeo y Turirán a través de sus representantes, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, para que realicen las anteriores acciones.

IX. Una vez que se haya realizado lo anterior, las autoridades responsables y/o vinculadas deberán de informarlo a este Tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes, remitiendo las constancias con las que se acredite su dicho.

Lo anterior, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las autoridades incumpla con lo ordenado, se le podrá imponer una multa de hasta 100 UMAS conforme al artículo 44, fracción I de la Ley de Justicia Electoral.”

Además, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos[14] traducir al purépecha el resumen oficial y los puntos resolutivos de la sentencia, y se vinculó al Sistema Michoacano de Radio y Televisión[15], y al Ayuntamiento para que los difundieran en español y purépecha durante cinco días. Una vez hecha la difusión, las autoridades vinculadas debían informarlo a este Tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes, con las constancias respectivas.

3.2. Medios de convicción aportados para el cumplimiento

Secretaría General:

  • Certificación del resumen oficial de la sentencia y puntos resolutivos;[16]
  • Oficio TEEM-SGA-1586/2026, mediante el cual se solicitó la grabación en audio del resumen oficial y de los puntos resolutivos de la sentencia; así como el diverso TEEM-CS-060/2026, con el que la coordinación de comunicación social de este Tribunal dio respuesta a esa solicitud;[17]
  • Oficio TEEM-SGA-1585/2026, mediante el cual se solicitó al perito certificado en interpretación oral en lengua indígena la traducción del español a la lengua purépecha del resumen oficial y puntos resolutivos de la sentencia;[18]
  • Oficios TEEM-SGA-1579/2026 y TEEM-SGA-1578/2026, mediante los cuales se remitió el resumen y los puntos resolutivos de la sentencia en español y en lengua purépecha; el primero al Ayuntamiento, con recepción de tres de agosto, y el segundo al Sistema Michoacano, con recepción de treinta y uno de julio;[19] y,
  • Oficio TEEM-SGA-1705/2026, mediante el cual remite la certificación de firmeza de la sentencia del juicio de la ciudadanía en cuestión y la certificación correspondiente.[20]

Ayuntamiento:

  • Escrito firmado por el apoderado legal del Ayuntamiento, mediante el cual informó que la difusión del resumen y puntos resolutivos se llevó a cabo del treinta y uno de julio al diez de agosto, mediante estrados y perifoneo;[21]
  • Actas destacadas de hechos, ambas de once de agosto, suscritas por el secretario del Ayuntamiento, mediante las cuales hace constar que del tres al diez de agosto se realizó la difusión del resumen de la sentencia por perifoneo y mediante su colocación en los lugares de difusión de la comunidad; a estas se adjuntó un disco compacto[22], cuyo contenido fue desahogado en acta de verificación de diecisiete de agosto;[23]
  • Escrito del apoderado jurídico del Ayuntamiento, mediante el cual informa el cumplimiento de sentencia;[24]
  • Oficio SE/PRE/138/2026, firmado por la presidenta del Ayuntamiento, mediante el cual designa al Tesorero Municipal y al apoderado jurídico del Ayuntamiento para implementar la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria con las comunidades de Opopeo y Turirán, ordenada en la sentencia;[25]
  • Oficio SE/PRE/139/2026, suscrito por el apoderado jurídico del Ayuntamiento, mediante el cual solicita información del funcionario designado por parte de la comunidad de Opopeo para la implementación de la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria a realizarse el siete de septiembre en la cabecera municipal de Santa Clara del Cobre;[26]
  • Oficio SE/PRE/140/2026, mediante el cual el apoderado jurídico del Ayuntamiento solicita información sobre la persona designada por la comunidad de Turirán para participar en la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria, programada para el siete de septiembre en la cabecera municipal de Santa Clara del Cobre;[27]
  • Oficio SE/PRE/142/2026, firmado por el apoderado jurídico del Ayuntamiento, mediante el cual le notifica al Concejo Comunal Indígena de Opopeo una nueva convocatoria para realizar la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria a celebrarse el diecisiete de septiembre;[28]
  • Escrito firmado por Zósimo García Tinoco, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado por el apoderado jurídico del Ayuntamiento y señala que él es la persona representante de la comunidad de Turirán para participar en la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria; [29]
  • Acta de mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria de siete de septiembre, relativa a la celebración de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento, el Concejo Comunal Indígena de Opopeo y la comunidad de Turirán, en la que se hizo constar el desahogo de la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria; asimismo, se asentó la comparecencia de representantes de la comunidad de Turirán y la inasistencia de representación alguna de la comunidad de Opopeo;[30]
  • Escrito, firmado por los integrantes del Concejo Comunal Indígena de Opopeo, mediante el cual dan contestación al oficio SE/PRE/139/2026, así como informando sobre la imposibilidad de asistir a la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria programada, por lo que solicitan nueva fecha;[31]
  • Acta de alcance de mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria de diecisiete de septiembre relativa a la celebración de una segunda mesa de trabajo entre el Ayuntamiento y la comunidad de Turirán, derivada del escrito mediante el cual el Concejo Comunal Indígena de Opopeo informó la imposibilidad de asistir a la reunión de siete de septiembre. En dicha acta se hizo constar el desarrollo de la reunión, la comparecencia de representantes de la comunidad de Turirán y la inasistencia de representantes de la comunidad de Opopeo;[32]
  • Escrito, firmado por la presidenta del Ayuntamiento, mediante el cual informa las acciones desplegadas para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia y remite en copia simple el oficio SE/PRE/79/2026, enviado a la Secretaría de Finanzas del Estado;[33]
  • Copia certificada de oficio SE/PRE/79/2026, de veintiocho de septiembre firmado por la Presidenta Municipal, mediante el cual remite a la Secretaría de Finanzas del Estado el acta de Cabildo en la que se aprobó el ajuste presupuestal correspondiente para la prestación de los servicios públicos municipales en la comunidad de Turirán, a efecto de que realizara las actuaciones jurídicas y financieras necesarias para que el presupuesto de dicha comunidad pudiera ser administrado nuevamente por el Ayuntamiento;[34] y,
  • Acta de sesión extraordinaria de cabildo, número uno, tercer periodo, celebrada el veinticuatro de septiembre, mediante la cual aprobaron el ajuste presupuestal para la prestación de los servicios públicos municipales en la comunidad de Turirán.[35]

