TEEM – Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

TEEM-PES-VPMG-017/2026

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEEM-PES-VPMG-017/2026

DENUNCIADO: BALTAZAR GAONA GARCÍA

MAGISTRADO PONENTE: ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA: MARÍA FERNANDA MENDOZA MÉNDEZ 

COLABORADORA: ATZIMBA MONSERRATH PÉREZ DURÁN

Morelia, Michoacán, a uno de octubre de dos mil veintiséis[1].

Sentencia que: i. Declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a Baltazar Gaona García; ii. Ordena dar vista al resto de personas integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; iii. Revoca las medidas cautelares decretadas; iv. Instruye la elaboración de la versión pública.

Índice

Glosario 1

I. Antecedentes 2

II. Competencia 3

III. Procedencia 4

IV. Planteamiento del caso 4

V. Estudio de fondo 8

5.1. Inviolabilidad parlamentaria 8

5.2. VPG 17

VI. Vista 30

VII. Medidas cautelares 30

VIII. Protección de datos 31

IX. Resolutivos 31

Glosario

Ayuntamiento:

Ayuntamiento de [No.1]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], Michoacán.

Código Electoral:

Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Congreso:

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Constitución Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Local:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Denunciado:

Baltazar Gaona García, en cuanto Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Denunciante / quejosa:

[No.2]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6].

Diario abc:

Medio de comunicación “[No.3]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”; administrador de la página de Facebook “[No.4]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”.

IEM:

Instituto Electoral de Michoacán.

Juicio de la ciudadanía:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Ley de Justicia Electoral:

Ley de Justicia Electoral en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán.

[No.5]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]:

Medio de comunicación “[No.6]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”; administrador del canal de mismo nombre en la plataforma YouTube.

Perfil del Congreso:

Perfil de YouTube “Congreso del Estado de Michoacán LXXVI Legislatura”.

Perfiles:

“[No.7]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”, “[No.8]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]” y “Congreso del Estado de Michoacán LXXVI Legislatura”.

PES:

Procedimiento Especial Sancionador.

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sala Toluca:

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.

Secretaria Ejecutiva:

Entonces Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán.

SCJN:

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VPG:

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

I. Antecedentes

1. Designación. El cinco de noviembre de dos mil veinticinco, el Congreso emitió el decreto número 254, mediante el cual designó a la denunciante [No.9]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento.

2. Medio de impugnación, acuerdo plenario y radicación. El dieciséis de junio, la denunciante promovió juicio de la ciudadanía ante este órgano jurisdiccional[2]; el diecinueve siguiente, el Pleno determinó escindir la demanda al IEM respecto de hechos presuntamente constitutivos de VPG; derivado de ello, el veintidós de junio, la Secretaria Ejecutiva radicó el expediente [No.10]_ELIMINADO_el_número_de_expediente_antecedente_[152] y previno a la quejosa a efecto de que compareciera a ratificar su denuncia[3].

3. Ampliación, acuerdo plenario y radicación. El diecinueve de junio, la denunciante presentó ampliación de demanda ante este órgano jurisdiccional[4]; el cual fue escindido al IEM, el veinticinco siguiente; en consecuencia, la Secretaria Ejecutiva integró y radicó el expediente [No.11]_ELIMINADO_el_número_de_expediente_antecedente_[152] y, previno a la denunciante para que compareciera a ratificar la denuncia[5].

4. Ratificaciones y acumulación. El veintiséis de junio[6] y dos de julio[7] respectivamente, se tuvieron ratificados los escritos presentados; asimismo, al advertirse conexidad en la causa, se ordenó la acumulación de ambos procedimientos.

5. Excitativa de justicia y ampliación de queja. Mediante escrito de cuatro de agosto, la denunciante planteó una excitativa de justicia y expuso hechos supervenientes; por lo que, en misma fecha, se determinó escindir la petición como medio de impugnación independiente. Asimismo, se le tuvo ampliando su queja[8].

6. Acuerdo de medidas. El ocho siguiente, se determinaron parcialmente procedentes las medidas cautelares solicitadas[9].

7. Desechamiento parcial, admisión y audiencia. En proveído de veintiuno de agosto, se desecharon los hechos supervenientes de cuatro de agosto y se admitió a trámite el PES respecto de los hechos presuntamente constitutivos de VPG, ordenándose el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos[10]; la cual se llevó a cabo el treinta y uno siguiente[11].

8. TEEM-PES-VPMG-017/2026. En misma fecha, la Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEM remitió el expediente e informe circunstanciado a este órgano jurisdiccional[12], el cual fue turnado a la ponencia del Magistrado Adrián Hernández Pinedo[13].

9. Radicación y verificación de debida integración. El dos de septiembre, se radicó el expediente en la ponencia instructora y se instruyó verificar la integración del expediente[14].

10. Debida integración. A través de proveído de uno de octubre se declaró la debida integración y, al no existir trámite o diligencia pendiente por desahogar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución[15].

II. Competencia

El Pleno de este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el procedimiento, ya que fue instaurado por la queja presentada por una ciudadana, en su calidad de [No.12]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento, quien denuncia la presunta comisión de hechos constitutivos de VPG en su contra.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 A, de la Constitución Local; 1, 2, 3 bis, fracción IX, 60, 64, fracción XIII, 66, fracciones II y III, y 264 Bis del Código Electoral.

Criterio acorde con la sentencia emitida por la Sala Toluca, en la que señaló que quienes ocupan cargos de elección popular de manera interina o sustituta gozan de derechos político-electorales inherentes al cargo que ejercen, por la naturaleza de las funciones que desempeñan[16].

III. Procedencia

El presente asunto resulta procedente, toda vez que cumple con los requisitos previstos en el artículo 257 del Código Electoral.

IV. Planteamiento del caso

4.1. Hechos denunciados[17]

  • Las declaraciones realizadas por el denunciado el cuatro y diez de junio rebasan la libertad de expresión o debate parlamentario riguroso y constituyen VPG en la vertiente verbal, simbólica y psicológica.
  • Las ruedas de prensa de cuatro, diez, diecisiete y veinticuatro de junio, además de dos entrevistas en [No.13]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], conforman una campaña sistemática ininterrumpida y dolosa de VPG en su contra, al utilizar estereotipos misóginos, de difamación, doxing y criminalización.
  • La exhibición no consentida de datos personales y patrimoniales a través de los canales institucionales del Poder Legislativo, sumada a la criminalización pública representan actos de intimidación, hostigamiento y violencia institucional diseñados para doblegar su voluntad, manchar su honorabilidad y coaccionarla en el ejercicio de sus funciones.

4.2. Excepciones y defensas[18]


  • Las manifestaciones señaladas constituyen crítica política a la gestión pública, a decisiones de gobierno y al desempeño de actores políticos, no fueron emitidas por su condición de mujer, no contienen estereotipos ni un significado semántico exclusivamente femenino; por lo que, si bien, determinadas expresiones pueden generar incomodidad, presión política, controversia, críticas o efectos en la percepción pública de una persona servidora pública, no acreditan un elemento de género.
  • La controversia tiene un origen político e institucional previo, relacionado con una reforma electoral, la seguridad del Palacio Legislativo, daños al inmueble, decisiones adoptadas por la presidencia del Congreso y posteriores respuestas públicas; por lo que el contenido denunciado no debe valorarse como acontecimiento aislado, sino dentro del contexto integral existente.
  • Evaluar o comparar un estilo de liderazgo no implica hacer una distinción de género; las comparaciones pueden darse entre personas de distinto sexo sin que este sea el motivo de la valoración.
  • Invoca la inviolabilidad parlamentaria, ya que la entrevista se relacionó con asuntos públicos vinculados con funciones de fiscalización, control parlamentario, rendición de cuentas y escrutinio político.

4.3. Valoración probatoria y hechos acreditados

Tomando en consideración el contenido del artículo 259 del Código Electoral, es decir, realizando una valoración en conjunto de las pruebas contenidas en el expediente, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral y a los dichos de las partes, estas resultan suficientes para acreditar lo siguiente: 

  • Calidad de la denunciante: es [No.14]_ELIMINADO_Cargo_[395] del Ayuntamiento, tal como se desprende de la copia del decreto número 254, emitido por el Congreso[19].
  • Calidad del denunciado: es Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; lo que se desprende de la copia certificada del acuerdo 276, emitido por este[20].
  • Naturaleza y titularidad de los perfiles a través de los cuales se realizaron las publicaciones denunciadas
        • Perfil del Congreso: es el canal institucional del Poder Legislativo local, cuya administración está a cargo de Héctor Ulises Tapia López, Coordinador de Comunicación Social; lo que se desprende del escrito emitido por el denunciado en contestación al requerimiento realizado[21].
        • [No.15]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]: es un medio de comunicación local, cuya administración está a cargo de Pedro Andrade González, en su calidad de Presidente; lo que se desprende de su escrito de contestación al requerimiento formulado[22].
        • [No.16]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]: es un medio de comunicación local, cuya administración está a cargo del ciudadano Jairo Cerriteño Ojeda; lo que se desprende del escrito remitido en contestación al IEM[23].

