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DESAFÍOS PARA UN GOBIERNO ABIERTO DE COALICIÓN

Actualizado a Agosto de 2017

La instauración de un gobierno de coalición como facultad exclusiva del Presidente de la República, para hacer al inicio de su mandato o durante éste, establecido como lo prevé la Constitución Federal en sus artículos 76 fracción II y 89 fracción XVII, que entrarán en vigor en diciembre de 2108, además de los requisitos que se establecen por un convenio, un programa de gobierno y la aprobación por la Cámara de Senadores, con la integración de los miembros de un gabinete por uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, debe someterse a los principios  del gobierno abierto.

De esta forma dio inicio a su conferencia el Doctor José René Olivos Campos, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el “Congreso Nacional sobre Gobierno y Coalición Derivado de la Política Electoral de 2014” en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Magistrado continuó su exposición y señaló que el gobierno de coalición debe sujetarse a los principios de un gobierno abierto, tales como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, ya que éste se ha fijado en la Alianza para el Gobierno Abierto de 2011 que el Estado Mexicano ha suscrito, el cual ha tenido avances en la aplicación de estos principios, a través de diversas disposiciones federales e instituciones creadas para tal efecto.

En tal tesitura, destacó, el gobierno de coalición debe considerar en su ley reglamentaria de los preceptos constitucionales antes señalados, que apruebe el Congreso de la Unión en su momento dichos principios, en tanto que, dicho gobierno es de naturaleza pública y debe estar sometido al escrutinio y los recursos que se destinen para tal efecto, así como el programa que se apruebe y el convenio que celebre el Presidente de la República y partidos políticos que se coaliguen en ese paradigma gubernamental.

Para concluir, Olivos Campos subrayó que si bien el gobierno de coalición presidencial se constituiría en un órgano colegiado para gobernar, esto no significaría que se acabaría la corrupción y la impunidad; que no tendrían obligaciones y responsabilidades los servidores públicos; que habría de dejar de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos con respecto al anterior de sus representantes; de  aquí la relevancia de que el gobierno de coalición sea un gobierno abierto, para lograr los cometidos públicos basados en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.