Sistema Michoacano:

  • Oficio DG-062/2026, mediante el cual informa que el resumen oficial se realizó del tres al siete de agosto, insertando un código QR,[36] el cual se desahogó mediante acta de verificación de veinte de agosto.[37]

De la parte actora se recibió escrito mediante el cual remitió copia simple de la siguiente documentación:

  • Oficio SE/PRE/140/2026, mediante el cual el apoderado jurídico del Ayuntamiento, solicita información del funcionario designado por parte de la comunidad de Turirán para la implementación de la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria a realizarse el siete de septiembre en la cabecera municipal de Santa Clara del Cobre;[38]
  • Escrito mediante el cual comunica al apoderado que Zósimo García Tinoco será la persona designada como representante de la comunidad para la implementación de la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria;[39]
  • Acta de mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria del Ayuntamiento de siete de septiembre, Concejo Comunal Indígena de Opopeo y la comunidad de Turirán;[40] y,
  • Acta de alcance de mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria del Ayuntamiento de diecisiete de septiembre, Concejo Comunal Indígena de Opopeo y la comunidad de Turirán.[41]

Asimismo, escrito presentado el veintiuno de octubre, mediante el cual informó que la copia certificada del acta de Asamblea General fue entregada al Ayuntamiento el veinticuatro de agosto.[42]

Las documentales descritas son de naturaleza pública, privada y técnica, y valoradas de manera individual y en conjunta, de conformidad con los artículos 16, fracciones I y II, 17, fracciones II y IV, 18, 19, y 22, fracciones I, II y IV, de la Ley de Justicia Electoral, cuentan con valor probatorio pleno, las cuales permiten acreditar las actuaciones realizadas para cumplir la sentencia.

3.3. Determinación sobre el cumplimiento

Del análisis de las constancias referidas, de manera individual y en conjunto, este Tribunal considera cumplida la sentencia. Esto es así porque el Ayuntamiento en coordinación con la comunidad de Turirán, llevó a cabo la implementación de la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria, aprobó el ajuste presupuestal respectivo y comunicó dicha determinación a la Secretaría de Finanzas del Estado. Asimismo, se acreditó la difusión del resumen oficial y de los puntos resolutivos de la sentencia, por parte del Ayuntamiento y del Sistema Michoacano, como se explica a continuación.