Documentales de naturaleza pública y privada, respectivamente, a las que con base en lo dispuesto en el artículo 259, párrafos quinto y sexto, del Código Electoral, se les otorga valor probatorio pleno, al generar certeza sobre su contenido.

  • Enlaces electrónicos

Agotadas diversas diligencias, el PES fue admitido por ocho publicaciones realizadas en los perfiles, cuyo contenido fue desahogado mediante las respectivas actas de verificación; las cuales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 259 del Código Electoral, adquieren valor probatorio pleno.

Tales publicaciones son:

No.

Enlace electrónico

Perfil

Contenido

1

[No.17]_ELIMINADO_enlace_electrónico_para_acceder_a_perfiles_de_redes_sociales_[244][24]

“[No.18]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”, de la plataforma YouTube.

“[No.19]_ELIMINADO_Enlace_electrónico_y/o_título_de_nota_[217]”: Baltazar Gaona cuestiona al Movimiento

El diputado del PT y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, afirmó que el liderazgo de Carlos Manzo se distinguía por tener una identidad definida, algo que, a su juicio, ya no se refleja en el actual Movimiento del Sombrero. Durante una entrevista con [No.20]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], el legislador cuestionó el rumbo que ha tomado este grupo político y señaló que existen hechos relacionados con la [No.21]_ELIMINADO_Cargo_[395] de [No.22]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], [No.23]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6], que deben ser esclarecidos por las autoridades, particularmente por la información que habría tenido sobre un hecho delictivo ocurrido en Tarímbaro antes de que, según dijo, existiera conocimiento oficial del caso.

2

[No.24]_ELIMINADO_enlace_electrónico_para_acceder_a_perfiles_de_redes_sociales_[244][25]

“[No.25]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”, de la plataforma YouTube.

[No.26]_ELIMINADO_Enlace_electrónico_y/o_título_de_nota_[217]El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, acusó públicamente haber sido objeto de presuntas amenazas relacionadas con integrantes del denominado “Movimiento del Sombrero”, y señaló directamente a la presidenta municipal de [No.27]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], [No.28]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6], por declaraciones que consideró intimidatorias hacia su persona y familia.

Gaona García declaró en entrevista con [No.29]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], que luego de dar a conocer el espacio laboral que la [No.30]_ELIMINADO_Cargo_[395] de [No.31]_ELIMINADO_el_Municipio_[28] contaba en el Congreso de Michoacán mientras fungía como presidenta del DIF municipal de [No.32]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], las presuntas amenazas comenzaron a llegar a su número privado.

3

https://www.youtube.com/live/ytv41HqjBXE?si=ksf3B1VARLHnYfNg[26]

“Congreso del Estado”, de la plataforma YouTube.

Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 17 de junio de 2026 📺

4

https://www.youtube.com/live/CIX3QQixgPc?si=93XUNtRRQs6ZV_yC[27]

“Congreso del Estado”, de la plataforma YouTube.

Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 24 de junio de 2026 📺

5

[No.33]_ELIMINADO_enlace_electrónico_para_acceder_a_perfiles_de_redes_sociales_[244][28]

“[No.34]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”, de la red social Facebook.

🚫 | Baltazar Gaona califica al Movimiento del Sombrero como “agresivo” y prohíbe ingreso de funcionarios de [No.35]_ELIMINADO_el_Municipio_[28] al Congreso

📝 Información: Édgar Andrade

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, calificó al Movimiento del Sombrero como “agresivo” y anunció que prohibirá el ingreso al Palacio Legislativo a los funcionarios del Ayuntamiento de [No.36]_ELIMINADO_el_Municipio_[28] señalados por causar daños durante la protesta del miércoles 27 de mayo.

Gaona presentó una lista de funcionarios vetados: la presidenta municipal [No.37]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6]; el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo; el secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña; el secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas; el secretario de Turismo, Emilio Herrera Cuadra; y la responsable de comunicación digital, Martha Alejandra Ávila Ortega. “Su visita en el Congreso no es grata”, sentenció.

6

https://www.youtube.com/watch?v=F494fQgBxcl[29]

“Congreso del Estado”, de la plataforma YouTube.

Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 10 de junio de 2026 📺

7

[No.38]_ELIMINADO_enlace_electrónico_para_acceder_a_perfiles_de_redes_sociales_[244][30]

“[No.39]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]”, de la plataforma YouTube.

Se precisa que el contenido del enlace es el mismo que el descrito en el punto uno.

8

https://www.youtube.com/live/ytv41HgjBXE?si=4Q5NbZNnnsT1nOYg[31]

“Congreso del Estado”, de la plataforma YouTube.

Se precisa que el contenido del enlace es el mismo que el descrito en el punto tres.

Es importante referir que el contenido de las publicaciones identificadas como 1 y 7; así como, 3 y 8, si bien se desahogaron en actas de verificación diferentes, de su contenido es posible advertir que corresponden al mismo evento.

De ahí que, el estudio de fondo se realizará sobre el contenido de las publicaciones identificadas del 1 al 6.

Asimismo, se señala que, con independencia de que el IEM haya levantado las actas de verificación referidas, a efecto de incorporar un contexto debido, integral y suficiente, también será tomado en consideración el contenido verificado en las actas realizadas por la ponencia instructora, dentro del juicio de la ciudadanía TEEM-JDC-061/2026; el cual fue el medio de impugnación que dio origen a este procedimiento y cuyas actuaciones obran en el Tomo de Pruebas I.

Por otra parte, se precisa que respecto a la metodología de análisis, en un primer momento, se analizará si las expresiones denunciadas se encuentran amparadas bajo el principio de inviolabilidad parlamentaria, dado el carácter del denunciado; y solo en caso de concluir que no se encuentran protegidas se procederá con el estudio de VPG.

V. Estudio de fondo

5.1. Inviolabilidad parlamentaria

Dada la calidad del denunciado -diputado local-, este Tribunal está obligado a dilucidar, de manera previa, si las manifestaciones denunciadas se encuentran amparadas por la protección de la inviolabilidad parlamentaria; puesto que tal garantía es de orden público[32].

Aunado a lo anterior, el denunciado invoca dicho principio, al considerar que las manifestaciones realizadas están relacionadas con asuntos públicos vinculados con funciones de fiscalización, control parlamentario, rendición de cuentas y escrutinio público.

De ahí que corresponde analizar las características de los eventos contenidos en los enlaces electrónicos denunciados, a efecto de determinar si pueden estar amparados por dicha prerrogativa.

  • Marco jurídico

En el ámbito federal, la inviolabilidad o inmunidad legislativa está garantizada por el artículo 61 de la Constitución Federal; la cual establece que las personas legisladoras son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y, por tanto, no se les podrá reconvenir por ellas, lo que implica que protege aquellas manifestaciones realizadas por las personas legisladoras en el ejercicio de alguna de sus actividades definidas en la ley como correspondiente al cargo.

En Michoacán, el artículo 27 de la Constitución Local replica la prohibición de reconvenir a las personas diputadas por las opiniones, propuestas legislativas o votos que emitan en el ejercicio de su encargo.

La Primera Sala de la SCJN ha señalado que el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como persona legisladora[33].

Por su parte, el Tribunal Pleno, atendiendo a la referida tesis, ha enfatizado que la inviolabilidad parlamentaria se actualiza cuando la persona legisladora: (i) actúa en el desempeño de su cargo; (ii) tiene por finalidad proteger la libre discusión y decisión parlamentarias que llevan a cabo como representantes públicos; y (iii) produce, como consecuencia, la dispensa de una protección de fondo, absoluta y perpetua, llevada al grado de irresponsabilidad, de tal suerte que prácticamente los sitúa en una posición de excepción[34].

