ASUNTO ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEEM-AES-004/2026

ACTOR: JOSÉ MARTÍN RAMOS RUIZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: ENTONCES MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

MAGISTRADO PONENTE: ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA: MARÍA FERNANDA MENDOZA MÉNDEZ

COLABORADORA: ATZIMBA MONSERRATH PÉREZ DURÁN

Morelia, Michoacán, a cinco de noviembre de dos mil veintiséis^[1].

Sentencia que desecha el asunto citado al rubro, al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación para impugnar, así como la falta de interés jurídico del actor.

Índice

Glosario 1

I. Antecedentes 1

II. Competencia 2

III. Improcedencia 3

IV. Resolutivo 7

Glosario

Actor:	José Martín Ramos Ruiz.
Autoridad responsable:	Alma Rosa Bahena Villalobos, entonces Magistrada del Tribunal Electoral del Estado.
Ayuntamiento:	Ayuntamiento de Churintzio, Michoacán.
Código Electoral:	Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
Juicio de la ciudadanía:	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM-JDC-096/2026.
Ley de Justicia Electoral:	Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.
Sala Toluca:	Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

I. Antecedentes

1. Juicio de la ciudadanía. El veintidós de septiembre, tres regidurías presentaron medio de impugnación en contra del Presidente y la Tesorera del Ayuntamiento, por la supuesta omisión de pago de la prima vacacional correspondiente al ejercicio fiscal 2026; el cual fue registrado con la clave TEEM-JDC-096/2026, y turnado a la ponencia de la autoridad responsable; quien, mediante acuerdo de veintitrés siguiente, lo radicó y ordenó realizar el trámite de ley.

2. Acuerdo impugnado. Mediante proveído de dos de octubre, la autoridad responsable, en lo que interesa, tuvo al Presidente y a la Tesorera del Ayuntamiento incumpliendo con el trámite de ley; por lo que los requirió nuevamente, bajo apercibimiento de multa y de tener presuntamente ciertos los hechos.

3. Recurso innominado. El cinco siguiente, el actor se inconformó en contra del proveído citado en el punto anterior, en específico de los puntos tercero y cuarto.

4. Excusa. El ocho de octubre, el Pleno declaró procedente la excusa planteada por la autoridad responsable.

5. Recepción, registro y turno. En misma fecha, con las constancias señaladas en los puntos 3 y 4, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente bajo la vía de asunto especial con la clave TEEM-AES-004/2026, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Adrián Hernández Pinedo.

6. Radicación y cumplimiento de trámite de ley. Por acuerdo de trece siguiente, se radicó el asunto y se requirió la realización del trámite de ley, así como diversa documentación; lo que se tuvo cumplido mediante acuerdos de quince y veinte posteriores.

II. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, al tratarse de una inconformidad presentada en contra de un acuerdo de trámite emitido por diversa Magistratura, entonces integrante de este Pleno.

Lo anterior, de conformidad en los artículos 98 A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 64, fracciones XIII y XVII, 66, fracciones II y III del Código Electoral; 3, 4, fracción I y 5 de la Ley de Justicia Electoral; así como 105 y 106 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

Es así, ya que el asunto fue promovido como un recurso innominado, por lo que al no encontrarse contemplado en la Ley de Justicia Electoral ni encuadrar en alguna de las vías que esta especifica, la Presidencia de este Tribunal, en uso de las facultades que la normativa electoral le concede, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte justiciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional, determinó tramitarlo y turnarlo como asunto especial.

Ello, puesto que la falta de regulación en la legislación electoral de un medio de impugnación específico, no puede mermar la efectividad de los mandatos constitucionales, ni constituir un obstáculo que prive a las partes de promover una impugnación cuando lo consideren pertinente^[2].

Criterio, además, acorde con lo determinado por la Sala Toluca, al señalar que los órganos colegiados cuentan con competencia para conocer de las controversias que pudieran generarse con motivo de las actuaciones de las Magistraturas que integran un Tribunal local, respecto de los medios de impugnación sometidos a su jurisdicción, ya sea mediante el procedimiento que para tal efecto se prevea en la normativa correspondiente, o bien, a través de la instauración de uno que cumpla con esa finalidad -creación de una vía innominada-, siempre que tengan el carácter de sumarios, y no pongan en riesgo la resolución oportuna del juicio o recurso de que se trate^[3].