  1. Traducción, difusión del resumen oficial y puntos resolutivos de la sentencia

En primer término, se encuentra acreditado que la Secretaría General gestionó y obtuvo la traducción al purépecha del resumen oficial y de los puntos resolutivos de la sentencia. Lo anterior se desprende de la certificación de treinta de julio, del oficio dirigido al coordinador de Comunicación Social de este Tribunal, así como de la traducción remitida por el perito certificado en interpretación oral en lengua indígena.

Asimismo, se acredita que la Secretaría General remitió dicha traducción al Ayuntamiento y al Sistema Michoacano, mediante los oficios TEEM-SGA-1579/2026 y TEEM-SGA-1578/2026 para su difusión en los términos ordenados.

En cuanto al Ayuntamiento, su apoderado legal informó que el resumen de la sentencia y los puntos resolutivos, en español y purépecha, se difundieron en estrados y por perifoneo del tres al diez de agosto; para acreditarlo, remitió las actas destacadas de hechos y un disco compacto, cuyo contenido este Tribunal verificó en acta de diecisiete de agosto.

En esa diligencia se constató la colocación en pilares de concreto y paredes de impresiones con el resumen y los puntos resolutivos de la sentencia, certificados en español y purépecha, así como la existencia de dieciséis videos que muestran la difusión por perifoneo en lengua purépecha.

Respecto del Sistema Michoacano, este informó que realizó la difusión ordenada y remitió un código QR, cuyo contenido este órgano jurisdiccional verificó en acta de veinte de agosto donde se certificaron cinco archivos de audio con el resumen y los puntos resolutivos de la sentencia, en español y una lengua diversa. Como la sentencia ordenó que la difusión fuera en purépecha, y el perito certificado realizó la traducción a esa lengua, se considera que la lengua diversa es el purépecha. Por tanto, se tiene acreditada la difusión realizada por dicha institución.

  1. Cumplimiento del plazo

También se considera que el cumplimiento se realizó dentro del plazo concedido, por lo siguiente:

La sentencia vinculó al Sistema Michoacano y al Ayuntamiento para que difundiera el resumen oficial y puntos resolutivos de la sentencia en español y en purépecha, y se les dio cinco días para hacerlo.

Para ello, el Sistema Michoacano informó, mediante oficio DG-062/2026 de diecinueve de agosto, que la difusión del resumen oficial y de los puntos resolutivos de la sentencia se realizó del tres al siete de agosto. Esto se corrobora con el acta de verificación del código QR, que hace constar cinco archivos de audio con las fechas de ese periodo. En consecuencia, se acredita que el Sistema Michoacano realizó la difusión durante los cinco días ordenados en la sentencia.

Por lo que respecta al plazo para informar a este Tribunal Electoral, este no lo presentó dentro de los tres días con que contaba, pues debía hacerlo a más tardar el doce de agosto y lo presentó hasta el diecinueve siguiente, es decir, cinco días hábiles después del vencimiento de este plazo; sin embargo, esa circunstancia no afecta la finalidad de la medida ordenada, que era garantizar la difusión de la resolución durante el periodo establecido.

Por tanto, se tiene al Sistema Michoacano cumpliendo con la difusión impuesta en la sentencia, aunque su informe ante este Tribunal Electoral se presentó fuera de plazo.

Por su parte, la Secretaría General remitió al Ayuntamiento, mediante oficio TEEM-SGA-1579/2026, el resumen oficial y los puntos resolutivos de la sentencia en español y purépecha, el sello estampado en dicho oficio acredita que lo recibió el tres de agosto.

Posteriormente, en su escrito de doce de agosto, el apoderado jurídico del Ayuntamiento informó que la difusión se realizó del treinta y uno de julio al diez de agosto; sin embargo, la fecha de inicio no coincide, pues, como se estableció en el párrafo anterior, el Ayuntamiento recibió el resumen y los puntos resolutivos el tres de agosto. Además, de las actas destacadas de hechos levantadas por el secretario del Ayuntamiento se advierte que la difusión se llevó a cabo del tres al diez de agosto, periodo que se considera como referencia para analizar el cumplimiento, al estar respaldados por estas constancias.