Con base en lo anterior, la Sala Superior al resolver diversos recursos de revisión del PES determinó que la línea jurisprudencial en materia de inviolabilidad parlamentaria se orienta por los siguientes criterios[35]:

  • Finalidad: protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, esto es, no se protege de manera absoluta a las personas legisladoras, sino que garantiza al Poder Legislativo un ámbito de libertad frente al resto de los poderes públicos y privados.
  • Ámbito material: abarca las opiniones o manifestaciones que se expresan, dentro o fuera del recinto parlamentario, en la medida en que a partir de un criterio jurídico aceptable es posible vincularlas con su función parlamentaria, lo que supone una protección funcional y no únicamente subjetiva.
  • Límites: Las expresiones u opiniones emitidas en el marco del debate público que no están vinculadas a la función legislativa no se encuentran protegidas por la inviolabilidad parlamentaria y deberán ponderarse a partir de los límites constitucionales y convencionales de la libertad de expresión.

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la protección a las manifestaciones de las personas legisladoras no abarca cualquier opinión, sino únicamente las que se formulen en el desempeño de su función parlamentaria[36].

  • Caso concreto

Como se desprende de la tabla inserta en el apartado de hechos acreditados, la quejosa denunció las manifestaciones realizadas en seis publicaciones[37], pues, desde su percepción, tales señalamientos son constitutivos de VPG.

De una revisión integral y exhaustiva al contenido de dichos enlaces electrónicos, se concluye que pueden ser agrupados en dos tipos: tres eventos difundidos en el canal de YouTube del Congreso, identificados como: 1) Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 10 de junio; 2) Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 17 junio de 2026; 3) Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 24 de junio. Y tres correspondientes a entrevistas realizadas en dos medios de comunicación.

Respecto del primer grupo -ruedas de prensa-, con independencia de los títulos de las publicaciones, de los cuales, inicialmente, pudiera presumirse que están relacionados con el desarrollo de las sesiones legislativas de diez, diecisiete y veinticuatro de junio; lo cierto es que, conforme a las actas de verificación realizadas, tanto por el IEM, como por este Tribunal dentro de la instrucción del TEEM-JDC-061/2026[38] y, cuyas actuaciones obran anexas al presente procedimiento, tales eventos no se realizaron en uso de la Tribuna, con motivo de alguna sesión del Congreso, sin embargo, se advierte que sí fueron emitidas dentro del recinto legislativo.

Atendiendo a esas particularidades, lo procedente es realizar su análisis a partir del desarrollo de los requisitos jurisprudenciales necesarios, ya que solo así se logrará determinar si existe un vínculo funcional comprobable entre las manifestaciones señaladas y el ejercicio del cargo de la persona legisladora y, en consecuencia, si se encuentran amparadas o no con el principio de inviolabilidad parlamentaria.

  • 1) Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 10 de junio de 2026 y 2) Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 17 junio 2026 (identificadas en la tabla previa como puntos 6 y 3, respectivamente)
  1. El contexto en que se emitieron las expresiones

Respecto al primero de los eventos, en el acta de dieciocho de junio levantada por la ponencia instructora[39], se certificaron los minutos del 00:44:38 a 01:13:25, al advertirse que, previo a esa temporalidad, el video trataba de temas ajenos a la controversia.

En dicha acta se certificó que aparecía una persona del sexo masculino aparentemente dando una conferencia de prensa.

Asimismo, del contenido certificado se advierte que el denunciado señaló, de manera inicial: …Bien, como siguiente punto, digo, yo ya no quisiera tocar más este tema, porque pues ya se ha visualizado mucho, pero creo que es importante mencionarlo…

Respecto al segundo de los eventos, en el acta de veintidós de junio levantada por la ponencia instructora[40], se certificaron los minutos del 00:53:14 a 01:02:15, al advertirse que, previo a esa temporalidad, el video contenía temas ajenos a la controversia.

En tal acta se dio cuenta de que en el video aparecía una persona del género masculino de pie frente a un pódium, observándose al fondo lo que parecía ser una lona con el texto “de la Conserva”.

Del material certificado se advierte que el denunciado señaló de manera inicial: … Respecto de la [No.40]_ELIMINADO_Cargo_[395] de [No.41]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], y sigue firme la decisión de no autorizarle el acceso a este Congreso y lo quiero reafirmar porque ha habido varios comentarios de diferentes actores políticos que han hecho referencia que no, que no se puede, no se debe vetar a nadie aquí en el Congreso del Estado. Nada más reiterarles mi postura, que la prohibición del ingreso no es por su forma de pensar, no es con la intención de coartarle su libre expresión y manifestación, no, es por un tema de seguridad de todos los que están al interior de este recinto…

Del contenido general de ambos eventos, se advierte que estos fueron celebrados con fines ajenos a la materia de este PES; no obstante, a partir de un comentario introductorio al tema, el denunciado realizó varios señalamientos alusivos a la quejosa; asimismo, atendió a distintos cuestionamientos realizados, posteriormente, por terceras personas.

De lo anterior se desprende que, el denunciado se encontraba realizando manifestaciones ajenas a la litis dentro de eventos realizados con otros fines; sin embargo, a partir de los respectivos minutos, como se expuso, decidió introducir un nuevo punto de discusión, a efecto de poder referir diversas cuestiones relacionadas con la denunciante.

  1. El tema objeto de la comunicación

En ambos se trató de eventos ajenos a la quejosa y a la materia de la controversia, durante los cuales, a partir de una decisión deliberada y unilateral del denunciado, comenzó a externar temas relacionados con esta.

  1. La finalidad perseguida

Resulta dable afirmar que el fin de convocar a diverso personal de medios en ambos eventos, tuvo por objetivo cubrir el desarrollo de eventos relacionados con el Congreso; no obstante, aprovechando el motivo de la reunión y las circunstancias, el denunciado determinó hacer del conocimiento de las personas presentes, su posicionamiento respecto de las diferencias que presentaba en ese momento con la quejosa.

  1. El carácter del medio de difusión empleado:

Las publicaciones se realizaron a través del perfil oficial del Congreso en la plataforma de YouTube.

  1. La calidad con la que intervino la persona legisladora

Se advierte que los eventos fueron desarrollados en cuanto Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

  1. La relación existente entre las manifestaciones y las funciones constitucionalmente asignadas al cargo

La Sala Superior ha precisado que se consideran como cuestiones parlamentarias aquellas que tienen que ver con el funcionamiento y organización de los órganos legislativos, o aquellas manifestaciones que se pronuncian en el recinto parlamentario durante los debates del órgano legislativo, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales[41].

En el caso, del desarrollo de los dos eventos analizados, no se desprende que guarden relación con alguna de sus funciones como legislador, ya que, se insiste, atendiendo a un análisis contextual, se advierte que estos fueron organizados con fines de tipo social, para los cuales se convocó a diverso personal de medios, sin que se aprecie que estén vinculados con alguna discusión en Tribuna u otra propia de su función deliberativa.

Máxime que, tal como se estableció en la sentencia del juicio de la ciudadanía TEEM-JDC-061/2026[42], el cual, como ya se dijo, fue el medio de impugnación que generó este PES, el posicionamiento realizado por el denunciado se trató de una determinación tomada de manera unilateral, puesto que, tal como lo refirió la quejosa, en su momento, en el orden del día de la sesión extraordinaria de diez de junio[43] no se advierte ningún punto en el que se haya puesto a consideración del Pleno la discusión sobre una posible restricción a su acceso. Asimismo, respecto a la rueda de prensa de diecisiete siguiente, tampoco obra constancia en el expediente que acredite una posible relación con alguna sesión del Congreso.

De ahí que, conforme a lo razonado en los seis elementos analizados, no es posible acreditar un vínculo funcional entre los eventos y las facultades del denunciado, en cuanto legislador local.

  • Rueda de prensa de la Presidencia de la Mesa Directiva, Sesión Extraordinaria 24 junio de 2026 (identificada con el punto 4)

Atendiendo al contenido del acta IEM-OFI-472/2026, en la cual se certificó la presencia de una persona de sexo masculino al centro de la imagen, se advierte el siguiente texto:

Persona 1: [Ininteligible]. [No.42]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6].

Persona 2: Si es una medida cautelar que tenemos respetar, desde luego que la vamos a dejar ingresar aquí a oficialía de partes a recibir cualquier documento, también si quiere venir a pedir disculpas al Congreso por los disturbios, si quiere venir a pagar los daños que ocasionó en la puerta, en la ventana, si quiere venir a regresar el, el cobro indebido que hizo como aviadora desde luego que la vamos a recibir, porque no, claro que la recibimos.

Persona 1: Gracias.