III. Improcedencia^[4]

Este Tribunal advierte que se actualizan las causales contempladas en el artículo 11, fracciones III y IV de la Ley de Justicia Electoral^[5], relativas a la falta de interés jurídico del actor, así como a la falta de legitimación; por lo que el asunto debe desecharse, conforme a las consideraciones siguientes.

En el juicio de la ciudadanía, el actor pretendió comparecer como apoderado de las autoridades responsables -Presidente y Tesorera-, exhibiendo para tal efecto un poder general para pleitos y cobranzas otorgado por la Síndica, con el cual le delegó la atribución legal de representar al Ayuntamiento, en cuanto ente colegiado.

Instrumento notarial que, a juicio del actor, resulta suficiente para extender dicha representación a los integrantes del Ayuntamiento en lo individual.

Con base en ello, se inconforma de que en el acuerdo de dos de octubre, en concreto en los puntos tercero y cuarto, la autoridad responsable determinó tener incumplido el requerimiento realizado relativo al trámite de ley, al advertir que el informe circunstanciado que se pretendió rendir no fue suscrito por las autoridades señaladas como responsables, esto es, el Presidente y la Tesorera del Ayuntamiento; además de que no se remitieron las cédulas de publicitación del juicio de la ciudadanía, ni se informó respecto de la comparecencia o no de personas terceras interesadas.

Por lo que determinó requerir a dichos funcionarios, de nueva cuenta, la remisión de las constancias relativas al trámite de ley -acto impugnado, escritos de personas terceras interesadas, informe circunstanciado, cédulas de publicitación y demás documentos necesarios-.

Lo anterior, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, podría ser aplicada una multa de hasta cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, además de tener por presuntamente ciertos los hechos constitutivos de la vulneración reclamada.

A consideración del actor, tal proceder fue incorrecto, puesto que él compareció con un poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor y rindió el informe circunstanciado requerido; motivo por el cual se debió reconocer la comparecencia y el cumplimiento de las autoridades señaladas como responsables, por conducto de su apoderado.

No obstante, como se anunció, este órgano jurisdiccional considera que el actor carece de legitimación para impugnar^[6], puesto que, en principio, al momento no se le ha reconocido la calidad con la que pretendió comparecer al juicio de la ciudadanía.

Además, resulta trascendental tener en cuenta que en aquel juicio, las autoridades que fueron señaladas como responsables son dos personas funcionarias del Ayuntamiento, no así la totalidad del cabildo, en cuanto ente colegiado.

Asimismo, carece de interés jurídico para inconformarse de la determinación de la autoridad responsable, porque tal como se desprende del acuerdo impugnado, el pronunciamiento de la entonces Magistratura instructora únicamente se constriñó a tener incumplido el trámite de ley que había requerido al Presidente y Tesorera del Ayuntamiento, al no haber remitido las constancias atinentes a la publicitación del medio de impugnación, la certificación de personas comparecientes como terceras interesadas, y dado que el informe que se pretendió rendir no fue suscrito por ellos, en cuanto autoridades obligadas.

De ahí que, contrario a lo sostenido por el actor, de dicha determinación no se desprende un perjuicio real y efectivo a su esfera particular de derechos o a la de su representado –Ayuntamiento-, porque, ante la falta de reconocimiento de la calidad con la que compareció en el juicio de origen, correspondía a las autoridades municipales -Presidente y Tesorera en lo individual- demostrar que otorgaron esa representación para actuar en su nombre.

Por lo que se considera que los efectos del acuerdo impugnado recaen única y exclusivamente sobre las autoridades señaladas como responsables en aquel juicio, ya que fue a estas a quienes se les tuvo incumpliendo con la obligación legal de realizar el trámite requerido y se les apercibió en caso de incumplir nuevamente, más no al actor.

Motivo por el cual, no se advierte una repercusión sobre sus derechos político-electorales y, en consecuencia, se considera que este carece de interés jurídico para inconformarse de la decisión adoptada en el acuerdo que pretende impugnar.

Es así, puesto que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior^[7] que un acto solo puede ser controvertido por quien argumente y acredite que se le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de ese daño, y que, si se modifica o revoca el acto o resolución impugnada, quedaría reparado el agravio cometido en su perjuicio; ya que únicamente de esa forma podría restituirse el goce de la prerrogativa vulnerada en caso de que le asistiera razón en el fondo del asunto.