De ahí que, se acredita que el Ayuntamiento difundió el resumen oficial y los puntos resolutivos durante ocho días, más de los cinco días ordenados.

En cuanto al plazo para informar a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de lo ordenado, la difusión concluyó el diez de agosto y el Ayuntamiento presentó el informe el doce siguiente, esto es, al segundo día hábil posterior a la conclusión de la difusión; por ende, esa obligación se atendió oportunamente.

En consecuencia, se tiene a la Secretaría General, al Ayuntamiento y al Sistema Michoacano cumpliendo con la traducción y difusión ordenadas en la sentencia, en los términos precisados en este apartado.

  1. Vinculación a la comunidad de Turirán

Por otra parte, la sentencia vinculó a la comunidad de Turirán, por conducto de su representante, para que entregara al Ayuntamiento copia certificada del acta de la Asamblea General de veinticuatro de mayo, en la que se decidió que dicho Ayuntamiento administrara sus recursos públicos.

Al respecto, mediante escrito presentado ante este Tribunal, la parte actora manifestó que realizó la entrega de dicha documental al Ayuntamiento el veinticuatro de agosto, manifestación que se toma en consideración para tener cumpliendo a la comunidad de Turirán. De ahí que, en el expediente se acredita que el acta fue entregada al Ayuntamiento y que, a partir de su recepción, se desplegaron las acciones ordenadas.

  1. Implementación fase técnica de coordinación; aprobación del cabildo y notificación a la Secretaría de Finanzas del Estado

Ahora, en cuanto a la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria, se advierte que, una vez que la sentencia quedó firme, según la certificación del diecisiete de agosto, el Ayuntamiento hizo las gestiones necesarias para convocar a las comunidades de Opopeo y Turirán, y desarrollar los trabajos previos a la aprobación del ajuste presupuestal correspondiente.

En efecto, con el oficio SE/PRE/138/2026, de treinta y uno de agosto, la presidenta municipal designó al tesorero municipal y al apoderado jurídico del Ayuntamiento para intervenir en esa fase; además, mediante los oficios SE/PRE/139/2026 y SE/PRE/140/2026, solicitó que informaran quiénes representarían a las comunidades de Turirán y Opopeo en los trabajos de coordinación; asimismo, comunicó la fecha, hora y lugar fijados para el desahogo de esa etapa.

Por su parte, la parte actora -Zósimo García Tinoco- fue la persona designada por la comunidad de Turirán para participar en la fase técnica.

En cuanto a la comunidad de Opopeo, los integrantes del Concejo Comunal comunicaron que todos representarían a la comunidad y que no podían asistir a la reunión programada para el siete de septiembre; por lo que pidieron que se fijara una nueva fecha.

En atención a esa petición, el Ayuntamiento emitió el oficio SE/PRE/142/2026, el cual fue recibido el ocho de septiembre por una persona integrante del Concejo Comunal -tal como se advierte del nombre asentado en el sello de recepción, mismo que corresponde a una de las firmas contenidas en el escrito suscrito por las y los integrantes del mencionado órgano comunitario-; en dicho oficio se convocó nuevamente a la fase técnica para celebrarse el diecisiete de septiembre siguiente. Reunión que se llevó a cabo, como consta en el acta de alcance de la mesa interinstitucional.

De las actas de las mesas de trabajo interinstitucional celebradas el siete y diecisiete de septiembre, se advierte que el Ayuntamiento realizó las reuniones convocadas, en las que participaron representantes de la comunidad de Turirán y personal municipal, sin la comparecencia de representantes de Opopeo.

En la primera reunión se abordaron las implicaciones administrativas, financieras, presupuestales y operativas de aplicar la decisión de la comunidad, así como cuestiones vinculadas sobre la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos municipales; además, se asentaron las intervenciones de quienes participaron, los acuerdos alcanzados y las firmas de las personas asistentes. En la segunda, se hizo constar la inasistencia de Opopeo, pese a la nueva convocatoria, y se asentó la necesidad de continuar con el procedimiento, remitir las actuaciones al Cabildo y de igual forma se asentaron las firmas de las personas que comparecieron.