Con base en lo anterior, se considera que este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para conocer el contexto del evento y, en consecuencia, de las manifestaciones realizadas; por lo que, ante la ausencia de medios probatorios que permitan verificar las circunstancias particulares del evento señalado, y si las manifestaciones realizadas se encuentran relacionadas con algún tema previamente discutido en la sesión del Congreso realizada o alguna otra función legislativa, se concluye que estas se encuentran amparadas por la protección de la inviolabilidad parlamentaria -derivado de la falta de elementos adicionales para un análisis integral y dada la calidad del denunciado-.

Lo anterior es así, ya que, del acta valorada es posible advertir que el canal de difusión utilizado fue el perfil del Congreso y que, presumiblemente, se realizaron dentro del recinto legislativo, en ejercicio del cargo público que ostenta el denunciado; sin que existan elementos suficientes para desacreditar el vínculo funcional entre sus declaraciones y las funciones que constitucionalmente tiene asignadas.

Máxime, tomando en consideración que derivado de las medidas cautelares decretadas por el IEM el contenido del enlace electrónico aportado ya no se encuentra disponible.

En consecuencia, procede dar vista al resto de las personas integrantes de la Mesa Directiva para que determinen lo conducente.

  • Entrevistas realizadas a través de [No.43]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] y [No.44]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] (identificadas como 1, 2 y 5)

Respecto a las entrevistas, se precisa que estas fueron realizadas: dos el quince de junio, a través de [No.45]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] y una más en el [No.46]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], de la cual no es posible advertir la fecha[44].

  1. El contexto en que se emitieron las expresiones

En las dos entrevistas realizadas en [No.47]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] se advierte que el denunciado asiste como invitado; asimismo, que realiza diversas manifestaciones respecto de la agrupación política conocida como “Movimiento del Sombrero” y la quejosa, en las cuales atiende a los cuestionamientos que la otra persona le realiza.

Respecto de la publicación en el [No.48]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] se advierte que se trata de un reel en el que el denunciado realiza un señalamiento relacionado con el movimiento encabezado por la denunciante.

  1. El tema objeto de la comunicación

En las tres entrevistas se trató el posicionamiento y opinión personal del denunciado respecto de diversos aspectos relacionados con la quejosa y el movimiento político del que forma parte.

  1. La finalidad perseguida

Compartir su postura personal relacionada con varios aspectos atinentes tanto a la denunciante como a la agrupación política de la que es integrante.

  1. El carácter del medio de difusión empleado

Las publicaciones se realizaron a través de los perfiles de cada medio en la red social Facebook y la plataforma de YouTube, respectivamente.

  1. La calidad con la que intervino la persona legisladora

Se advierte que los eventos fueron desarrollados en su calidad de ciudadano, en cuanto Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

  1. La relación existente entre las manifestaciones y las funciones constitucionalmente asignadas al cargo

Las manifestaciones realizadas no están relacionadas con alguna de sus funciones como legislador, en primera, considerando que se trató de entrevistas a las que el denunciado acudió; y en segunda, al no provenir de alguna discusión previamente realizada en Tribuna, la propuesta o deliberación de algún proyecto de iniciativa, la integración de las Comisiones u otra similar.

Por tanto, conforme a lo razonado en los elementos anteriores, no es posible acreditar un vínculo funcional entre las entrevistas analizadas y las facultades parlamentarias del denunciado.

En conclusión, conforme a lo razonado, respecto de dos ruedas de prensa -diez y diecisiete-, así como de las tres entrevistas realizadas, se considera que ninguna cumple con los parámetros necesarios para que las manifestaciones se encuentren protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

Es así, puesto que, como se dijo, tal inmunidad no representa una protección absoluta de la persona legisladora, sino que su finalidad es garantizar un ámbito de libertad deliberativa para con los otros poderes; lo que en el caso no sucede, al no haberse acreditado un nexo funcional entre las manifestaciones realizadas y el ejercicio de las funciones parlamentarias del denunciado.

Respecto al ámbito material, si bien, presumiblemente, se advierte que las ruedas de prensa se desarrollaron dentro de las instalaciones del Congreso, tal aspecto por sí mismo -conforme al marco normativo expuesto-, no acredita un vínculo directo con alguna función propia del debate legislativo. En tanto que las entrevistas fueron realizadas fuera del recinto parlamentario y tampoco acreditaron tener un vínculo con el ejercicio del cargo legislativo del denunciado.

En cuanto a los límites, considerando que no lograron acreditarse los elementos necesarios para invocar la inviolabilidad parlamentaria, las expresiones emitidas en tales eventos deben ser valoradas bajo los parámetros del debate público.

De ahí que lo procedente sea realizar el estudio de VPG por las expresiones contenidas en las publicaciones identificadas como 1, 2, 3, 5 y 6.

5.2. VPG

  • Marco jurídico

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación deriva de las obligaciones del Estado, conforme lo establecido en los artículos 1° y 4°, párrafo primero de la Constitución Federal que prohíbe toda discriminación motivada por, entre otros, el género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconoce la VPG, como toda acción u omisión basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos[45].

La Sala Superior ha conformado una línea jurisprudencial sobre los elementos que deben analizarse para determinar si un hecho o conducta denunciada es constitutiva de VPG, tomando en consideración lo previsto en la normativa invocada, así como en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[46].

Adicionalmente, en el marco de los procedimientos sancionatorios, el análisis de hechos posiblemente constitutivos de VPG, a partir de la obligación de juzgar con perspectiva de género, debe basarse en un estándar de debida diligencia, que implica un deber reforzado[47].

A partir de lo anterior, es que se debe realizar el análisis contextual y exhaustivo de los hechos de forma integral, como un conjunto interrelacionado, sin variar su orden cronológico, ni las circunstancias de modo y lugar, y sin restarle elementos e impacto por la probable existencia de patrones o prácticas de carácter estructural[48]. 

  • Deber de juzgar con perspectiva de género

Definida como una metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres; la cual obliga a observar una protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres, en casos que involucren su posible vulneración, derivado del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género.

La jurisprudencia de la SCJN indica que esta perspectiva implica advertir y analizar si, en el caso, existen situaciones de asimetrías de poder, de desigualdad estructural, o bien, contextos de violencia o vulnerabilidad que impidan impartir justicia de manera completa e igualitaria[49].

Para ello, se debe examinar de manera integral el contexto, los hechos y las pruebas, a fin de identificar si existen elementos que den cuenta de un desequilibrio entre las personas involucradas.

Este análisis permite corroborar o, en su caso, descartar si el género fue determinante en el caso, y si los hechos denunciados se relacionan con roles o estereotipos de género que hayan colocado en situación de desventaja a la parte denunciante frente a la denunciada.

Solo así se materializará una tutela efectiva de los derechos político-electorales de la víctima.

  • Caso concreto

La quejosa señala que las manifestaciones realizadas por el denunciado en las ruedas de prensa de diez y diecisiete de junio, así como en las entrevistas publicadas en [No.49]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] y [No.50]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], constituyen una campaña sistemática ininterrumpida y dolosa de VPG en su contra.

Al respecto, atendiendo al deber de este órgano jurisdiccional de analizar la totalidad de hechos denunciados, sin fragmentarlos y valorando de forma integral el contexto en que se realizó cada uno; se precisa que, con independencia de que el IEM haya desahogado los minutos específicos que, en concepto de la denunciante, fueron los que contienen las manifestaciones constitutivas de VPG, este Tribunal tiene la obligación legal de verificar el contenido total de las publicaciones denunciadas[50], pues solo así se podrá establecer de manera correcta y congruente el contexto general relativo al desarrollo de cada evento al que hacen alusión las publicaciones denunciadas.

Por tanto, acorde con las circunstancias fácticas del asunto, debe realizarse un análisis conjunto e integral de los hechos denunciados presuntamente constitutivos de VPG, a efecto de comprobar su existencia o inexistencia; lo que se efectuará en términos de la referida jurisprudencia 21/2018, en relación con la metodología establecida en la diversa 22/2024[51].

  1. Sucede en el contexto del ejercicio de derechos político-electorales:

Sí, porque la quejosa se encuentra en pleno ejercicio de las funciones propias del cargo de elección popular para el cual fue designada.

  1. La conducta proviene de autoridades o agentes del Estado, superiores jerárquicos, colegas, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación o sus integrantes, particulares o grupos de personas:

Sí, al estar atribuida a un ciudadano, en su carácter de Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

  1. Se trata de conductas de tipo simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico:

No, conforme a lo expuesto a continuación.