Por tanto, cuando una persona presente una demanda en contra de un acto que no lesiona su esfera de derechos y/o se advierta que la intervención del órgano jurisdiccional no es necesaria y útil para reparar la vulneración a su derecho, se considerará que la parte actora carece de interés jurídico y, en consecuencia, su demanda se desechará.

En el caso, no existe un perjuicio a los intereses del actor y, por tanto, en su caso, los efectos que pudieran determinarse respecto del acuerdo que impugna -confirmar, modificar o revocar- no le restituyen ninguna prerrogativa, puesto que, se insiste, las consecuencias jurídicas que se fijaron en dicho acuerdo, tanto relativos al incumplimiento como al apercibimiento realizado, inciden única y exclusivamente en la esfera jurídica de las autoridades señaladas como responsables en el juicio de la ciudadanía –Presidente y Tesorera del Ayuntamiento-.

Máxime, tomando en consideración que en el presente asunto, el actor pretende comparecer en cuanto apoderado del Ayuntamiento, aduciendo un carácter reconocido, de manera tácita, en los autos que integran el juicio de la ciudadanía. No obstante, tal argumento resulta erróneo, puesto que en el acuerdo impugnado no se le tuvo reconocida la calidad de representante y, precisamente, por tal motivo es que se tuvo a las autoridades señaladas como responsables incumpliendo con el requerimiento realizado.

De ahí que, se insiste, dado que las autoridades señaladas como responsables en el juicio de la ciudadanía son dos personas funcionarias y no el Ayuntamiento como persona moral; aunado a que al actor no se le ha reconocido ninguna calidad en dicho juicio, es que el asunto que se analiza deviene improcedente, al actualizarse la falta de legitimación y de interés jurídico para inconformarse de una actuación realizada dentro de la instrucción de aquel medio de impugnación y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 11, fracciones III y IV, en relación con el 27, fracción II de la Ley de Justicia Electoral, considerando que el asunto no ha sido admitido, lo correspondiente es desecharlo.

Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, una vez firmada la presente resolución, glose un tanto en el expediente TEEM-JDC-096/2026, a efecto de que obre como corresponda; ello, al ser el medio de impugnación que dio origen al presente asunto.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente

IV. Resolutivo

Único. Se desecha el asunto especial presentado.

Notifíquese: personalmente, al actor -a través del correo electrónico señalado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEM-JDC-096/2026, al ser el único medio de contacto que se tiene-; y por estrados, a las demás personas interesadas; de conformidad con los artículos 37, fracciones I y II, 38 y 39 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo; y 137, 139 y 140 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.

Realizadas las notificaciones, agréguense a los autos para que obren como corresponda y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, en sesión pública celebrada el día de hoy, a las doce horas con veintidós minutos, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistraturas que actualmente Integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo -quien fue ponente- y Eric López Villaseñor, ante el Secretario General de Acuerdos, Víctor Hugo Arroyo Sandoval, quien autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADA PRESIDENTA AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE
MAGISTRADO ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO	MAGISTRADO ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado,

con fundamento en los artículos 69, fracción VII del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo

y 66, fracciones I y II del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas

electrónicas que obran en el presente documento corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública celebrada el cinco de noviembre de dos mil veintiséis, dentro del asunto especial TEEM-AES-004/2026, documento que consta de ocho páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

1. Las fechas que se citen corresponden al dos mil veintiséis, salvo señalamiento expreso. ↑

2. Jurisprudencia 14/2014, de la Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO. ↑

3. Por ejemplo, al resolver el ST-JDC-53/2022, ST-AG-7/2023, ST-JDC-160/2026, entre otros. ↑

4. Su estudio es preferente, al tratarse de una cuestión de orden público; ya que, de resultar fundada alguna, haría innecesario analizar el fondo de la cuestión planteada. Véase la Tesis Ii.1º. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. ↑

5. ARTÍCULO 11. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes en los casos siguientes:

   …

   III. Cuando se pretenda impugnar actos, acuerdos o resoluciones, que no afecten el interés jurídico del actor… ↑

6. La Sala Superior ha señalado que la legitimación procesal activa constituye un presupuesto procesal vinculado con la capacidad para comparecer al proceso y se refiere a la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a ejercer la acción por aquel que tiene la aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, siendo por ello un requisito para la procedencia del juicio respectivo. ↑

7. Jurisprudencia 7/2002, emitida por la Sala Superior, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Asimismo, al resolver, por ejemplo, el SUP-JDC-202/2026, SUP-JDC-200/2026, SUP-JDC-2556/2025, entre otros. ↑