Ahora bien, las inasistencias de Opopeo, no contravienen lo ordenado en la sentencia; pues ahí se estableció que la ausencia, negativa de participación o falta de comparecencia de cualquiera de las comunidades convocadas no produciría la nulidad del procedimiento, siempre que el Ayuntamiento procurara la coordinación y dejara constancia documental de las gestiones realizadas; así el Ayuntamiento documentó las convocatorias efectuadas, atendió la solicitud de reprogramación de esa comunidad y celebró una segunda reunión, en la que nuevamente se hizo constar su inasistencia.

Por tanto, la documentación descrita y las actas de las mesas de trabajo interinstitucional permiten a este órgano jurisdiccional tener acreditado que el Ayuntamiento hizo las gestiones de convocatoria y celebró las reuniones de trabajo previstas para desarrollar la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria.

En cuanto a la aprobación del ajuste presupuestal, obra en autos copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el veinticuatro de septiembre, en cuyo punto cinco del orden del día se incluyó analizar, discutir y, en su caso, aprobar el ajuste presupuestal correspondiente para la prestación de los servicios públicos municipales en la comunidad de Turirán, en cumplimiento de la sentencia.

De esa documental se desprende que el asunto se sometió a las personas integrantes del Cabildo y que, tras analizarlo y discutirlo, lo aprobaron por unanimidad de votos; por tanto, está acreditado que el Ayuntamiento, a través de su órgano colegiado, emitió la determinación relativa al ajuste presupuestal ordenado en la sentencia, para que la parte correspondiente a la comunidad de Turirán fuera administrada por el propio municipio y se atendieran las responsabilidades inherentes a la prestación de los servicios públicos municipales.

Por otra parte, para cumplir con la obligación de comunicar la determinación aprobada por el Cabildo, la presidenta municipal remitió a la Secretaría de Finanzas del Estado el oficio SE/PRE/79/2026, de veintiocho de septiembre, al que acompañó el acta de Cabildo y la documentación relacionada con la fase técnica de coordinación comunitaria realizada.

En ese oficio pidió que se realizaran las actuaciones jurídicas y financieras correspondientes para que el presupuesto de Turirán pudiera ser administrado nuevamente por el Ayuntamiento; además, el documento tiene el sello de recepción de la referida Secretaría, de veintiocho de septiembre, lo que acredita que la comunicación se presentó y se recibió.

De esta manera, las constancias permiten verificar que el Ayuntamiento aprobó el acuerdo de Cabildo correspondiente y también comunicó dicha determinación a la Secretaría de Finanzas del Estado, remitiendo la documentación señalada en el oficio, para los efectos conducentes.

  1. Cumplimiento del plazo

En cuanto al plazo concedido para implementar la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria y celebrar la sesión de Cabildo correspondiente, la sentencia estableció un periodo de treinta días hábiles, contado a partir de que quedara firme.

Al respecto, mediante escrito presentado el veintiuno de octubre, la parte actora manifestó que el veinticuatro de agosto entregó al Ayuntamiento la copia certificada del acta de la Asamblea General de la comunidad de Turirán. En ese sentido, tomando en consideración dicha manifestación y que la sentencia dispuso que el Ayuntamiento iniciara el procedimiento correspondiente una vez recibida esa documentación, el plazo de treinta días hábiles para implementar la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria y celebrar la sesión de Cabildo, comenzó a computarse el veinticinco de agosto y venció el seis de octubre, descontando los sábados, domingos y el dieciséis de septiembre, por ser inhábil para este Tribunal Electoral.

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el Ayuntamiento realizó las mesas de trabajo los días siete y diecisiete de septiembre y celebró la sesión extraordinaria de Cabildo el veinticuatro siguiente, en la que se aprobó el ajuste presupuestal correspondiente. Por tanto, se concluye que dichas actuaciones se realizaron dentro del plazo de treinta días hábiles establecido en la sentencia.

Asimismo, el Ayuntamiento informó a este Tribunal sobre lo realizado, el veinticinco de septiembre, es decir, un día después de la sesión.

Por otra parte, respecto de comunicar de inmediato a la Secretaría de Finanzas del Estado la determinación aprobada por el Cabildo la aprobación tuvo lugar el veinticuatro de septiembre y mediante oficio SE/PRE/79/2026, de veintiocho siguiente, el Ayuntamiento informó a la referida Secretaría sobre el ajuste presupuestal aprobado y remitió la documentación correspondiente, o sea, a los dos días hábiles siguientes. Asimismo, el veintinueve de septiembre, informó a este órgano jurisdiccional dicha actuación, esto es, al día siguiente de haber efectuado la comunicación.