A manera de contexto general, resulta que derivado de la ausencia permanente del Presidente electo del Ayuntamiento, el cinco de noviembre de dos mil veinticinco se designó a la quejosa como [No.51]_ELIMINADO_Cargo_[395]; quien, además, quedó al frente del grupo político denominado “Movimiento del Sombrero”[52].

Asimismo, es importante referenciar que el veintisiete de mayo el Congreso aprobó una reforma a la normativa electoral; derivado de tal hecho se suscitó una serie de incidentes en los que se vieron inmiscuidos la denunciante, en cuanto integrante del movimiento político referido, y diverso personal del ente legislativo.

A raíz de los sucesos anteriores se han realizado varios comentarios y señalamientos, de manera mutua, entre el denunciado y la denunciante.

En el caso, las manifestaciones que destacan de la totalidad de expresiones denunciadas son las siguientes:

Publicación:

Reel publicado a través del medio de comunicación [No.52]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]

-sin que sea posible apreciar la fecha-

  1. …lo contradictorio es que cuando declaran, sale la [No.53]_ELIMINADO_Cargo_[395] de [No.54]_ELIMINADO_el_Municipio_[28], pues como que no rompe un plato, diciendo que son un movimiento tranquilo, pacifico, lo cual es totalmente falso, declarando puras mentiras, es un movimiento mucho muy agresivo, y la verdad su visita en el congreso no es grata, voy a dar instrucciones de que cuando llegue alguno de los funcionarios que causaron daños al congreso, que quieran ingresar, se les va a prohibir la entrada…
  2. …tenemos aquí ya la lista, entre ellos, todos prácticamente son funcionarios del Ayuntamiento de [No.55]_ELIMINADO_el_Municipio_[28]… está obvio [No.56]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6], es [No.57]_ELIMINADO_Cargo_[395]…

Publicación:

Rueda de prensa de diez de junio publicada a través del perfil del Congreso

  1. …[No.58]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6] dice que no cobró ni un peso aquí en el Congreso, lo cual es totalmente falso, ella fue aviadora, trabajadora, digo yo, nunca la vi aquí, percibía el salario aproximado de 20,000 pesos al mes como asesora y digo, si cuando estaba recibiendo dinero del Congreso aquí nunca se paró, pues como que ahora a qué tendría que venir…
  2. …Y yo sigo insistiendo en que a una persona eh que es violenta, que puede generar algún daño en las instalaciones, que puede poner en riesgo la seguridad de las personas que están aquí adentro o que puede intervenir en el trabajo de alguna diputada o algún diputado, no se le debería de dar acceso…
  3. …y ya lo he dicho antes, creo que es un movimiento que no está capacitado para gobernar, incluso ni siquiera para gobernar [No.59]_ELIMINADO_el_Municipio_[28]…

Publicación:

Entrevista publicada por [No.60]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], denominada: “[No.61]_ELIMINADO_Enlace_electrónico_y/o_título_de_nota_[217]” -15-06-2026-

  1. …entonces yo no sé qué grupos criminales estén atrás de [No.62]_ELIMINADO_el_nombre_de_la_parte_denunciante_[6], pero si son capaces de hacer esto de mandarme una cabeza, de que no serán capaces, digo yo puedo entender que ella se pueda sentir incomoda…
  2. … ¿Por qué? Porque le están haciendo un favor, porque están coludidos con ella, por eso no se va a meter con ellos, ¿o a qué se refiere? Y con quienes tiene trato son los que llevaron esta cabeza allí a Tarímbaro…

Publicación:

Entrevista publicada por [No.63]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220], denominada: “[No.64]_ELIMINADO_Enlace_electrónico_y/o_título_de_nota_[217]”: Baltazar Gaona cuestiona al Movimiento -15-06-2026-

  1. …Veo un movimiento desdibujado, donde no tienen una propuesta clara, un plan de gobierno, no tienen este una bandera política, una causa social que defender. O sea, yo no los veo, yo los veo este sí, mediáticamente, eh montados en un hecho lamentable…
  2. …Pues creo que es obvio ¿no?, yo creo que más allá de lo que yo pueda opinar, pues los ciudadanos son los que deberían de sacar su sus conclusiones, pero pues es evidente, es es (sic) algo que le han estado, de ahí no se bajan y tan evidente es que si tuvieran ganas de esclarecer ese lamentable hecho, pues deberían de ser los primeros en aportar todas las pruebas, eh convenientes para que esto se esclarezca, pero cuando vemos a alguien que se está negando a ofrecer las pruebas que le solicitan la fiscalía y demás, bueno, pues entonces este pues que la sociedad opine… [53]
  3. …Hoy ese movimiento ya no representa, no representa ni a Carlos Manzo, perdón que lo diga, pero se ha quedado sin propuesta y pues su lucha ha sido tirarse al piso, hacerse las víctimas para que los apapachen…
  4. …pero yo creo que así no se puede gobernar, eh, no, así no puede gobernar un municipio mucho menos un Estado o el país…

Publicación:

Rueda de prensa de diecisiete de junio publicada a través perfil del Congreso

  1. aquí están las fotos donde ella está teniendo actividades con ese cargo. Entonces, pues ella pide que investiguemos, pues lo hacemos con mucho gusto y nada más le aclaramos eh las cosas, pues para entender, hacer entender a la sociedad que es un movimiento que miente. Quien encabeza este movimiento eh pues miente…
  2. …Nosotros vamos a presentar un oficio a Contraloría del Congreso donde vamos a solicitar que investiguen esta doble función de la [No.65]_ELIMINADO_Cargo_[395] de [No.66]_ELIMINADO_el_Municipio_[28] y donde vamos a solicitar que reintegre esos dineros al Congreso porque queda evidenciado que fue una aviadora que cobró indebidamente aquí en el Congreso, que no prestó servicios aquí en el Congreso, ella estuvo como presidenta allá en el DIF en [No.67]_ELIMINADO_el_Municipio_[28]…
  3. …que acaso hay un grupo de crimen organizado atrás de ella que le da ese valor para andar mandando esos mensajes. ¿Quién está detrás de ella? A ella sí la deben de investigar, saber si hay un grupo delincuencial, porque ya también declaró que ella no va a combatir a los delincuentes, que dice que no les va a echar a perder sus negocios. Ah, pues ya voy entendiendo porqué será porque son sus patrones o quién está detrás de ella…

Publicaciones que fueron realizadas el diez, quince y diecisiete de junio, mediante la plataforma de YouTube; así como una más a través de la red social Facebook, de la cual no es posible advertir la fecha de realización.

Respecto a su contenido, este Tribunal advierte que las manifestaciones denunciadas pueden ser agrupadas en dos temáticas principales; la primera, relacionada con los hechos de veintisiete de mayo desarrollados en el Congreso y, la segunda, referente a posicionamientos del denunciado respecto del “Movimiento del Sombrero”.

Así, en cuanto a la semántica de las palabras utilizadas, se advierte lo siguiente:

Expresiones relativas al “Movimiento del Sombrero”

  • Capacitado (conjugación de capacitar): hacer a alguien apto, habilitarlo para algo[54]. 
  • Hecho lamentable: cosa que sucede (acontecimiento, suceso, evento o situación)[55] que merece ser lamentado o es digno de llorarse[56].
  • Tirarse al piso:  infravalorarse alguien, valorarse negativamente uno mismo[57].
  • Hacerse las víctimas: quejarse excesivamente buscando la compasión de los demás[58].
  • Apapachen (conjugación de apapacho): “palmadita cariñosa o abrazo”[59].

Expresiones relativas a diverso funcionariado del Ayuntamiento

  • Visita no grata: acción de visitar[60] -ir a ver a alguien en el lugar en que se halla[61]; “no grata” representa el antónimo directo de “grata” -gustosa, agradable, placentera, amable, satisfactoria, amena[62]-.

Expresiones relativas a su persona

  • Aviadora: empleado defraudador que figura en nómina, cobra un sueldo, pero que no se presenta a cumplir su jornada de trabajo[63].
  • Violenta: dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira[64].
  • Miente (conjugación de mentir): decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa[65].
  • Grupos criminales: pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto[66] perteneciente o relativo al crimen[67]. Un grupo criminal es la Unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos[68].
  • Patrones (plural de patrón): persona que emplea trabajadores[69]. 

De las definiciones anteriores no se desprende el uso evidente de términos altisonantes o algún estereotipo de género, tampoco la utilización de palabras que sugieran o lleven implícitos prejuicios tendentes a discriminar o violentar a la quejosa derivado de su condición de mujer.

Es así, puesto que, en primer término, se advierte que todas se tratan de palabras que, por sí mismas, no implican insultos, descalificaciones o juicios de valor. Asimismo, resultan términos de uso neutral, es decir, pueden ser utilizados para hacer referencia tanto a hombres como mujeres, sin que impliquen un uso discriminatorio; y, además, carecen de posibles significados regionalizados o coloquiales que pudieran representar una definición adicional.

Con base en ello, se considera que el sentido de los señalamientos realizados por el denunciado constituye una crítica severa relacionada con el debate público, lo que representa un ejercicio válido, emitido como parte de la libertad de expresión.

Lo anterior, ya que, se insiste, se trata de señalamientos con significado neutral que en su literalidad no pretenden perjudicar la integridad de la quejosa ni tampoco el ejercicio de su cargo; y si bien, le pudieran generar incomodidad o molestia, este Tribunal considera que, valoradas desde su semántica individual, no constituyen algún tipo de violencia, sino por el contrario, fueron emitidas como una crítica severa dentro del desarrollo del debate público.

Ahora, conforme a la clasificación previamente realizada, respecto a los mensajes emitidos relacionados con la agrupación política “Movimiento del Sombrero” se advierte que la intención de las declaraciones del denunciado es referirse en plural al grupo, sin realizar señalamientos específicos en contra de la quejosa; tal como se evidencia a continuación:

  • …es un movimiento que no está capacitado para gobernar…
  • …veo un movimiento desdibujado…
  • …yo los veo… mediáticamente montados en un hecho lamentable…
  • …de ahí no se bajan…
  • …entonces pues que la sociedad opine…
  • …ese movimiento ya no representa… se ha quedado sin propuesta y pues su lucha ha sido tirarse al piso, hacerse las víctimas para que los apapachen…
  • …así no se puede gobernar…

Expresiones de las que se desprende que tienen por objeto señalar la opinión personal del denunciado respecto de la forma en que se ha desarrollado y comportado el movimiento político, de las cuales se puede advertir que no comparte algunas de sus acciones, ideas o creencias; no obstante, se considera que tales posicionamientos están protegidos por los límites del debate público, dentro de los cuales, las personas servidoras públicas están expuestas a un mayor escrutinio público y, por ende, el índice de tolerancia debe ser mayor.

Es así cuando el denunciado refiere que el movimiento no está capacitado para gobernar, que está desdibujado porque mediáticamente están montados en un hecho lamentable, en donde su lucha ha sido tirarse al piso y hacerse las víctimas para que los apapachen. Manifestaciones de las que se logra advertir que no hay una referencia directa y expresa en contra de la quejosa, además de ser neutrales y estar encaminadas a cuestionar las decisiones y comportamiento de un movimiento político que, aunque constituyen una crítica severa al comportamiento de la agrupación, no se trata de agresiones directas que pudieran ser constitutivas de violencia para la quejosa.

En efecto, en el debate público existe un estándar amplio de la crítica y libertad de expresión en política[70], que permite juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones al estar involucradas cuestiones de interés público, siempre que no se vulnere la dignidad humana o se discrimine a las personas[71]. Sin que ello suponga justificar cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en política o desconocer que algunas afirmaciones tienen un impacto diferenciado cuando se dirigen a mujeres por reproducir estereotipos o generar efectos de exclusión injustificada en el debate público[72].

Así, ha sido criterio de la Sala Superior que las personas servidoras públicas se encuentran sujetas a un escrutinio más riguroso y severo, en comparación con las personas particulares, por el rol que desempeñan en una actividad democrática, lo cual implica un mayor margen de tolerancia frente a opiniones y críticas relacionadas con asuntos de interés general, como lo es la gestión y el desempeño de los cargos públicos; puesto que tales actividades son de relevancia para la ciudadanía por el tipo de labores desempeñadas en el ejercicio de su gestión.

Ahora, en cuanto a la expresión dirigida a diverso personal del Ayuntamiento, en la que también se incluyó a la quejosa, a efecto de establecer puntualmente la intención perseguida, debe tenerse en cuenta que, como se señaló al inicio de este apartado, a partir de la reforma electoral discutida y aprobada por el Congreso el veintisiete de mayo, el denunciado y la denunciante se han realizado diversos señalamientos, de manera mutua; el primero en su calidad de Presidente del ente legislativo y la segunda en cuanto integrante del “Movimiento del Sombrero”.

De ahí que, con motivo de hechos suscitados en las instalaciones del Congreso, en los que, a dicho del denunciado, diversas personas -incluida la quejosa-, se presentaron de manera agresiva y causaron daños al inmueble, es que este, en cuanto Presidente, realizó ciertas afirmaciones en donde manifestó que la visita de las personas involucradas no era grata y que daría la instrucción para que no se les permitiera el acceso; señalamiento que no implica un mensaje exclusivamente dirigido hacia la denunciante.

Tal hecho se considera trascendental para este procedimiento y, en particular, para contextualizar las manifestaciones que se analizan; puesto que representa el origen de la desavenencia surgida entre las partes y el motivo por el cual el denunciado ha señalado su posicionamiento respecto del movimiento político y la quejosa.

Así, se advierte que fue a partir de tal posicionamiento, el cual, a dicho de la quejosa, sucedió en la rueda de prensa de cuatro de junio y, posteriormente, fue reiterado el diez siguiente, en donde continuó realizando señalamientos relativos a que las personas involucradas en tales hechos eran consideradas violentas y, por ende, no permitiría que ingresaran al recinto, toda vez que podían dañarlo nuevamente y, por tanto, su visita era no grata.

Asimismo, de manera directa hacia la quejosa refirió que fue aviadora, que nunca la vio y que percibía un salario como asesora; aspecto que reitera en la rueda de prensa de diecisiete siguiente en la que señala -en referencia a la declaración de que recibía un salario del Congreso- que miente al negar los hechos y que van a solicitar que reintegre el dinero, al haberse tratado de un cobro indebido.

De igual manera, en una de las entrevistas realizada el quince de junio hizo diversas manifestaciones en las que relacionó a la denunciante con grupos criminales; en específico señaló que no sabía qué grupos estaban atrás de ella, que le estaban haciendo un favor y que estaban coludidos; manifestación que refrendó en la rueda de prensa de diecisiete siguiente, en donde cuestionó si acaso había un grupo de crimen organizado que actuaba como sus “patrones”.

Este Tribunal advierte que los señalamientos relativos a que la visita de algunas personas integrantes del movimiento político no es grata -entre las que se encuentra la quejosa-, que es aviadora, que miente y que solicitarán el reintegro del salario cobrado están intrínsecamente ligados con el hecho suscitado en el Congreso, en el que, a dicho del denunciado, el grupo encabezado por la denunciante generó daños a las instalaciones.

Se considera de tal manera, puesto que en sus intervenciones el denunciado hace referencia a que la quejosa es una persona violenta, lo que se insiste, está relacionado con los hechos de veintisiete de mayo; y que si mientras estaba en la nómina del Congreso no se presentaba a trabajar, desde su consideración, no encuentra justificante para que ahora quiera asistir, además, a juicio del denunciado, dado que la quejosa niega tal actuar, este considera que miente.

Manifestaciones de las que no es posible advertir algún señalamiento constitutivo de violencia, puesto que se trata únicamente de un posicionamiento que el denunciado, en cuanto Presidente, considera que le corresponde hacer, al ser el responsable de velar por la integridad de las instalaciones del recinto y de las cuales, se reitera, no se advierte una limitante discriminatoria dirigida únicamente en contra de la quejosa, derivado de su condición de mujer, ya que, incluso, se trató de un señalamiento genérico realizado a una lista de personas integrada por hombres y mujeres.

Referente a las manifestaciones en donde relaciona a la quejosa con posibles nexos con el crimen organizado, este órgano jurisdiccional considera que estas no llevan implícito ningún tipo constitutivo de violencia, sino que se trata de una posible explicación que, desde la perspectiva del denunciado, justifican la manera de actuar de la quejosa; ya que, incluso, se advierte que algunas de las expresiones están planteadas a manera de cuestionamiento.

Y, respecto al argumento de la quejosa mediante el cual considera que se cometió violencia digital e institucional en su contra, al haber difundido datos personales y patrimoniales sin su consentimiento; contrario a lo sostenido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones de la propia ley; de ahí que, al tratarse de presuntos recibos de nómina elaborados de manera interna, es el caso que tal documental no puede considerarse un dato personal o sensible que, por ley, deba ser protegido.