En consecuencia, el Ayuntamiento implementó la fase técnica de coordinación administrativa y comunitaria; celebró la sesión de Cabildo dentro de los treinta días hábiles concedidos en la sentencia; comunicó el acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Estado; e informó a este Tribunal Electoral lo realizado en las fechas señaladas.

Lo anterior, sin que sea materia del presente acuerdo verificar las actuaciones administrativas y presupuestarias que, con posterioridad a dicha comunicación, corresponda realizar a la Secretaría de Finanzas del Estado, en el ámbito de sus atribuciones.

En vista de lo anterior, se tiene al Ayuntamiento y a las autoridades vinculadas cumplimiento con lo ordenado en la sentencia.

Por lo expuesto y fundado, se:

4. Acuerda

Único. Se declara cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de la ciudadanía.

Notifíquese. Personalmente a la parte actora y al Concejo Comunal Indígena de Opopeo; por oficio al Ayuntamiento de Salvador Escalante, Michoacán; a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y al Instituto Electoral de Michoacán -a través de su Secretaria Ejecutiva- y por estrados a las demás personas interesadas. Lo anterior, con fundamento en los artículos 37, fracciones I, II y III; 38 y 39, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán; así como en los diversos 137, 139, 140 y 142, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Así, en reunión interna jurisdiccional celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman las Magistraturas que actualmente integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe –quien fue ponente-, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo y Eric López Villaseñor, ante el Secretario General de Acuerdos, Víctor Hugo Arroyo Sandoval, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE

MAGISTRADO

ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO

MAGISTRADO

ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 69, fracción VII del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; y 66, fracciones I y II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas electrónicas que obran en el presente documento, corresponden al acuerdo plenario de cumplimiento emitido por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en reunión interna jurisdiccional celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiséis, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-053/2026; documento que consta de veintiún páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

  1. Las fechas que a continuación se citan, corresponden al año dos mil veintiséis, salvo aclaración expresa. ↑

  2. En adelante, juicio de la ciudadanía. ↑

  3. En adelante, Tribunal u órgano jurisdiccional. ↑

  4. En lo subsecuente, Secretaría de Finanzas del Estado. ↑

  5. De aquí en adelante, Ayuntamiento. ↑

  6. Fojas 344 a la 374. ↑

  7. Fojas 385 a la 394. ↑

  8. En lo subsecuente, parte actora. ↑

  9. Fojas 444, 462, 505, 554, 581 y 587. ↑

  10. Así como la jurisprudencia 24/2001 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –en adelante Sala Superior–, de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. E ilustra a lo anterior, la tesis de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE. Registro: 2009046, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada. ↑

  11. De aquí en lo subsecuente, Código Electoral. ↑

  12. En adelante Ley de Justicia Electoral. ↑

  13. Así lo ha sostenido la Sala Superior al resolver los incidentes de inejecución de sentencia dictados dentro de los expedientes SUP-JDC-32/2016 y SUP-JDC-437/2017. ↑

  14. En lo subsecuente, Secretaría General. ↑

  15. De aquí en adelante, Sistema Michoacano. ↑

  16. Foja 375. ↑

  17. Fojas 376 a la 377. ↑

  18. Foja 379. ↑

  19. Fojas 383 y 384. ↑

  20. Fojas 457 y 458. ↑

  21. Fojas 437 a la 438. ↑

  22. Fojas 439 a la 441. ↑

  23. Fojas 445 a la 456. ↑

  24. Fojas 507 a la 510. ↑

  25. Foja 523. ↑

  26. Foja 524. ↑

  27. Foja 525. ↑

  28. Foja 526. ↑

  29. Foja 527. ↑

  30. Fojas 528 a la 541. ↑

  31. Fojas 542 a la 543. ↑

  32. Fojas 544 a la 550. ↑

  33. Fojas 560 a la 561. ↑

  34. Foja 580. ↑

  35. Fojas 511 a la 522. ↑

  36. Foja 462. ↑

  37. Fojas 463 a la 464. ↑

  38. Foja 482. ↑

  39. Foja 483. ↑

  40. Fojas 484 a la 497. ↑

  41. Fojas 498 a la 504. ↑

  42. Foja 586. ↑

File Type: docx
Categories: JDC
TEEM - Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
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