Por tanto, si bien, las manifestaciones denunciadas pueden resultar incómodas o molestas para la quejosa, no se advierte que excedan el umbral característico del debate público cuando se tratan temas de interés general.

Ahora, como parte del deber legal que este órgano jurisdiccional tiene sobre no fragmentar los hechos cuando se denuncie VPG y, por el contrario, realizar un análisis integral y conjunto; al valorar la totalidad de manifestaciones y el contenido completo de los eventos mediante los cuales se realizaron las expresiones denunciadas, se advierte que, de manera contextual, tampoco implican algún tipo de violencia en perjuicio de la denunciante.

Ello, porque, como se dijo, no se trató de señalamientos realizados de manera espontánea y tendentes a atentar contra la integridad y dignidad de la quejosa; sino que, por el contrario, se advierte que se trata de declaraciones que tuvieron como origen un momento de desavenencia surgido con motivo de la discusión y aprobación de la reforma electoral; las cuales, si bien fueron realizadas en distintas fechas y momentos, es el caso que, en su conjunto, tampoco logran acreditar una posible campaña de desprestigio a la imagen pública de la denunciante, puesto que reflejan, únicamente, un posicionamiento personal de parte del denunciado.

Con base en lo anterior, se considera que las manifestaciones son neutrales e implican una crítica severa relacionada con el cargo de la denunciante, en cuanto integrante del movimiento político, más no con su género; las cuales están amparadas por la libertad de expresión, al tratarse de la opinión personal del denunciado y, en consecuencia, no actualizan la constitución de ningún tipo de violencia.

  1. Tiene como finalidad o consecuencia limitar, reducir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales:

No, conforme a lo señalado a continuación.

Atendiendo a las conclusiones generadas con el análisis integral y pormenorizado del contenido de las manifestaciones denunciadas, no se acredita el objeto o resultado de menoscabar o anular los derechos político-electorales de la denunciante, porque como ya se mencionó no se observa alguna manifestación o comentario que esté basado en estereotipos de género que le nieguen su capacidad para ejercer el cargo de representación popular que ostenta, que estén dirigidos en contra de su condición de mujer o que tengan como finalidad impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales desde una perspectiva de género, aunado a que no se hizo referencia a la denunciante de manera despectiva y, en algunas, se trató de señalamientos relacionados con el movimiento político que encabeza y no propiamente a ella.

En este sentido, se considera que parte de las manifestaciones realizadas en las publicaciones denunciadas se dirigen al movimiento político del que forma parte la denunciante y, aquellas que se dirigen a ella, configuran una crítica severa que forma parte del debate público y que está amparado bajo la libertad de expresión, al tratarse únicamente de la exteriorización de un punto de vista en torno a una servidora pública.

Lo anterior, porque las sentencias o determinaciones judiciales no deben inhibir injustificadamente la discusión vinculada con la actuación de quien ejerce un cargo público, pues se trata de un ejercicio válido de la libertad de expresión que también debe ser protegido y que, como se dijo, en el caso no tuvo por objeto descalificar las capacidades o cualidades de la denunciante para ejercer el cargo público que ostenta, o bien, cualquier aspiración política diversa que pudiera tener.

Pues, se insiste, las personas públicas deben soportar un mayor grado o umbral de tolerancia respecto a las críticas de su función o de temas de relevancia pública, ya que uno de los principios que rigen el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática es salvaguardar el escrutinio de las funciones públicas por parte de la sociedad[73].

De ahí que, considerando que en autos no obran elementos que permitan advertir que a partir de las manifestaciones realizadas, la denunciante tuvo una afectación que impactara en su labor representativa, o bien, que se le negara ejercer alguna de sus funciones encomendadas, en cuanto edil del Ayuntamiento, es que no se acredita un efecto concreto que haya afectado el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de esta. 

  1. Está basada en elementos de género

No, conforme a los razonamientos siguientes.

De la lectura de los señalamientos dirigidos a la quejosa no se observa que se pretenda negar o menoscabar sus derechos y capacidades por su calidad de mujer, ya que no se advierten expresiones o frases que sean despectivas, utilizadas de manera exclusiva para referirse al género femenino o denostativas para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Es así, pues los mensajes no contienen elementos discriminatorios, ni se utilizan estereotipos de género que tengan como objetivo invisibilizar, estigmatizar o demeritar a la denunciante por el hecho de ser mujer, ni que tenga por objeto impactar negativamente al colectivo de mujeres, reproducir o incitar la dominación, desigualdad y discriminación de estas.

Asimismo, las manifestaciones no tuvieron un impacto diferenciado en la esfera jurídica de la quejosa, pues no se advierte que las expresiones utilizadas hubieran generado un efecto distinto si se tratara de servidores públicos hombres, de tal manera que se advirtiera una afectación desproporcionada hacia las mujeres.

En tal sentido, este Tribunal determina que las expresiones denunciadas no configuran VPG porque no trascendieron y tampoco afectaron el derecho a la libre participación política de una mujer, a partir de elementos de género con un impacto diferenciado, esto es, no hay carga simbólica, verbal o psicológica de género que perjudique a la denunciante. Además, tampoco logra acreditarse que, vistas de manera integral, constituyan la campaña sistemática de desprestigio señalada, puesto que al analizarlas en su conjunto, no se advierte una referencia implícita que contenga elementos suficientes para causar un menoscabo a los derechos político-electorales de la quejosa, o bien, una afectación relacionada con su condición de mujer.

En consecuencia, al no colmarse los elementos necesarios, se determina la inexistencia de VPG, atribuida al denunciado.

VI. Vista

Con base en el análisis realizado en el apartado de inviolabilidad parlamentaria, en el que se concluyó que las manifestaciones denunciadas como VPG realizadas en la rueda de prensa de veinticuatro de junio estaban amparadas por dicho principio; se ordena dar vista al resto de personas integrantes de la Mesa Directiva del Congreso con copia certificada de la sentencia, del escrito presentado el veintiséis de junio[74], así como del acta IEM-OFI-472/2026[75], para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los procedimientos internos aplicables, determinen lo que en derecho corresponda.

VII. Medidas cautelares

En congruencia con lo resuelto, se revocan las medidas cautelares de siete de septiembre, decretadas por el IEM en favor de la denunciante; las cuales fueron emitidas en cumplimiento a lo determinado por este Tribunal dentro del recurso de apelación TEEM-RAP-011/2026 y acumulados[76].

VIII. Protección de datos

En atención a la naturaleza del asunto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos y a la Unidad de Transparencia, ambas de este Tribunal para que, en el ámbito de sus facultades, realicen la versión pública de la presente sentencia.

Lo anterior, en términos de los artículos 6º, apartado A, fracciones II y VIII, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 y 63, fracción II del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, en relación con los diversos 5 al 15 de los Lineamientos para la elaboración y publicación de versiones públicas de las sentencias emitidas por este Tribunal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

IX. Resolutivos

Primero. Se declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Baltazar Gaona García, Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. Se ordena dar vista al resto de personas integrantes de la Mesa Directiva, para los efectos precisados.

Tercero. Se revocan las medidas cautelares decretadas.

Cuarto. Se ordena la elaboración de la versión pública de esta sentencia.

Notifíquese: personalmente, a la quejosa, denunciado y personas titulares del medio “[No.68]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220] y “[No.69]_ELIMINADO_Nombre_de_página_y/o_medio_de_comunicación_[220]” -conforme a los domicilios señalados que obran en autos-; por oficio, y de manera individual, al resto de personas integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y al Instituto Electoral de Michoacán; y por estrados, a las demás personas interesadas, de conformidad con los artículos 37, fracciones I, II y III, 38 y 39 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo; 137, 139, 140 y 142 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado.

Realizadas las notificaciones, agréguense a los autos para que obren como corresponda.

Así, en sesión pública celebrada el día de hoy, a las trece horas con treinta y seis minutos, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistraturas Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, la Magistrada Presidenta Amelí Gissel Navarro Lepe, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos, así como los Magistrados Adrián Hernández Pinedo -quien fue ponente- y Eric López Villaseñor, ante el Secretario General de Acuerdos, Víctor Hugo Arroyo Sandoval, quien autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADA PRESIDENTA

AMELÍ GISSEL NAVARRO LEPE

MAGISTRADA

YURISHA ANDRADE MORALES

MAGISTRADA

ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS

MAGISTRADO

ADRIÁN HERNÁNDEZ PINEDO

MAGISTRADO

ERIC LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

VÍCTOR HUGO ARROYO SANDOVAL

El suscrito Víctor Hugo Arroyo Sandoval, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 69, fracción VII, del Código Electoral del Estado y 66, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, hago constar que las firmas electrónicas que obran en el presente documento corresponden a la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, en sesión pública celebrada el uno de octubre de dos mil veintiséis, dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave TEEM-PES-VPMG-017/2026, documento que consta de treinta y tres páginas, incluida la presente; mismo que se firma de manera electrónica. Doy fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el numeral tercero y cuarto del ACUERDO DEL PLENO POR EL QUE SE IMPLEMENTA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE SE DICTEN CON MOTIVO DEL TRÁMITE, TURNO, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO EN LOS ACUERDOS, LAS GESTIONES Y DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

*LTAIPEMO. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

*LPDPPSOEMO. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

*LGMCDIEVP. Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

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La presente versión pública fue aprobada por el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado, en su Décima Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintiséis

  1. Las fechas que se citen corresponden al dos mil veintiséis, salvo señalamiento expreso. ↑

  2. Expediente TEEM-JDC-061/2026 -fojas 13 a 29 del expediente principal-. ↑

  3. Fojas 39 a 41 del expediente principal. ↑

  4. Fojas 92 a 94 del expediente principal. ↑

  5. Fojas 99 a 101 del expediente principal. ↑

  6. Fojas 66 a 67 del expediente principal. ↑

  7. Fojas 104 y 105 del expediente principal. ↑

  8. Foja 240 del expediente principal ↑

  9. Fojas 367 a 396 del expediente principal. Dichas medidas fueron revocadas dentro del TEEM-RAP-011/2026 y acumulados; por lo que, mediante acuerdo de siete de septiembre se dictaron nuevas. ↑

  10. Fojas 447 a 461 del expediente principal ↑

  11. Fojas 465 a 473 del expediente principal ↑

  12. Fojas 2 a 9 del expediente principal. ↑

  13. Fojas 513 y 514 del expediente principal. ↑

  14. Fojas 515 a 516 del expediente principal. ↑

  15. Foja 530 del expediente principal. ↑

  16. ST-JDC-66/2026. ↑

  17. Fojas 13 a 29, 50 a 55 y 92 a 94 del expediente principal. ↑

  18. Fojas 486 a 502 del expediente principal. ↑

  19. Fojas 32 y 33 del Tomo de Pruebas I. ↑

  20. Foja 300 del expediente principal. ↑

  21. Fojas 293 a 296 del expediente principal. ↑

  22. Fojas 302 a 303 del expediente principal. ↑

  23. Foja 365 del expediente principal. ↑

  24. IEM-OFI-469/2026; fojas de la 132 a la 148 del expediente principal. ↑

  25. Ídem. ↑

  26. Ídem. ↑

  27. IEM-OFI-472/2026; fojas 149 a 161 del expediente principal. ↑

  28. Ídem. ↑

  29. Ídem. ↑

  30. IEM-OFI-479/2026; fojas 108 a 119 del expediente principal. ↑

  31. Ídem. ↑

  32. Tesis 1a. XXVIII/2000, emitida por la Primera Sala de la SCJN, bajo el rubro: INMUNIDAD PARLAMENTARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE ORDEN PÚBLICO INDISPONIBLE PARA EL LEGISLADOR, QUE DEBE INVOCARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR. ↑

  33. Tesis: 1a. XXX/2000 con rubro: INMUNIDAD LEGISLATIVA. OBJETO Y ALCANCES DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ↑

  34. Tesis P. I/2011, de rubro: INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. SÓLO PROTEGE LAS OPINIONES EMITIDAS POR LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN PARLAMENTARIA. ↑

  35. SUP-REP-72/2022, SUP-REP-252/2022 y SUP-REP-298/2022 y acumulado. ↑

  36. SUP-JE-53/2022 y SUP-REP-1138/2024. ↑

  37. Con la precisión previa que se realizó, respecto al contenido duplicado en dos enlaces. ↑

  38. Juicio de la ciudadanía que dio origen a este PES. ↑

  39. Fojas 44 a 50 del Tomo de Pruebas I. ↑

  40. Fojas 70 a 76 del Tomo de Pruebas I. ↑

  41. SUP-RAP-20/2021 y acumulado. ↑

  42. Lo que se cita como un hecho notorio, en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral. ↑

  43. Documento publicado en la página oficial del Congreso, consultable en el enlace electrónico https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/06/00-PROYECTO-ORDEN-DEL-DIA-SESION-EXTRAORDINARIA-DEL-DIA-MIERCOLES-10-DE-JUNIO-DE-2026-FINAL.pdf

    Lo que igualmente se cita como un hecho notorio, en términos del artículo citado en la nota anterior; asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 74/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO; y, la diversa tesis I.3o.C.35 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. ↑

  44. Tal como se desprende de las actas levantadas para tal efecto -IEM-OFI-479/2026, IEM-OFI-469/2026 e IEM-OFI-472/2026-; así como de las realizadas por la ponencia instructora, el dieciocho y veintidós de junio. ↑

  45. Artículos 20 Bis y 20, fracciones XII y XVI. ↑

  46. Jurisprudencia 21/2018, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO. ↑

  47. Jurisprudencia 14/2024, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, ACOSO LABORAL O SEXUAL. ESTÁNDAR DE DEBIDA DILIGENCIA PARA INVESTIGAR Y ANALIZAR LOS HECHOS PRESENTADOS, ASÍ COMO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  ↑

  48. Jurisprudencia 24/2024, emitida por la Sala Superior, bajo el rubro: VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. DEBE ANALIZARSE DE MANERA INTEGRAL Y CONTEXTUAL SIN FRAGMENTAR LOS HECHOS. ↑

  49. Jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  ↑

  50. Contenido que se hizo constar en las actas de verificación levantadas por la ponencia instructora, el dieciocho y veintidós de junio en el TEEM-JDC-061/2026; expediente del cual derivó el presente PES. Asimismo, se advierte que el contenido del acta destacada fuera de protocolo que ofreció como prueba el denunciado guarda identidad con el desahogado en la referida acta de veintidós de junio. ↑

  51. Emitida por la Sala Superior, bajo el rubro: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL LENGUAJE. METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS. ↑

  52. Lo que se cita como un hecho notorio, en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral. ↑

  53. Respuesta emitida al cuestionamiento del entrevistador: ¿Cree que se estén beneficiando de eso? ↑

  54. https://dle.rae.es/capacitar ↑

  55. https://dle.rae.es/hecho?m=form ↑

  56. https://dle.rae.es/lamentable?m=form ↑

  57. https://www.asale.org/damer/tirar ↑

  58. https://dle.rae.es/v%C3%ADctima ↑

  59. https://dle.rae.es/apapacho?m=form ↑

  60. https://dle.rae.es/visita%20?m=form  ↑

  61. https://dle.rae.es/visitar#bvVGArs   ↑

  62. https://dle.rae.es/grato  ↑

  63. https://www.asale.org/damer/aviador ↑

  64. https://dle.rae.es/violento ↑

  65. https://dle.rae.es/mentir?m=form ↑

  66. https://dle.rae.es/grupo?m=form ↑

  67. https://dle.rae.es/criminal?m=form ↑

  68. https://dpej.rae.es/lema/grupo-criminal ↑

  69. https://dle.rae.es/patr%C3%B3n#sinonimosSBler1T ↑

  70. Criterio emitido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-278/2021 y SUP-JDC-383/2017. ↑

  71. Jurisprudencia 11/2008 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO, y la tesis: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. QUIENES ASPIRAN A UN CARGO PÚBLICO DEBEN CONSIDERARSE COMO PERSONAS PÚBLICAS Y, EN CONSECUENCIA, SOPORTAR UN MAYOR NIVEL DE INTROMISIÓN EN SU VIDA PRIVADA. ↑

  72. Criterio emitido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC-383/2017. ↑

  73. Al respecto, resulta relevante el criterio de la Primera Sala de la SCJN expresado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.) con rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA, así como la jurisprudencia 46/2016 de la Sala Superior con rubro: PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. ↑

  74. Fojas 50 a 55 del expediente principal. ↑

  75. Fojas 149 a 161 del expediente principal. ↑

  76. Lo que se invoca como un hecho notorio, en términos del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral. ↑

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Categories: PES
TEEM - Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
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